El diputado Walter Harms criticó que el presidente Mario Abdo Benítez utilice el Estado para beneficiarse económicamente, luego de trascender que Fátima Díaz Benza, primera esposa del mandatario, acumula G. 1,5 billones en licitaciones adjudicadas en la última década.

“Esto mínimamente puede calificarse como un acto de falta de ética del presidente porque es evidente que el Estado favorece a las empresas de su entorno”, aseguró el legislador este miércoles, en comunicación con La Nación, en relación a la serie de publicaciones de la Unidad de Investigación de Nación Media que reveló dicha situación.

El parlamentario indicó que el presidente debe salir a aclarar sus vínculos con estas empresas, dado que hay contradicciones entre las declaraciones de Abdo Benítez y las realizadas por sus voceros. “El presidente de la República debería tener un poco de ética en el sentido de explicar claramente su situación respecto a su relación con estas empresas porque, en la plenaria de hoy, uno de sus voceros decía que él había vendido las acciones de esas empresas y que no tenía relación con ellos, pero después el mismo presidente dijo que él no le vende al Estado, sino a empresas privadas”, expresó.

Señaló que todas estas faltas de concordancia en los relatos solo confirman la veracidad de los datos expuestos por la Unidad de Investigación y que además revelan el motivo por el que este gobierno le dio tanto énfasis a la construcción de rutas. “Todos sabemos que la constructora de su finado concuñado es una de las privilegiadas de las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), uno por ahí encuentra el porqué hay tanto interés en construir rutas, evidentemente es el negocio que mayor rédito le da a Mario Abdo y a su familia”, aseguró el diputado.

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Harms indicó que es importante que la ciudadanía entienda que, aunque el presidente diga que los compradores del asfalto son en un 85% las empresas privadas, de todas formas hay un negociado detrás de esto, ya que el comprador final de este insumo es el Estado. “Lo que vende el presidente no es algo de primera necesidad, que vende a una empresa para volver a vender en el supermercado, estamos hablando de un producto que es principal, por no decir que el único cliente es el Estado. El comprador de asfalto puede ser en un 5% empresas privadas, pero el 95% de ese consumo es el Estado, es como tomarle de estúpido al pueblo”, enfatizó el diputado.

Añadió que en definitiva el Estado es el mayor demandante de este producto, que es exportado casi exclusivamente por Aldia SA, empresa fundada por el presidente. Entre el 2018 y 2021 hubo un crecimiento del 450% en los niveles de importación de asfalto, teniendo prácticamente un “monopolio de hecho”, según el senador Enrique Riera, quien también opinó sobre este tema.

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El diputado mencionó que todo esto motivó la presentación de pedidos de informe, dirigido al MOPC y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de modo de tener datos oficiales sobre los vínculos de las empresas del presidente y su entorno con las licitaciones de obras públicas de la administración de Abdo Benítez.

La Unidad de Investigación reveló que así como la empresa fundada por el presidente, Aldia SA, se posicionó en este gobierno como número 1 en el ranking de importaciones registradas en el sistema Sofía de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), las firmas de la familia de su primera esposa se adjudicaron los contratos más grandes durante el mandato de Abdo.