La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante el Congreso un informe mediante el cual dieron por aplazada la gestión financiera del 90% de las instituciones. La directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández, indicó que hay indicios de mala administración de recursos, que podrían constituir en hechos punibles, que superan los US$ 820 millones.
“Ya sea por debilidades del control interno o por la comisión de hechos punibles, a criterio del equipo auditor el balance expuesto no satisface y eso es uno de los elementos que el auditor considera para identificar fraudes”, aseveró.
En comunicación con la 650 AM, la directora de Control Gubernamental detalló que pese a que se remitió el informe al Poder Legislativo, la Unidad de Auditoría Forense de la Contraloría evalúa dicha información de modo de determinar si las irregularidades detectadas constituyen en indicios de hechos punibles, para remitir el expediente al Ministerio Público.
“No todas las observaciones realizadas por el equipo auditor constituyen indicios de hechos punibles, pero gran parte tal vez sí y eso seguramente será comunicado al Ministerio Público, si así considera esa unidad, ese es un paso más que se debe realizar para la presentación formal de la denuncia”, expresó Fernández. Añadió que en los balances de las diferentes instituciones auditadas se encontraron signos de alerta.
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“Cuando el balance no refleja fielmente las operaciones que se esperan, entonces son signos de alerta que eventualmente podrían constituir un hecho punible. El balance debe ser íntegro y debe representar la imagen fiel de todas las operaciones que realiza la entidad y hay falencias muy significativas. A priori no podemos confirmar, pero podrían constituir en hechos punibles”, expresó.
La Contraloría evaluó la gestión financiera de varias instituciones públicas y la conclusión a la que se llegó es un aplazo del 90% de ellas debido al débil control interno. “Tienen una calificación deficiente, eso quiere decir que al evaluar su sistema de control interno no superaron el dos; es decir, llegaron a 1,99, eso implica que cualquier hecho impropio que pudieran realizarse en las instituciones se vean facilitadas”, manifestó Fernández.
El periodo evaluado comprende hasta el año 2021 y fueron objetos de control la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Dirección Nacional de Bienestar Animal, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Instituto de Previsión Social (IPS), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) e Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).