El seccionalero Ricardo Rodríguez (Izq.) fue denunciado por sus vecinos del condominio por agresión y violencia contra la mujer tras una pelea por el estacionamiento con una pareja. Foto: Gentileza.
En Luque, una pareja denunció a un candidato convencional de Fuerza Republicana por agresión
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Una pareja de la ciudad de Luque denunció por agresión física a un político colorado identificado como Ricardo Rodríguez, que actualmente se postula al cargo de titular de la Seccional N° 362/4, por el movimiento oficialista Fuerza Republicana. El político y los denunciantes son vecinos de un condominio privado y, si bien ya venían teniendo diferencias con anterioridad, este domingo 11 de setiembre se registró una pelea por el estacionamiento del departamento que está ubicado en Loma Merlo de esta ciudad.
De acuerdo al reporte policial, que fue divulgado por el periódico digital Luque Noticias, la denuncia fue presentada en sede de la Comisaría 3ª Central por el Lic. Mirian Benítez Villarreal, quien alegó que fue agredida por su vecino, el político Ricardo Rodríguez, a quien denunció por violencia contra la mujer conforme a la Ley 5777/16.
En su relato, señaló que su pareja, Luis Ferreira Núñez, intentó defenderla, pero también fue agredido por el violento político colorado. Según la denunciante, el conflicto se dio cuando supuestamente Rodríguez, quien reside en el mismo edificio, quiso adueñarse del estacionamiento para vehículos.
Una pareja que reside en un edificio denunció a su vecino Ricardo Rodríguez, político colorado oficialista, por agresión tras una pelea por el estacionamiento. Foto: Gentileza Luque Noticias.
Igualmente, el portal de noticias accedió a unos mensajes de textos que supuestamente escribió el seccionalero Rodríguez, que, de acuerdo a la captura de pantalla que publicó el político en un grupo de WhatsApp vecinal, amenazó a sus vecinos.
“Aprovecho este medio para avisarles a esos que se hacen dueño de estacionamiento y que no tienen ni bicicletas, que vuelvo a encontrar una sola piedra cerca de mi auto, les voy a hacer tragar cada piedra que encuentro. Esto va directamente a quienes me quieran desafiar. Estoy a la hora a quien me quiera enfrentar cara a cara”, se lee en una de las capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp.
La pareja denunció al seccionalero por violencia contra la mujer en la Comisaría 3ª Central. Foto: Gentileza Luque Noticias.
Reportan nuevo presunto caso de feminicidio en Concepción
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Este martes, la Policía Nacional reportó un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Concepción. El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer, quien tras cometer el hecho fue hasta su taller y se quitó la vida. Con este nuevo caso suman tres crímenes contra mujeres en los últimos cuatro días.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la siesta de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. El caso fue comunicado por vecinos, quienes escucharon un disparo de arma de fuego proveniente de la vivienda donde reside la pareja.
La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros, de 53 años, quien se encontraba en su casa, donde fue hallada sin signos de vida por los intervinientes luego de que vecinos reportaron el disparo. La misma presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza lado izquierdo.
El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer identificado como Dionisio Arévalos, de 59 años, quien estaba con paradero desconocido. Hasta que vecinos indicaron que el mismo cuenta con un taller a unos 150 metros. En el sitio los intervinientes hallaron al hombre sin signos de vida, se habría quitado la vida.
Con este nuevo crimen suman tres los presuntos casos de feminicidio en los últimos cuatro días. El primer caso se registró el pasado sábado 25 de julio en la ciudad de Guarambaré, departamento Central, y el segundo fue ayer lunes en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Femicidio: funeraria amenaza con devolver el cuerpo a familiares si no pagan el cajón, denuncian
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Familiares de Liz Andrea Ortellado (30), víctima de feminicidio el pasado fin de semana en Guarambaré, denunciaron que la funeraria les exige la suma de G. 10 millones por el cajón y que, si no pagan, les devolvería el cadáver.
“Ellos me buscaron por el tema del niño, para que la custodia vaya con la abuela materna. Pero ahora estamos ante otro problema principal: la gente de la funeraria se comunicó con los parientes y le dijeron que iban a devolver el cadáver en plástico”, relató este martes el abogado Miguel Godoy, en declaraciones a la 1020 AM.
En ese sentido, el profesional mencionó que la víctima fatal se desempeñaba como funcionaria de una empresa, y que los directivos de la misma se harían cargo de los gastos. Sin embargo, no cumplieron.
“Se comprometieron a pagar el cajón, pero lastimosamente, la empresa no se estaba haciendo responsable. El cuerpo ya estaba en el cajón, pero iban a volver a sacar y devolver el cuerpo porque ya perdieron comunicación con la gente de la empresa", precisó el abogado.
Explicó que, ante lo sucedido, lo que corresponde es que la gente de la empresa se haga cargo, atendiendo los salarios caídos, el aguinaldo proporcional y demás.
“Estoy tratando de comunicarme con la funeraria San Lázaro para tratar de solucionar el caso. Es bastante triste, porque los familiares ya están pasando un gran dolor”, lamentó Godoy.
El principal sospechoso, Walter Fabián Acosta Duarte (34), fue hallado sin vida a pocos metros de la vivienda. La hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto feminicidio seguido de suicidio. La víctima ya había denunciado anteriormente al sindicado por violencia.
Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
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La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
Denuncia presentada ante el Ministerio de Justicia. Foto: Gentileza
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
Alba Cubilla se desempeñaba como administradora. Foto: Gentileza