El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.

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De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.

Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.

Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.

Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.

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El pasado 28 de julio el Poder Ejecutivo vía Decreto N.º 4309, oficializó la ampliación presupuestaria para el Congreso Nacional por un monto total de G. 4.280 millones. Estos fondos serán destinados a compra de equipos de transporte para logística, refacción y restauración de edificios considerados históricos, así como la construcción de un monumento homenaje a los “Héroes del Chaco”, en el marco de la conmemoración de los 90 años de la Paz del Chaco.

Al respecto, el ingeniero Sebastián Romero, coordinador de Mantenimiento del Congreso Nacional, explicó que dichos fondos serán destinados a obras de infraestructuras así como la recuperación de sitios históricos del Paraguay, a cargo de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, la cual actualmente está siendo presidido por el senador Colyn Soroka.

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Mencionó que el monto incluye varias obras de infraestructura dentro del Congreso, así como de los edificios que dependen del Legislativo, tales como el Centro Cultural El Cabildo, la Biblioteca y Centro de Documentación.

“El Cabildo está en una fase de refacciones, y al tratarse de un edificio antiguo, y con valor de patrimonio histórico del Paraguay, ahora está abocado a recuperar todo lo que es su infraestructura, hacer obras de mantenimientos y refacciones”, precisó.

Mencionó que el proyecto incluye la refacción de las Casas del Bicentenario. En el marco del Bicentenario del Paraguay, se había recuperado cierto número de casas con valor histórico; donde ahora el Centro Cultural El Cabildo está abocado en la elaboración de un plan o protocolo de intervención de esos sitios para llevar a cabo un mantenimiento integral.

La Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico está trabajando en un proyecto de construcción de un monumento que se está pensando construir en la zona del nuevo puente Paz del Chaco. Además, se busca trabajar en diferentes sitios históricos del Chaco, según explicó el ingeniero Romero.

Se están haciendo las evaluaciones de tinte histórico a fin de darle el realce que merecen esos sitios y recuperar su valor histórico.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez señaló que la propuestas viene de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, que en su momento estuvo presidido por el exsenador Arnoldo Wiens, quien llevó igualmente varios otras obras de construcción.

“Estamos cumpliendo 90 años de la Paz del Chaco, entonces estamos recibiendo la propuesta de esta comisión nacional que está presidido por el colega Colyn Soroka; y el ministerio de Economía y Finanza le ha dado esa posibilidad de llevar adelante esa obra”, precisó.

El encargado de mantenimiento del Congreso, informó que continúa los trabajos de reparación de las cabinas de ascensores de la sede legislativa. Esta semana se prevee su habilitación 100 %, aunque por ahora, se habilita de forma parcial, ya que se están llevando a cabo las pruebas de funcionamiento.

Dentro la ampliación presupuestaria a demás de contemplar varias obras de infraestructura, también contempla la adquisición de equipamientos, así como transporte para el área de logística del Congreso.

“Es una ampliación para obras de mejora para todo lo que compete al Congreso Nacional. No es solo monumento. Aquí estamos en fase de dar una mejora integral al edificio, incluso mejorar la zona de trabajo de los periodistas, así como su sala de prensa”, acotó.

En el anexo oficial del Decreto N.º 4309/2025 se detalla la distribución de los fondos de la siguiente forma:

Monto Total: G. 4.280 millones.

• G. 650 millones para equipos de transporte.
• G. 1.880 millones para refacción y fiscalización del nuevo bloque del Centro Cultural de la República “El Cabildo”.
• G. 1.750 millones para “otras inversiones”, rubro en el que se estima se incluye la obra del obelisco.

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La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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