El presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, aseguró que están siguiendo los resultados que se están dando a conocer a través de Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con mucha tranquilidad. Instó a todos los agentes electorales de la Alianza Unidos por Asunción a no abandonar el escrutinio y a cuidar hasta el conteo del último voto.

En conferencia de prensa desde la sede de la nucleación política, señaló que hay muchas mesas que aún falta por escrutar, por lo que instó a todos los apoderados y miembros de mesa permanecer firmes en sus lugares para cuidar el voto del ciudadano.

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“Con mucha tranquilidad esperamos el resultado ya que están muy confiados. Obviamente, como lo dijimos, esto será una pelea de voto a voto. Entonces, obviamente no nos vamos a apresurar, pero seguimos el escrutinio local por local y vamos a defender obviamente cada voto, no solamente hoy, sino en todo el proceso electoral hasta que se logre el resultado definitivo”, remarcó.

A su turno, la senadora liberal Celeste Amarilla indicó que este resultado parejo ya lo venían manejando muy independientemente a lo que anunciaba la boca de urna, que calificó de ilegal. Advirtió que independientemente al resultado, y quién resulte ganador, es muy probable que traiga consecuencias, el tema de la boca de urna.

“No se puede seguir permitiendo que las bocas de urna se hagan para mentir al electorado; y que al final son direccionamientos de votos. Este resultado está muy ajustado y estamos muy tranquilos, con mucha prudencia, sabemos el terreno que pisamos. Al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que prepare su cuarto, quinto sobre, porque ante la mínima diferencia voto a voto vamos a revisar”, advirtió.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.

Desde la Corte Suprema de Justicia recibieron este viernes a un grupo de 35 alumnos universitarios, quienes recorrieron distintas dependencias del Poder Judicial con el propósito de conocer de manera directa cómo funciona la estructura judicial. La actividad permitió a los estudiantes acercarse a espacios como la Cámara Gesell y la Dirección de Mediación.

La visita se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción y estuvo organizada por el Departamento de Educación en Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, dentro del módulo “Visita Guiada” y como parte de las actividades de extensión universitaria.

Los visitantes son estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), pertenecientes a la cátedra de Introducción al Derecho.

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Uno de los principales puntos del recorrido fue la Cámara Gesell, donde la psicóloga forense Ana Laura Cáceres explicó a los universitarios el objetivo y la forma en que se utiliza este mecanismo. Señaló que permite registrar mediante audio y video la declaración de niños, niñas y adolescentes, con valor de anticipo jurisdiccional de prueba, buscando evitar que las víctimas deban atravesar reiteradamente situaciones que puedan generar una revictimización.

La profesional explicó además que las entrevistas son realizadas exclusivamente por un psicólogo y bajo protocolos científicos internacionales. El procedimiento comprende a adolescentes de hasta 17 años.

La delegación también llegó hasta la Dirección de Mediación, donde fue recibida por su titular, la abogada Gladys Alfonso. Durante el encuentro, explicó a los estudiantes el papel que cumple actualmente la mediación dentro del sistema de justicia y cómo puede contribuir a la solución de controversias.

La directora destacó que este mecanismo dejó de ser considerado únicamente como una alternativa secundaria y pasó a constituirse en una herramienta para que las propias partes puedan buscar acuerdos con el acompañamiento de un profesional neutral.

Como cierre de la jornada, los universitarios mantuvieron un encuentro con la abogada Liz Paola Mongelós, jueza Penal de la Adolescencia, en el Salón Auditorio Doctora Serafina Dávalos, donde pudieron ampliar sus conocimientos sobre el trabajo cotidiano dentro del sistema judicial.

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Este martes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que se desarrolló una capacitación que tuvo como propósito presentar el Plan de Igualdad de Género y promover acciones orientadas a acercar la justicia a las mujeres de todo el país. La actividad se realizó en el marco del programa “Mujeres en la Justicia”, impulsado por la Secretaría de Género del Poder Judicial.

La jornada, dirigida a directores y directoras de distintas dependencias judiciales, permitió socializar la propuesta del Plan de Igualdad de Género y recoger aportes para su posterior validación. El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la promoción de la igualdad dentro de la institución.

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Uno de los principales objetivos fue avanzar en la implementación del Plan, conforme a las disposiciones institucionales vigentes en materia de género, además de establecer mecanismos de coordinación que permitan desarrollar acciones concretas y efectivas.

Durante la capacitación, la asistente técnica Pilar del Barrio destacó las opiniones, propuestas e ideas planteadas por representantes de las diferentes direcciones del Poder Judicial, consideradas fundamentales para enriquecer la iniciativa.

En ese contexto, explicó que la Corte Suprema de Justicia deberá definir el mecanismo para poner en marcha las consultorías previstas, cuyos resultados y acciones posteriormente serán replicados mediante las unidades desconcentradas de la Secretaría de Género.

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El Plan de Igualdad de Género busca responder a los principios establecidos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, referido a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de incorporar los compromisos derivados de instrumentos internacionales mediante el denominado control de convencionalidad.

La propuesta también apunta a convertirse en una herramienta para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia en sus distintas expresiones, mediante una mayor articulación entre las instituciones y áreas vinculadas a la protección de derechos.