El pasado viernes el Ministerio Público de nuestro país difun­dió el petitorio hecho a su par de las islas Seychelles en rela­ción al presunto dinero oculto del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, en este paraíso fiscal.

Más allá de la petición –hasta si se quiere de trámite ordinario por parte de la Jus­ticia paraguaya– lo llamativo fueron los hechos punibles sospechados. Hay que recor­dar que cuando el Ministerio Público paraguayo abrió una investigación el 24 de julio pasado la misma era innomi­nada y los cargos –es decir, los hechos punibles del caso– esta­ban por determinarse.

Con el petitorio que remite el fiscal Doldán a sus pares del país africano, la Fisca­lía de nuestro país apunta a la posible comisión de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sobre la conducta del expresidente de la República, al ocultar la presunta existen­cia de USD 21 millones en un paraíso fiscal, dinero que no figura en su declaración de bie­nes. Ante el citado escenario el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, de la Unidad Especia­lizada de Asuntos Internacio­nales, Extradición y Asisten­cia Jurídica Externa, remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles una solicitud de cooperación en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El pedido que insta a la cooperación inter­nacional fue requerido y pre­sentado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Antico­rrupción, quien tiene a su cargo investigar a Abdo Benítez en el marco de la causa penal cara­tulada “Investigación Fis­cal sobre supuesto hecho de Lavado de Dinero y enriqueci­miento ilícito”, abierta a nues­tro país y que busca determinar la existencia de estos fondos.

El periodista argentino Luis Gasulla, fundador del sitio de investigación Periodismo y Punto, divulgó el 20 de julio pasado una información que constituye todo un escándalo: la existencia de dinero oculto por parte del presidente para­guayo en cuentas en el extran­jero de 21 millones de dólares. Según la información, Abdo Benítez y su esposa serían los beneficiarios finales de dos cuentas abiertas que recibía transferencias de empresas de dudoso origen establecidas en Hong Kong o en Dubái.

Tras la publicación en el extranjero, el Ministerio Público paraguaya abrió la investigación y una de las pri­meras diligencias de la fiscala Cacavelos Conigliaro fue soli­citar información a la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que informe sobre la vincula­ción o no del exmandatario y su pareja con estas cuentas en Seychelles. Hace unas sema­nas, el expresidente había divulgado un documento pro­veniente del Gobierno de la nación insular africana que señalaba que no existía cuen­tas a su nombre. Sin embargo, la publicación periodística nunca apuntó a la pareja pre­sidencial como titulares de cuenta, sino como beneficia­rios, lo cual hace suponer que el exhorto enviado por el Minis­terio Público paraguayo será mucho más específico y deta­llado, obviando el aspecto de la titularidad de la cuenta e insistiendo sobre las empresas que realizaron las millonarias remesas que totalizarían unos 21 millones de dólares; es decir, haciendo un seguimiento a la ruta del dinero.

Periodismo y Punto reveló cuáles serían las supues­tas cuentas de las cua­les Abdo Benítez y esposa serían beneficiarios. Con el número 3128614805, la pri­mera cuenta a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited se halla en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Fue abierta en noviembre del 2022, año que Marito era aún presi­dente de la República. Mien­tras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre de 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes des­pués de finalizar su periodo como jefe de Estado.

Según el informe confiden­cial que accedió el medio argentino, en junio de 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, también como beneficiarios a López Moreira y Abdo Benítez.

Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro trans­ferencias —desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Broke­rage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones. En tanto, Exchange Contracts recibió también cinco transferen­cias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000.

Los trabajos policiales para desarticular diferentes pandillas antagónicas que se encuentran operando en el barrio Ricardo Brugada de Asunción continúan. En el marco de estos operativos, en la noche de este sábado se dio captura a un joven integrante de una de estas organizaciones criminales.

La detención se produjo en la zona del Club Oriental del populoso barrio sobre las calles México, casi Fulgencio Yegros, en donde un convoy de patrulleras logró divisar a Tobias Samuel Jara Mendoza, de 18 años, quien, tras una breve persecución, quedó bajo custodia.

El mismo contaba con dos órdenes de captura, una del 2024 y otra del 2025 por homicidio doloso y robo; además, sería uno de los integrantes de la pandilla denominada “Cara de guerra” y estaría involucrado en un tiroteo que resultó en la muerte de Ingrid Markene Cattebeke Osorio, de 41 años, quien resultó herida de un impacto de bala cuando salió al balcón de su vivienda el pasado 1 de agosto.

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“Nosotros continuamos con los trabajos de localización dando seguimiento a los operativos activados para desarticular estas pandillas; en este caso, el detenido fue plenamente identificado y era buscado hace semanas”, indicó el comisario Víctor, presentado en conversación con Telefuturo.

El jefe policial precisó que ahora se encuentran enfocados en lograr la captura de quien fue identificado como el líder de la pandilla “Cara de guerra”, Osmar Escobar, quien continúa prófugo desde el operativo Dominatus ejecutado el pasado 25 de junio, donde se logró la captura de varios jóvenes pertenecientes a grupos delictivos dedicados al microtráfico.

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Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.

Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.

“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.

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La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Fuente: AFP.

El gobierno de Colombia y la ONU negocian el jueves la liberación de 33 militares retenidos desde hace tres días en una comunidad amazónica plagada de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunciaron las autoridades.

Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro considera un “secuestro”.

Desde el domingo empezaron los enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33.

Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU “se han desplazado hacia (...) donde se encuentran secuestrados nuestros soldados”, declaró el jueves el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares. Los mediadores intentarán “dialogar directamente” con la población, añadió.

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Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.

El ejército está “reforzando la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según Cubides.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos, que ya comienzan a escasear”, agregó.

El Ministerio de Defensa anunció en la red social X que presentó ante la fiscalía una denuncia por secuestro. La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste).

Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el mayor bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.

Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

• Fuente: AFP

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