La Justicia Electoral y el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay avanzan en la planificación para las elecciones internas que están previstas para el próximo 18 de diciembre. En ese sentido, se ha constituido una Comisión Especial para la Implementación de Tecnología para el Sistema de Votación y Escrutinio, la cual mantuvo una reunión con el presidente del TEI de la Concertación, abogado José Rafael Rojas, en la que se lograron avances importantes en todos los temas que atañen a las internas.
De acuerdo a un boletín informativo de la institución electoral, señalan que esta reunión sirvió para tratar sobre el listado de las organizaciones políticas que instalarán sus mesas receptoras de votos en los locales de votación de la Concertación, detalladas por departamento y distrito donde realizarán sus comicios, como también el listado de locales para el exterior.
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Igualmente, mencionan que el coordinador de la Comisión Especial, Luis Alberto Mauro, indicó tras el encuentro que han llegado a un pleno acuerdo con el titular del TEI en todos los temas tratados, de tal manera a que no existen inconvenientes en avanzar en todo lo que hace a las elecciones internas del 18 de diciembre.
“A partir de ahora el trabajo será sobre lo que respecta al plan logístico, a través de los técnicos nominados por la Concertación y la Justicia Electoral, a fin de ajustar todo lo que refiere a la organización de las elecciones convocadas para el 18 de diciembre”, precisó.
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Abogados volverán a las urnas para definir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura
Los abogados paraguayos volverán a las urnas el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), en unos comicios que definirán a dos miembros titulares y dos suplentes del gremio para el periodo 2026-2029.
Según informaron desde la Corte Suprema de justicia este jueves, la convocatoria electoral cobró forma definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobara, mediante la Resolución N.º 196/2026, el cronograma que regirá el proceso. La jornada de votación se extenderá de 07:00 a 17:00, en los locales que serán habilitados por la Corte en las distintas circunscripciones electorales del país.
El calendario contempla como uno de sus primeros hitos el 9 de octubre, fecha establecida para la presentación de las listas de candidatos, proponentes y apoderados generales ante la Secretaría Judicial del TSJE. Las candidaturas deberán contar con el respaldo de los proponentes y cada lista tendrá que designar dos apoderados titulares y dos suplentes.
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Para la elección se prevé la utilización de 200 mesas receptoras de votos, con máquinas de votación distribuidas tanto en Asunción como en los diferentes departamentos. Los abogados que figuren en el padrón y estén habilitados podrán sufragar en cualquiera de las circunscripciones electorales habilitadas, pero solo una vez y en un único local.
La Corte Suprema ya había convocado en marzo pasado a los profesionales de la matrícula para escoger a dos representantes titulares y dos suplentes, en cumplimiento de la Ley N.º 296/1994. La organización del proceso hasta el día de los comicios corresponde a la máxima instancia judicial, mientras que la realización de las elecciones y su juzgamiento están a cargo del TSJE.
Integrantes del Consejo
El Consejo de la Magistratura está compuesto por ocho miembros, provenientes de distintos sectores del Estado, del ámbito jurídico y académico. La integración vigente incluye a:
- Gerardo Bobadilla Frizzola, representante de los abogados y actual presidente del CM.
- Enrique Berni Brítez, representante de los abogados.
- Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial.
- Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo.
- Édgar López Ruiz, representante de la Cámara de Senadores.
- Édgar Olmedo Silva, representante de la Cámara de Diputados.
- Gustavo Miranda Villamayor, representante de la Universidad Nacional y vicepresidente del Consejo.
- César Ruffinelli Buongermini, representante de una universidad privada.
La actual composición experimentó un cambio importante este año con el reemplazo del ministro Eugenio Jiménez Rolón por Luis María Benítez Riera como representante de la Corte Suprema.
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Elecciones, “cuando esté preparada”
La Constitución contempla que ante la ausencia del presidente, el vicepresidente tome las riendas por un lapso máximo de 180 días, período que ya venció.
- AFP.
La presidenta Delcy Rodríguez aseguró ayer que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington con miras a una transición democrática.
Este diálogo, que empezó en agosto y tendrá una nueva ronda dentro de diez días, ocurre siete meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista.
“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió la mandataria a un periodista en una conferencia, al lado del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que estuvo en Caracas para la firma de un acuerdo petrolero.
Está previsto que la mesa de diálogo entre el gobierno y parte de la oposición aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso fundamental para convocar elecciones, según ha adelantado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en distintas ocasiones que está complacido con la gestión de Rodríguez.
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Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.
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Más de 5 millones de paraguayos están habilitados para votar en las municipales
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comunicaron que 5.043.154 electores se encuentran habilitados para sufragar en las próximas elecciones generales municipales del 4 de octubre con la finalidad de elegir a sus intendentes y concejales en los 263 distritos.
Desde el órgano electoral también se informó que se pondrán a disposición 14.711 mesas receptoras de votos, distribuidas en 1.187 locales de votación a nivel nacional. A la vez se contará con 17.992 máquinas de votación, de las cuales 14.711 serán destinadas a las mesas receptoras de votos, 2.094 corresponden a contingencia y 1.187 quedarán para fines de capacitación a la ciudadanía.
En los comicios pujarán 630 aspirantes a intendentes, mientras que para los cargos a concejales municipales la cifra asciende a un total de 18.973, incluyendo titulares y suplentes. Los elegidos estarán en sus cargos durante el periodo 2026–2031.
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Para las funciones operativas, el TSJE asignará 1.196 coordinadores de local de votación, 1.196 para el Centro de Transmisión y Escaneo, 2.064 serán de soportes técnicos, 2.064 acopiadores, 1.187 capacitadores de local y 1.187 responsables de mesas de consulta y ayuda.
Delitos electorales
Por otra parte, también se informa a la ciudadanía que entre los principales hechos considerados como delitos electorales figuran la retención de documentos de identidad, la compra de votos mediante dádivas o recompensas y el voto múltiple, acciones que pueden ser castigadas con penas privativas de libertad de entre 1 y 2 años, además de multas equivalentes a 300 jornales mínimos.
La normativa también establece sanciones para quienes impidan el ingreso o permanencia en los locales de votación mediante violencia o maniobras dolosas, así como para quienes obstaculicen el traslado de documentos o mensajeros electorales. En este último caso, las penas pueden alcanzar hasta 3 años de prisión y multas de 200 jornales mínimos.
Asimismo, se contemplan castigos para las personas que alteren deliberadamente datos del acto electoral, permitan el sufragio de electores no habilitados o admitan votos múltiples. Estos hechos pueden derivar en penas de hasta un año de cárcel, multas e inhabilitación para ejercer derechos políticos por tres años.
La legislación electoral también sanciona la violencia, presión o coacción ejercida sobre los electores para obligarlos a votar o vulnerar el secreto del sufragio. Dichas acciones prevén penas de entre 6 meses y 1 año de prisión, además de multas de 300 jornales mínimos.
En cuanto a las faltas electorales, la Justicia Electoral recordó que está estrictamente prohibido ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras u otros dispositivos electrónicos capaces de captar imágenes, con el objetivo de proteger el carácter secreto del voto.
Igualmente, se encuentra prohibida la aglomeración de personas a menos de 200 metros de los locales de votación cuando estas puedan ejercer presión sobre los electores. Dentro de ese mismo radio también queda restringida la portación de armas y la instalación de mesas de consulta de partidos, movimientos o alianzas políticas.
Otra serie de conductas consideradas faltas incluyen votar estando inhabilitado, ingresar a los locales electorales en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, perturbar el orden público o difundir propaganda que promueva violencia, odio, discriminación o desobediencia a las leyes.