Fiscales se pronuncian contra presunta injerencia del Senado en procesos penales
Compartir en redes
A través de una movilización realizada este miércoles pasado, un grupo de fiscales y funcionarios de Fiscalía manifestó su rechazo hacia la posible injerencia del Senado en causas penales abiertas. La protesta fue motivada esencialmente por la acusación enviada contra seis agentes del Ministerio Público en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras una resolución hecha en el Senado.
Los fiscales manifestaron reconocer que la Cámara Alta cuenta con las atribuciones correspondientes para presentar una denuncia correspondiente ante el JEM, como había señalado la senadora Desirée Masi al argumentar a favor de su denuncia, pero destacaron que se observa un amedrentamiento de la Cámara Alta, que busca tener injerencia sobre causas penales abiertas.
“Sabemos que la ley le faculta al Senado a acusar ante el JEM, eso no se discute, pero lo grave acá es que al parecer quieren direccionar algunas investigaciones del Ministerio Público. Esto porque las causas por las cuales fueron acusados seis fiscales están abiertas. Eso es lo grave y no podemos permitir, vamos a manifestarnos y si es necesario marchar”, manifestó el cuerpo fiscal durante la exposición de su rechazo.
De la misma manera, puntualizaron que hay senadores que quieren dictar las pautas de cómo seguir una investigación dentro de las causas abiertas contra los fiscales. Los agentes del Ministerio Público denunciados ante el JEM son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Alicia Sapriza, Federico Delfino, Lorenzo Lezcano y Francisco Cabrera, por lo que sostienen que los mismos están siendo víctimas de un amedrentamiento a través de la acusación ante el JEM.
También desde el Ministerio Público expresaron que la institución forma parte del Poder Judicial y que la independencia de este poder el Estado está garantizada en la Constitución. “La injerencia que quieren tener en procesos abiertos atenta contra el equilibrio de poderes y la independencia, en este caso de los agentes que tienen a su cargo causas emblemáticas”, expresaron los agentes fiscales.
Dentro de la manifestación contra el amedrentamiento denunciado, se aprovechó para realizar otra protesta contra el veto del Ejecutivo a la ampliación presupuestaria para la Fiscalía. Los agentes fiscales expresaron que cuentan con diversas necesidades institucionales y logísticas que podrían mejorarse a través de una ampliación presupuestaria, beneficiando también la labor de los funcionarios del Ministerio Público.
Así, desde el Ministerio Público criticaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por vetar la ampliación presupuestaria a la Fiscalía. “Por un lado exigen más resultados en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, etc.; pero por otro no dan la ampliación del presupuesto”, agregaron.
Denunciaron que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales. . Foto: Gentileza
Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
Compartir en redes
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
Compartir en redes
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
La Comisión de Legislación del Senado instaló una mesa de trabajo para analizar la forma de agilizar pagos de liquidaciones a trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank. Foto: Gentileza
Senado busca dar celeridad al pago de liquidaciones a afectados de Ueno Bank
Compartir en redes
La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank S.A.
Se instaló una mesa de trabajo para analizar la situación laboral y buscar mecanismos que permitan garantizar el cobro de sus haberes y las liquidaciones correspondientes.
El presidente de la citada comisión asesora, Derlis Maidana, adelantó que se aguarda la presentación de un proyecto de ley que permita atender la problemática y brindar respuestas concretas a los trabajadores afectados.
Dijo que el próximo lunes se podría analizar la propuesta y avanzar con celeridad en su estudio y tratamiento en plenaria del Senado. La intención es que la iniciativa obtenga media sanción y pueda ser tratada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del próximo martes.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, abogó por la celeridad en el tratamiento del citado proyecto de ley. Indicó que la institución ya trabaja en una propuesta para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
“Vamos a aplicar los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen justamente estos créditos privilegiados ante cualquier situación que se pueda presentar”, significó.
Detalló que existen 41 empresas vinculadas al caso y anunció que se gestionará una extensión de la cobertura del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados. También informó que se trabajará en la determinación de los montos correspondientes a las liquidaciones individuales.
El JEM define si enjuicia y suspende a jueces de Sentencia de Central
Compartir en redes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará este jueves si inicia el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. Los magistrados fueron acusados por mal desempeño en sus funciones por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
Los integrantes del JEM dieron a conocer el orden del día y en él figura el tratamiento de la acusación por supuestas graves irregularidades cometidas por los jueces. Los miembros del órgano juzgador —Alicia Pucheta, César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, definir si enjuician a los magistrados mencionados y decidir si piden la suspensión de los mismos.
La acusación, que ya fue admitida semanas atrás por el órgano juzgador, refiere que los citados jueces desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente, otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario durante 8 años y 4 meses, y fue privado de libertad durante 4 meses y 11 días hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.