La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el miércoles ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes la dirigente izquierdista.

Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema del país confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.

Kirchner, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida. La exmandataria expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales. “Por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho”, afirmó este viernes en sus redes sociales.

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Se trata del último día del plazo fijado por la justicia. La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.

La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó Kirchner este viernes. La exmandataria recordó que cuenta con custodia personal “de por vida” por su condición de expresidenta. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.

En 2022, cuando Kirchner era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, dijo este viernes.

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El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero Kircher denuncia que la justicia “no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos”. La expresidenta acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.

Los tres jueces de la Corte Suprema “son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”, denunció Kirchner frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.

Fuente: AFP

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner llamó ayer lunes a sus seguidores a organizarse ante la posibilidad de un arresto inminente, que atribuyó a una persecución judicial para proscribirla. La exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema tiene pendiente resolver si acepta analizar un recurso de queja presentado por su defensa.

En medio de especulaciones de que la Corte fallará en cualquier momento en su contra, cientos de militantes peronistas se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno, cuyos dirigentes se declararon “en alerta” ante un eventual fallo adverso. “Desde el militante más raso hasta el más encumbrado tiene una inmensa responsabilidad: organizar”, dijo allí Kirchner, presidenta del partido, ante varios de los principales referentes del peronismo y con cientos de manifestantes apoyándola en la calle.

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“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”, agregó, al criticar al gobierno de Javier Milei. Kirchner, de 72 años, competirá por una banca en el populoso tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde el peronismo es fuerte. De obtener una banca tendrá inmunidad mientras dure su mandato de cuatro años.

Sin embargo, si la Corte rechaza el recurso de Kirchner, no podrá presentarse. Por ser mayor de 70 años puede pedir arresto domiciliario. Kircher calificó a la Corte como una “guardia pretoriana del poder económico” y llamó a la unidad de su espacio político. “No importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria”, dijo.

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El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Ortiz, lanzó duras críticas en contra del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, a quien señala por hechos de corrupción en su administración y quien además tendría causas abiertas en el Ministerio Público por hechos punibles graves que lo vincularían con el narcotráfico y tráfico de armas.

“Nos estamos quemando los liberales con esta clase de administración, le ofrecimos a la ciudadanía algo diferente y somos peor que cualquier administración. Acá hay un robo asqueroso y no lo digo solo yo, está todo en las redes sociales, no sé qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría”, cuestionó el exlegislador ante la 650 AM.

De acuerdo a lo que mencionó Ortiz, la empresa de la familia de Pereira es una de las proveedoras de la Gobernación. La firma se dedica al rubro de venta de plásticos y envases, no obstante presta servicios de flete a la administración departamental y esto, cuando Itapúa cuenta con camiones, por lo que en teoría, esos servicios contratados no serían necesarios.

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“Yo le pido disculpas a la ciudadanía, nosotros pedimos votos para el gobernador Pereira, y hoy puedo decir que nosotros no sabíamos que él estaba con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, por narcotráfico, tráfico de armas y compañía, creo que nos anestesiaron en ese aspecto, de lo contrario no le íbamos a permitir llegar ni siquiera a mi casa”, aseveró.

Al mismo tiempo, cuestionó la poca difusión que se le da en la prensa de Itapúa a las irregularidades que se cometen tanto en la Gobernación como en la intendencia de Encarnación, en manos del también liberal Luis Yd. “Yo no sé si la prensa acá está anestesiada o lubricada”, refirió e indicó que existe persecuciones a quienes se animan a criticar.

“Te dicen que sos cartista, que tenés que callarte y yo no quiero ser cómplice de algo alevoso porque se está robando en la Gobernación de Itapúa, nosotros ofrecimos una administración diferente, nosotros le mentimos a la ciudadanía”, lamentó.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.