Durante un operativo de entrega vigilada realizada hoy viernes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Federico Delfino, se procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Ministerio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinientes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión.

El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que previamente fueron fotocopiados para convalidar el procedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encubierto una supuesta falta administrativa en la institución”, afirmó el fiscal Delfino.

La investigación continua en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía.

El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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La fiscal Carolina Ramírez imputó ayer martes por simulación de hecho punible y estafa a la decoradora Patricia Analí Jara Meza (38), quien fue detenida el lunes, tres días después de reportarse su supuesta desaparición. Durante el fin de semana se formalizaron dos denuncias por estafa en su contra, y ahora más de una decena de presuntas víctimas conformaron un grupo para organizar acciones penales por incumplir con la organización de diversos eventos, cuyos pagos anticipados no fueron reembolsados.

El hermano de la organizadora de eventos denunció su desaparición, hacia las 11:00 horas del viernes 28 de febrero sobre la calle Anselmo Adorno del barrio Loma Barrero de Capiatá, tras recibir un mensaje de WhatsApp en que refería una supuesta situación intimidatoria, indicando que fue llevada contra su voluntad.

“Tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. […] Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más... cualquier cosa me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, fue el texto de la mujer que motivó la denuncia por su supuesta desaparición.

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Sin embargo, tras contactar con sus familiares, la mujer fue localizada el lunes 2 de marzo, al mediodía, en Carapeguá y trasladada a la comisaría 32 Posta Yvycuá de Capiatá, donde quedó a disposición del Ministerio Público, cuya investigación indica que la presunta víctima había retirado unos 5 millones de su cuenta y se alojó en un hotel de Quiindy y luego en otro de Carapeguá.

La fiscal Ramírez refirió a NPY que Patricia Jara se movilizó sola y que habría fingido las amenazas para justificar la cancelación de contratos que debía cumplir el sábado. Al momento en que fue detenida cayó en contradicciones, pero se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. La representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva y este miércoles estaba prevista la imposición de medidas del juzgado.

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Jara se dedicaba a la organización integral de eventos sociales, principalmente fiestas de 15 años y casamientos. Luego de conocerse esta simulación, al menos una veintena de presuntas víctimas denunciaron haber entregado entre 10 y 20 millones de guaraníes por servicios no realizados. El martes, un grupo de estafados realizó un escrache frente a la vivienda de la mujer y en la comisaría donde se encontraba recluida. El abogado Miguel Godoy, representante de los denunciantes, informó que más personas se unirán al grupo conformado.

“Es una estafadora. Nuestra experiencia fue profundamente lamentable. Tras recaudar dinero de varias personas, desapareció sin dar respuestas. Lo más inquietante es que, lejos de asumir responsabilidades, intenta presentarse como víctima”, manifestó Juliana Acevedo, una de las presuntas víctimas, a través de redes sociales. Por su parte, otra afectada, Patricia Larrea, escribió en plataformas digitales: “Yo le estoy pagando por el 15 de mi hijo. El jueves y el viernes me escribió pidiendo más dinero por sus promociones”.

Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.

En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.

De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.

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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.

De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.

A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.

Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Ins­frán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Admi­nistración y Finanzas; Nel­son Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomi­sión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.

La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magda­lena Silva, José Augusto Car­denas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.

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Grúas cargadas de flores enviadas de manera casi anónima, música regional y un operativo militar con vehículos artillados marcaron el último adiós al narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera “El Mencho”, caído días atrás luego de un operativo federal. Los restos de quien fuera líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reposaban presumiblemente en un féretro dorado, pudo observar, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un equipo de la AFP.

Contrario a los lujosos mausoleos donde están enterrados otros connotados narcos, la última morada de “El Mencho” es una tumba a ras de tierra en un moderno cementerio vecino de una instalación militar y a unos 5 kilómetros del estadio que será sede del Mundial de Fútbol 2026.

El cuerpo de Oseguera fue entregado el sábado por la Fiscalía General a los familiares, que decidieron trasladarlo desde Ciudad de México a Guadalajara (oeste) para velarlo y sepultarlo en el suburbio de Zapopan.

“El Mencho”, el narco más buscado y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, murió tras los balazos que recibió durante el sorpresivo operativo lanzado el domingo 22 de febrero en un exclusivo club campestre del municipio de Tapalpa, en Jalisco. Un militar que pidió el anonimato por no estar autorizado a declarar, explicó a la AFP que el cuerpo ha sido custodiado en todo momento “para que grupos antagónicos no hagan escarnio de él”.

Desde el domingo, la casa funeraria que se hizo cargo del cuerpo fue rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad con militares, guardias nacionales y policías, que interrogaban a cuanta persona se acercara al lugar. El fuerte operativo disuadió la llegada de curiosos, pero no impidió un interminable desfile de arreglos florales, algunos con forma de cruces, alas de ángeles formadas por rosas rojas y hasta uno monumental, con la forma de un gallo por la afición del narco a las peleas de estos animales.

Pero contrario a lo habitual, llegaban sin especificar al destinatario. Al final se necesitaron cinco grúas para trasladaras al cementerio, constató un periodista de AFP. La ruta hacia el cementerio, localizado al otro lado de la ciudad, se conoció hasta el final por cuestiones de seguridad. “No han dicho, vamos a seguir a la carroza”, comentó un conductor de las grúas que pidió no ser identificado.

Unas ocho personas, vestidas de negro, con lentes oscuros, y que serían familiares de Oseguera, abordaron los dos autos que se dirigieron al cementerio siguiendo una carroza blanca cargada con el ataúd dorado. Una decena de vehículos del Ejército y de la Guardia Nacional tomaron la vanguardia junto con dos motocicletas de la policía para abrir paso al convoy, que llegó al cementerio justo al mediodía. El campo santo estaba ya custodiado por decenas de militares, que sólo permitían el acceso a personas que demostraban que tenían asuntos en el lugar.

El féretro dorado fue llevado a una capilla cercana al acceso, donde ya lo esperaba una banda de música norteña cuyo sello característico es interpretar los llamados “narcocorridos”, inspirados en las vidas de los capos de las drogas. Tras una ceremonia de casi una hora, el féretro regresó a la carroza para ser llevado a la tumba.

La siguió una veintena de personas de luto y durante el entierro sonaba, con música de banda, una canción que reza “ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra”. Además de Oseguera, en el operativo fueron abatidos otros miembros del CJNG, cuyos pistoleros, tras confirmarse la muerte de su líder, lanzaron acciones coordinadas en 20 de los 32 estados. En los ataques a instalaciones oficiales, bloqueos de carreteras y quema de comercios murieron más de 70 personas.

Fuente: AFP.