La Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, liderada por la legisladora altoparanaense Rocío Abed, socializó este martes el proyecto de ley que busca garantizar protección integral a mujeres víctimas de violencia. Participaron representantes de diferentes instituciones que tienen competencia en este ámbito.
Específicamente la propuesta legislativa apunta a la creación de la jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres. Esto implicará el funcionamiento de los juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia, que se ocupen exclusivamente de entender en los casos que surjan como consecuencia de hechos de violencia contra las mujeres.
“Es un primer paso para que vayan conociendo; en la propuesta se establecen muchos aspectos que hacen a la violencia. La Ley Nº 5777/16 fue un gran paso, pero necesitamos que esas garantías allí establecidas puedan darse de una manera eficaz, eficiente”, dijo Abed al tiempo de resaltar la necesidad de que las mujeres puedan tener un acceso más directo a la justicia y no tengan que peregrinar por los tribunales.
Feminicidio
En su intervención en la audiencia pública, la parlamentaria destacó la importancia de la participación de todos los sectores para poder enfrentar el problema de la violencia que sufren las mujeres. Así también, lamentó el exponencial crecimiento de hechos de muerte de mujeres asociados a la violencia. Compartió datos actualizados de feminicidio en el país y dijo que en lo que va del año ya se reportaron 28 casos.
Es por ello que Abed consideró que debe existir la posibilidad de acceder de manera ágil y eficaz a la justicia, que además debe expedirse con celeridad sobre las denuncias. Y básicamente ese es el principal objetivo de la iniciativa legislativa, conforme expresó.
El proyecto de ley está siendo analizado con la participación de diferentes sectores, a fin de escuchar opiniones y consensuar el texto legislativo. En esta primera discusión pública estuvieron presentes parlamentarios miembros de la comisión asesora organizadora, la viceministra del Ministerio de la Mujer, María Celsa Aquino; la defensora general, de la Defensoría Pública, María Lorena Segovia Azucas, y representantes de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Previm), de acuerdo con la información proveída por el Departamento de Comunicación de la Cámara de Diputados.
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