En la Cámara de Diputados se planteó un proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de adicciones, con el objetivo de brindar un abordaje integral a la problemática por el término de tres años. Los ejes de trabajo de la propuesta legislativa contemplan la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de todas aquellas personas que se encuentran afectadas por el consumo de las drogas.

Los diputados Tito Ibarrola y Carlos Rejala son los proyectistas del planteamiento legislativo. Se explicó que para el desarrollo del proyecto se instituye como órganos de ejecución al Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional Antidrogas, para que elaboren, pongan en vigencia e implementen acciones destinadas a hacer frente a la emergencia en materia de adicciones.

También se involucra al Ministerio de Justicia sobre los programas o proyectos existentes de prevención, rehabilitación y reinserción social en las penitenciarías del país. En cuanto al Ministerio de Educación y Ciencias, su rol está relacionado con la elaboración de programas, proyectos, guías, protocolos, etc., de prevención ejecutados a nivel nacional en las dependencias educacionales del país.

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Bases del proyecto

Dentro de la exposición de motivos para la aprobación del proyecto, se alega que el problema de las adicciones genera diversas consecuencias en el plano personal, familiar, laboral, educativo y social, debido a sus efectos físico-psicológicos, además de atentar contra las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Por tal motivo, se resalta la importancia de brindar un acompañamiento sistemático e interinstitucional a un problema que termina por afectar de manera indirecta a todos.

“La entrada en vigencia de esta herramienta legal es necesaria, considerando el avance incontenible del número de personas que caen en las adicciones y, por sobre todo, los efectos negativos que generan a quienes las consumen”, dice parte de la exposición de motivos.

En cuanto a los proyectistas, consideran que el abordaje implementado hasta el momento es más punitivo antes que clínico, lo cual se refleja en la falta de respuestas oportunas, considerando que se cuenta solamente con un centro de adicciones para la desintoxicación.

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