La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados, tratará a las 10:30 de este lunes 10 de octubre, el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 332 de la ley N° 834/1996 que establece el Código Electoral Paraguayo”, a través del cual se prevía aplicar sanciones a quienes a quienes no voten en las elecciones, conocido como “muerte civil”.
El veto ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, y ahora Diputados deberán expresar su postura ante la decisión del Ejecutivo, que emitió su postura el pasado 5 de agosto, argumentando que ante la cercanía de las elecciones generales no contribuye a generar fiabilidad en las reglas de juego para el elector. La decisión tomada por el Ejecutivo ocasionó que el proyecto retorne a instancias del Legislativo, y la Cámara Alta, con 29 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo.
El veto ya fue objeto por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que encabeza la diputada Rocío Vallejo, quien expresó que abogarán por la aprobación del veto. “Se trata del proyecto que imponía sanciones a los que no votan. Se ha dictaminado por aceptar el veto, pues esto ya viene con una aceptación por parte de la Cámara de Senadores”, expresó la legisladora días atrás.
El proyecto se hizo conocido como “ley de muerte civil” y buscaba modificar el Código Electoral aplicando multas y sanciones a las personas que no vayan a votar en las elecciones próximas. La mencionada ley, aprobada por ambas cámaras del Congreso, determinaba una multa de G. 40.000, aproximadamente, que equivale a medio jornal mínimo, para las personas que no hayan cumplido con la obligación de sufragar.
Si no llegaba a efectuarse el pago, el proyecto de ley hablaba de impedir al ciudadano la posibilidad de realizar trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), así como retirar su pasaporte y antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. También se impedía hacer trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General de Catastros, la Dirección General de Registros del Automotor, al igual que ante las municipalidades y gobernaciones, aparte de suspenderse los beneficios de la ley de regulación de transferencias monetarias condicionadas.
El proyectista de esta propuesta fue el senador Enrique Riera, quien manifestó que la intención era ampliar la participación ciudadana en las elecciones. “El voto es un derecho, pero también una obligación, en la ley electoral no está establecido el monto de la multa ni quién es el responsable; o sea, falta la norma operativa, esta ley resuelve este problema”, fueron las palabras del legislador en defensa de su proyecto, y además aclaró que el objetivo final era incentivar a la ciudadanía a votar y no así la de castigar, dado que el monto de la multa no era alta.