Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El presidente Santiago Peña envió a su jefe de Gabinete a dialogar con productores de caña.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, ordenó ayer a su jefe de Gabinete, el ministro Javier Giménez, dirigirse a la ciudad de Mau­ricio José Troche, departa­mento del Guairá, para abrir diálogo con cañicultores que están llevando adelante una medida de fuerza. De esta forma, el gobierno busca des­trabar el conflicto en torno al nuevo tren de molienda de Petropar y garantizar previ­sibilidad al sector productivo.

El ministro Giménez, se tras­ladó hasta la planta de Petró­leos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche, con el objetivo de entablar un diá­logo directo con los produc­tores cañeros y evitar que el conflicto escale.

La decisión presidencial se da en medio de movilizacio­nes impulsadas por cañicul­tores del área de influencia de la planta alcoholera, quienes reclaman una definición res­pecto a la licitación del nuevo tren de molienda, actual­mente paralizada por cues­tiones judiciales.

Para los productores la infraestructura es conside­rada estratégica para ampliar la capacidad de procesa­miento de caña y fortalecer la cadena productiva en la zona.

Los cañicultores se concen­traron este martes, sobre la ruta PY02, a la altura del kiló­metro 150, en el desvío hacia la colonia Blas Garay, donde llegaron en caravana con tractores y camiones. Si bien la protesta se desarrolla sin cierre de ruta en esta primera jornada, advirtieron que las medidas podrían prolongarse si no hay avances concretos.

El presidente del gremio de cañicultores, Cristian Fon­seca, sostuvo que el sec­tor necesita una definición urgente, señalando que el proyecto arrastra años de retrasos debido a disputas judiciales y cuestionamien­tos a procesos anteriores.

El Gobierno de Paraguay suscribió del Acuerdo por Notas Reversales del “Proyecto para el Desarrollo de las Instalaciones relacionadas a la Tecnología Satelital” con el Gobierno de Japón. Este convenio permitirá el desarrollo de infraestructura satelital en Paraguay, la primera en su tipo en el país y en la región.

El acto se desarrolló en el Palacio de López, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador de Japón, Katsumi Itagaki.

Al respecto, el mandatrio recordó la visita histórica del primer ministro del Japón, Fumio Kishida en mayo del 2024, y en esa ocasión, se suscribió el acuerdo marco que sentó las bases de esta colaboración espacial. Mencionó que el año pasado, durante su visita a la exposición universal en Osaka 2025, profundizaron ese entendimiento mutuo y reafirmaron que la ciencia y la tecnología son un eje central de lo que Paraguay y Japón quieren construir juntos.

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“Muchas veces es difícil ver y medir tangiblemente qué se consigue con los viajes. Este acuerdo es resultado tangible de esa visita que hicimos al Japón, donde el Paraguay elevó el nivel de las relaciones, de una relación amistosa a una relación estratégica entre el Paraguay y el Japón. Hoy anunciamos esta inversión que es histórica, son más de 24 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura satelital aquí en Paraguay. La primera en su tipo, no solo para el Paraguay, sino para toda nuestra región”, remarcó Peña.

El mandatario informó además que este proyecto se llevará a cabo con el apoyo de JICA y una financiación no reembolsable (donación) de 3.818 millones de yenes.

Indicó que esto le permitirá al Paraguay construir el Centro de Utilización de Tecnología Espacial en el campus de la Universidad Nacional de Asunción. Señaló que este edificio de cuatro pisos, 3.400 metros cuadrados, que va a albergar los laboratorios SpaceLab y GeoLab, de la Agencia Espacial del Paraguay.

Informó que este centro incluirá estaciones terrenas para la recepción y procesamiento de datos satelitales, que son base de datos de observación de la tierra y programas de capacitación técnica.

“Esto significa información disponible para la gestión de riesgos de desastres. Los últimos meses hemos utilizado mucha de esta información para poder responder de manera mucho más rápida en los incendios forestales, la planificación territorial y el apoyo a la agricultura y la ganadería, sectores que hoy representan el motor de la economía paraguaya”, señaló.

