El precandidato a diputado y especialista en seguridad social Pedro Halley Merlo advirtió una vez más del riesgo de usar los fondos jubilatorios para saldar la cuenta contraída con proveedores. Foto: Christian Meza.
Pedro Halley exige que proyecto Samaniego sea socializado en audiencia pública para medir impacto
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El precandidato a diputado y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley Merlo pidió que se realice una auditoría y una audiencia pública antes de que se trate en plenaria el proyecto de ley que busca usar los fondos jubilatorios para pagar la millonaria deuda a los proveedores de medicamentos.
“Pedimos una realización de una audiencia pública con respecto al proyecto del diputado Samaniego con el cual se arriesga los fondos jubilatorios”, dijo Halley Merlo en contacto telefónico con la 680 AM. De prosperar en la Cámara Baja, el especialista en seguridad social insistió en que el proyecto sea socializado en el marco de una convocatoria pública, en la que se someta a discusión de los representantes de diferentes sectores y se pueda alertar del impacto para las finanzas del instituto.
“En el caso de que se apruebe, antes de que se trate en Senadores pedimos la realización de la audiencia”, remarcó. Así también, reiteró que “el proyecto del diputado Arnaldo Samaniego no es la solución al fondo de salud del IPS”.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, es cupo político de la familia Samaniego, a la que se mantiene funcional y siguiendo todas sus directivas. Foto: Gentileza.
El precandidato a diputado aseguró que por el contrario va a agravar la situación del ente previsional que está sumido en deudas generadas por la cuestionada gestión del presidente del Consejo de Administración, Vicente Bataglia, quien ocupa el cargo como parte de un cupo político justamente de la familia Samaniego, a la que se mantiene funcional y cumpliendo todas las directivas de este clan.
Una vez más Halley advirtió que “no hay que arriesgar los fondos de pensiones del IPS” para saldar cuentas del área de salud. “En la pandemia el IPS atendió a 7 de cada 10 pacientes que no eran asegurados y eso complicó la situación”, afirmó. Cuestionó además que “el IPS en salud sigue gastando en servicios que no cuestan muy caros”.
Manifestación
La resistencia al proyecto Samaniego es tal que moviliza incluso a los jubilados ante el riesgo de que se pierdan todos los fondos destinados al pago de los haberes. La protesta se realiza en las inmediaciones del Congreso Nacional y es liderada por el sindicalista Eduardo Ojeda, dirigente de la Corriente Sindical Clasista. Cuestionan además que se estén gastando sumas siderales en la tercerización de servicios del IPS, lo cual genera también una millonaria erogación económica para el ente.
Así también, se manifestó en contra del proyecto Samaniego la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), quien tildó de “pererî” la citada iniciativa legislativa impulsada por su colega colorado oficialista Arnaldo Samaniego. La parlamentaria también expresó sus dudas de que la deuda acumulada sea tal o sea parte de una maniobra política para echar mano al dinero de los jubilados en plena etapa electoral.
“Queremos saber si existe o no esa deuda que dicen del IPS. ¿Justo en un año electoral el clan Samaniego se preocupa por las deudas de IPS?”, fustigó la congresista. El citado proyecto de ley busca autorizar al consejo del IPS a un crédito de US$ 233 millones para sostener programas del área de salud, conforme alega el proyectista.
Diputados tratará 16 puntos en el orden del día, entre ellos la creación del seguro de desempleo
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La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.
La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.
Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.
Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.
Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Con la aprobación del pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará adelante el trabajo de fiscalización que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exministro y doctor en ciencias contables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la libertad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una respuesta de si acepta. El expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empresas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que analizará previamente para dar una respuesta.
“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisiones me tomó muy de sorpresa. Siempre que sea técnico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insinuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.