Tras la viralizacion vía redes sociales de un video en el que se veía una camioneta propiedad del Ministerio de Trabajo, dentro de un motel, el viceministro del Empleo, Celso Riveros, presentó su renuncia al cargo en medio de una ola de reproches, tanto de internautas como de legisladores, ya que aparentemente él estuvo utilizando el móvil.
“Es todo un montaje, y es parte de una persecución política”, aseguró Riveros en comunicación con la 1080 AM remarcando que su renuncia al cargo la presentó porque sabe que este tipo de ataques no van a parar y no quiere que la institución sea manchada, asimismo mencionó que su cargo no es el objetivo principal, sino que la finalidad es poder desviar la atención y tergiversar lo ocurrido. Cabe destacar que aún no se decidió quién tomaría su puesto oficialmente.
Riveros también acusó que supuestamente en otros poderes del Estado se vienen realizando actos mucho más reprochables y que son cubiertos usando este tipo de contextos. Primeramente cuestionó la fiabilidad del material divulgado, poniendo así también en duda de que sea él el que aparece en el mismo, este material habría sido grabado el domingo pasado.
Aparentemente, se utilizó el sistema de GPS para dar con el lugar exacto en el que se encontraba la camioneta, en el video divulgado se observa el vehículo perteneciente al Ministerio de Trabajo estacionado en un garaje que sería el de un motel; y también se ve al ahora renunciante viceministro bajando raudamente por las escaleras en algunas fotos tomadas en el lugar, los datos de la chapa del vehículo fueron clave para demostrar rápidamente que el mismo es propiedad estatal.
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En Pilar, avanza construcción de viviendas financiadas por Itaipú, que reactivan la ciudad
Itaipú Binacional invirtió más de G. 9.400 millones a través del Parque Tecnológico de Itaipú, para la construcción de viviendas sociales en Pilar, ciudad del departamento de Ñeembucú, que ya están casi listas y pronto beneficiarán a 100 familias que sueñan con tener una casa propia.
Además de mejorar la calidad de vida de las familias, esta iniciativa está impulsando el trabajo en la ciudad. Hay más movimiento en los barrios, más empleo para los obreros y más ventas para los negocios locales. El progreso se nota en las calles y en los bolsillos de muchos pilarenses, indicaron desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Las soluciones habitacionales experimentan un 80 % de avance y son parte de las 27.520 gestionadas y construidas por el Ministerio de Urbanismo, como parte del compromiso asumido para mejorar las condiciones de vida de las familias paraguayas y permitirles tener un hogar propio, seguro y digno.
En ese contexto, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, acompañado por arquitectos y trabajadores de la construcción, realizó una verificación técnica del proyecto habitacional denominado “Comisión Vecinal Pro Vivienda II”, y destacó que la transformación de la comunidad ya está tomando forma.
Baruja recordó que su gestión al frente del MUVH se ha caracterizado por una presencia activa en todo el territorio nacional y por la búsqueda de alianzas estratégicas que permitan acelerar el acceso a soluciones habitacionales en distintas regiones del país.
Respecto a la colaboración público-bilateral, demuestra cómo los recursos de una entidad binacional pueden tener impacto directo en comunidades vulnerables del interior del país. Itaipú ya financió varios proyectos habitacionales, como el caso de las viviendas en Pilar, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.
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También destinan recursos a la protección de los recursos naturales. Entre sus proyectos emblemáticos se encuentran la reforestación de cuencas, conservación de la biodiversidad, recuperación de suelos y promoción de prácticas agrícolas sostenibles. También han apoyado programas para la educación ambiental y el monitoreo de áreas protegidas.
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¿El verdadero reajuste del salario mínimo?
El reajuste salarial debe partir de encontrar un mecanismo que reduzca la informalidad, garantizando empleos de calidad, señala especialista. Conocé cómo se calcula actualmente el aumento.
Junio dio su entrada, con ello se acerca el cierre de la primera mitad del año y los balances empiezan a tomar nota. También es el mes en el que se calcula el reajuste del salario mínimo (SM) en Paraguay, de modo a que entre en vigencia a partir de julio según la ley 5764.
Actualmente, el salario mínimo legal vigente es de G. 2.798.309, con un jornal mínimo diario de G. 107.627, tras el aumento del 4.4% del año anterior.