Al respecto, recordó el lanzamiento del Guaraní SAT-1, liberado desde la Estación Espacial Internacional en marzo del 2021. Indicó que fue la primera vez que Paraguay envió un satélite al espacio. “Hoy desarrollamos el Guaraní SAT-2 y con este centro tendremos la infraestructura para probarlo aquí mismo en Paraguay, antes de enviarlo al espacio”, enfatizó.

En otro momento, el mandatario celebró igualmente los 90 años de relación de amistad entre Paraguay y Japón que han construido, a lo largo de casi un siglo de relaciones diplomáticas, un vínculo sólido basado en el respeto, en la cooperación, pero principalmente en la confianza. Destacando que es una nación hermana por la que el Paraguay siente un especial cariño.

“No solo ratificamos la asociación estratégica entre Paraguay y Japón en el área de tecnología satelital, sino también, así como mencionó Rubén, nuestro Canciller, celebramos los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay. Al igual que Japón, que nos acompaña en nuestro desarrollo tecnológico, la comunidad japonesa acompañó e impulsó el desarrollo de nuestra sociedad en estos 90 años de historia, hoy una comunidad nikkei plenamente integrada económica, social y políticamente a la vida paraguaya”, acotó.

Finalmente, el presidente Peña indicó que la relación entre Paraguay y Japón se construyó sobre hechos concretos, cooperación técnica, transferencia de conocimiento, confianza acumulada en más de un siglo de vínculo diplomático y ahora, con este proyecto, no es la excepción.

Indicó que durante doce meses, catorce consultores japoneses de cuatro empresas especializadas trabajaron junto a técnicos paraguayos para diseñar una instalación que responda exactamente a lo que el Paraguay necesita.

“Nuestros jóvenes científicos e ingenieros tendrán en este centro las herramientas para contribuir desde nuestro Paraguay los avances tecnológicos que el mundo necesita. Estoy convencido de que este centro será uno de los activos más importantes que dejaremos a las próximas generaciones de científicos paraguayos”, concluyó.

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El presidente de la República, Santiago Peña ordenó a su jefe de Gabinete, el ministro Javier Giménez, dirigirse a la ciudad de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, para abrir diálogo con cañicultores que están llevando adelante una medida de fuerza. De esta forma, el Gobierno busca destrabar el conflicto en torno al nuevo tren de molienda de Petropar y garantizar previsibilidad al sector productivo.

El ministro Giménez, se trasladó este martes hasta la planta de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche, con el objetivo de entablar un diálogo directo con los productores cañeros y evitar que el conflicto escale.

La decisión presidencial se da en medio de movilizaciones impulsadas por cañicultores del área de influencia de la planta alcoholera, quienes reclaman una definición respecto a la licitación del nuevo tren de molienda, actualmente paralizada por cuestiones judiciales.

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Para los productores la infraestructura es considerada estratégica para ampliar la capacidad de procesamiento de caña y fortalecer la cadena productiva en la zona.

Los cañicultores se concentraron este martes, sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 150, en el desvío hacia la colonia Blas Garay, donde llegaron en caravana con tractores y camiones. Si bien la protesta se desarrolla sin cierre de ruta en esta primera jornada, advirtieron que las medidas podrían prolongarse si no hay avances concretos.

El presidente del gremio de cañicultores, Cristian Fonseca, sostuvo que el sector necesita una definición urgente, señalando que el proyecto arrastra años de retrasos debido a disputas judiciales y cuestionamientos a procesos anteriores.

Desde el Ejecutivo, señalan que el envío del jefe de Gabinete a la zona es interpretado como una señal de voluntad política para abrir una mesa de diálogo, buscar consensos y brindar previsibilidad a los productores, en un contexto donde el Gobierno apunta a fortalecer la producción nacional y acompañar al sector agrícola.

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