El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, lamentó las publicaciones del medio colombiano El Tiempo sobre la supuesta implicancia del clan Insfrán en el asesinato del agente Marcelo Pecci, ocurrido hace tres meses en Colombia, y destacó que no está descartada ni confirmada dicha hipótesis.
“Califico de irresponsable la intervención de ese medio colombiano porque estamos hablando de organizaciones criminales de carácter trasnacional. En el caso de que le dé cuerda, podría incluso decir que le está poniendo en riesgo a un testigo y a la investigación”, explicó el fiscal en comunicación con la radio 1020 AM.
Sostuvo que, por el momento, no se puede descartar o confirmar la hipótesis de que el clan Insfrán sería el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci porque todas las líneas de investigación siguen abiertas e insistió en que el Ministerio Público está actuando de forma responsable.
Doldán indicó que él desconoce de dónde el medio colombiano sacó la información de la supuesta implicancia del clan Insfrán en el crimen de Marcelo Pecci y aseguró que la investigación continúa para llegar a los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo, ocurrido en el mes de mayo en Colombia.
“No tengo elementos objetivos para confirmar o descartar esa teoría. Todas las líneas investigativas siguen activas, estamos tratando de actuar responsablemente y en un contexto judicial para poder determinar concretamente quién tuvo la responsabilidad en la determinación del crimen de Marcelo Pecci”, agregó el fiscal.
El medio de comunicación colombiano El Tiempo publicó un material en el que revela que el supuesto esquema del narcotráfico encabezado por el clan Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset dio la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci durante su luna de miel en la isla de Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, el pasado 10 de mayo.
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No descartan extender investigación a títulos universitarios sin acreditación
A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universitarias registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente. “Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente proporcionamos esta información al Ministerio Público, realmente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
La institución encargada de evaluar, asegurar y certificar la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Ministerio Público, tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la calidad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.
IDENTIFICAN A INSTITUCIONES
Señaló también que “están identificadas las instituciones que más emitieron títulos y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras de acreditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez.
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Aneaes no descarta extender investigación sobre títulos universitarios sin acreditación
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universitarias registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.
“Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente proporcionamos esta información al Ministerio Público, realmente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa este viernes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La institución encargada de evaluar, asegurar y certificar la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Ministerio Público, tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
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A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la calidad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.
Señaló también que “están identificadas las instituciones que más emitieron títulos y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras de acreditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.