El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, expresó sus felicitaciones a Lula da Silva y a todo el pueblo brasileño tras la victoria que logró Lula hoy domingo ante su contrincante Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del vecino país.
“Felicidades al pueblo brasilero y a @LulaOficial por la elección de hoy. Si Dios lo permite trabajaremos juntos para fortalecer lazos entre nuestras naciones”, escribió el precandidato de Honor Colorado en su cuenta oficial de Twitter. De esta manera Peña se muestra plenamente confiado que saldrá victorioso el 18 de diciembre en las internas partidarias y posteriormente en las elecciones generales en abril de 2023.
Cabe destacar que en todas las encuestas manejadas por varias consultoras Santiago Peña se encuentra por encima de su contrincante Arnoldo Wiens, del partido oficialista Fuerza Republicana, como también sobre los demás candidatos a ocupar el sillón de los López.
Resultado en Brasil
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, logró posicionarse con una mínima ventaja ante su adversario el ultraderechista Jair Bolsonaro, y de esta manera se preparará para asumir de nuevo la presidencia del Brasil el próximo 1 de enero.
Ambos candidatos luchaban codo a codo por instalarse nuevamente en el poder en medio de campañas políticas polarizadas y violentas. De acuerdo a los conteos, con el 99,3% de las mesas escrutadas, Lula logró un total de 50,85% de los votos, mientras que Bolsonaro obtuvo el 49,15% de votos.
No está demás recordar que Lula retornó a la arena política el pasado año, luego de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. El dirigente de izquierda había estado preso 19 meses, salpicado especialmente por el escándalo “Lava Jato” sobre una red de sobornos en la estatal Petrobras.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
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Nueva plataforma busca agilizar la llegada de inversiones brasileñas al país
La instalación de empresas brasileñas en Paraguay podría resultar más sencilla a partir de una nueva herramienta de acompañamiento financiero y empresarial, presentada durante la Paraguay Business Week, con el propósito de reducir las dificultades que enfrentan los inversionistas al ingresar al mercado local.
La iniciativa, denominada Brazilian Desk, apunta a facilitar los trámites y las operaciones financieras de personas y compañías interesadas en establecerse en el país, mediante una estructura especializada que conecta los servicios bancarios de ambos mercados.
Federico Arana, director de Banca Mayorista de la entidad financiera, explicó que la propuesta responde al creciente interés de ciudadanos y empresas brasileñas en abrir cuentas, acceder a créditos y desarrollar proyectos de inversión en Paraguay. Señaló que por la presencia regional de la institución bancaria, reciben consultas de manera recurrente sobre las condiciones para comenzar a operar en el mercado paraguayo.
El servicio contempla desde la apertura de cuentas de ahorro y el acceso a financiamiento hasta el acompañamiento de proyectos empresariales y operaciones vinculadas al mercado de capitales. Además, no está restringido a quienes ya mantienen una relación comercial en Brasil, sino que también está disponible para nuevos interesados.
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Al respecto, el viceministro de Rediex, Eduardo Gustale, valoró la puesta en marcha de esta herramienta y destacó su contribución a la atracción de capital brasileño. Recordó que Brasil es el principal socio comercial de Paraguay y que existe un interés creciente de empresarios de ese país por identificar oportunidades de negocios e instalarse localmente.
Gustale sostuvo que contar con mecanismos de acompañamiento permite reducir las barreras iniciales para ingresar a un nuevo mercado, especialmente para las compañías que proyectan instalar plantas industriales, ampliar sus operaciones o desarrollar nuevos emprendimientos.
La propuesta también apunta a fortalecer la articulación entre el sector público y privado para facilitar la llegada de nuevos capitales. En ese sentido, el viceministro destacó la importancia de este tipo de alianzas para mejorar las condiciones de inversión y profundizar la integración económica entre Paraguay y Brasil.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto en su equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.
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