La mesa directiva de la Cámara Alta decidió convocar para el próximo lunes a los representantes de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, de Migraciones y de Aduanas para una serie de consultas con relación a la tripulación venezolano-iraní integrada por personas sospechosas de conformar un grupo terrorista, que logró ingresar al Paraguay el 13 de mayo y, llamativamente, salir el 16 de mayo.
También deberán comparecer ante el estamento los fiscales que llevan la causa por disposición de Sandra Quiñónez, titular del Ministerio Público, Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado; Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; y Manuel Doldán, de la Unidad de Asuntos Internacionales.
La solicitud de convocatoria fue realizada por la senadora del movimiento Fuerza Republicana Lilian Samaniego y se encuentra fijada para las 9:30. Al respecto detalló que se buscará determinar cuál fue el motivo principal para que el avión permaneciese en el país por más de 8 horas, teniendo en cuenta que se instalaron finalmente por un periodo de 3 días, el número total de los tripulantes, sus antecedentes y el vínculo de los mismos con sectores del narcotráfico y el terrorismo.
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Antecedentes
El avión Boeing 747 de la firma Emtrasur SA actualmente se encuentra demorado en Argentina y contó el pasado 5 de mayo con la autorización de la Dinac para su ingreso al Paraguay. El carguero que posee la matrícula YV3531 también transportaba autopartes y entre las sospechas figuran que sus tripulantes forman parte de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
A finales del pasado mes, el juez federal de Argentina Federico Villena hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar el avión, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. En la resolución, autorizó la realización de una evaluación inicial, inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto.
En el marco del proceso de investigación, Villena también instruyó el registro del avión para retener una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado, de acuerdo a la publicaciones periodísticas realizada por el medio argentino Infobae.