Pero, cómo se calcula ese reajuste y qué se mide exactamente, o habrá forma de mejorar ese cálculo es la interrogante que se da siempre en esta época, atendiendo que el sector trabajador demanda un mayor reajuste.
El reajuste del salario mínimo en Paraguay se da alrededor del 4 %, en base al el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su variación interanual, es decir, la inflación.
Hay que mencionar que el reajuste del SM será efectuada por el Poder Ejecutivo según propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del IPC al mes de junio de cada año.
“Todo sube”, “todo está caro”, no alcanza”, “no se llega a fin de mes”, son algunas de las frases que más se escucha.
Y, lo que sucede, es que las personas de menor ingresos, gastan la mayor parte del salario en alimentos que el principal requerimiento para la subsistencia, pero a la vez son los productos más impactados con los aumentos de precios.
Esto lo explica Marta Coronel, coordinadora de economía de Mentu, para quien la problemática real no radica en el monto del salario mínimo o el reajuste, sino más bien en alto porcentaje de informalidad. Pues solo una proporción muy pequeña, 20 %, es a la que se le ajusta el salario o lo que sería el alcance.
“Ojalá se encuentre un mecanismo más apropiado para ajustar el salario, pero lo más importante es trabajar en mejorar la calidad del empleo, en generar más trabajos formales y que las personas tengan las capacidades para acceder a esos empleos”, expresó.
Mejora de la productividad. Para esto, es esencial mejorar la productividad de las personas, ya que el problema es más estructural, con el requerimiento de crear empleos más formales que puedan garantizar calidad de ingresos y seguridad social.
“Lo que hay que ajustar acá, más allá del porcentaje de aumento del salario mínimo, es reducir la informalidad del empleo y mejorar la productividad de las personas, y esto se logra garantizando educación, salud, e inversiones en capital humano”, remarcó Marta.
Para poner en contexto el problema de fondo, dijo, mencionó que el 60 % de la población es la que se encuentra actualmente en estado de informalidad, es decir, 6 de cada 10 paraguayos ocupados son informales.
Por lo tanto, recomendó avanzar en ambos procesos, tanto en que se pueda mejorar el cálculo del reajuste y, sobre todo, en optimizar la calidad del empleo, acotó. En tanto que el Conasam deberá reunirse en los próximos días para empezar a analizar el reajuste establecido por ley.
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Inaugurarán planta aceitera que cambiará el modelo productivo en el Chaco
En julio se prevé inaugurar la planta aceitera Pioneros del Chaco, cuya inversión ronda los USD 45 millones y posee una capacidad productiva de 230.000 toneladas por año. El gerente general, Ricky Penner, aseguró que esta aceitera cambiará el modelo productivo en el Chaco paraguayo.
Comentó también que los accionistas principales del proyecto son las cooperativas de la zona. “Se tomará la materia prima que se produce localmente, se industrializará y dará un valor agregado. A la par, se generarán empleos en la zona”, manifestó Penner a la 1000 AM.
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Si bien la inauguración oficial se hará en julio, Penner indicó que de acuerdo a los planes que tienen, esta semana inicia la producción en la planta. El empresario aseguró que esta es una gran apuesta en el Chaco, donde se produce el 2 % de toda la soja en el país.
“Estamos apostando en una región donde hay relativamente poca soja, actualmente tenemos 100.000 hectáreas de soja aproximadamente. En el 2025 esperamos una producción de 200.000 toneladas”, precisó.
Además, hizo énfasis en la importancia de la Ruta Bioceánica. Aseguró que será de gran provecho para la planta industrial, para llevar de Concepción o países vecinos la materia prima que requieran. “El Chaco creció de forma horizontal durante varias décadas, hoy hay que avanzar a un crecimiento vertical”, dijo.
Precisó que este crecimiento se trata de producir más en la misma superficie, lo cual incluye una mayor inversión en tecnología, genética, agricultura y modelos productivos integrados. La instalación de la planta, al margen de todo lo mencionado, también configura un nuevo perfil logístico para el Chaco.
Estiman que la operación total de la industria movilizará entre 13.000 y 14.000 camiones al año, que tendrá como consecuencia un efecto derrame a toda una cadena de valor. En cuánto a empleo, generará 120 puestos directos, e incontables puestos de trabajo de forma indirecta, en estos rubros: transporte, mantenimiento, logística, agricultura y procesamiento.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.