El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, en una conferencia de prensa, salió a amenazar directamente a los legisladores de la Cámara de Diputados, ignorando lo establecido por la Constitución Nacional, en el artículo 201, sobre el mandato imperativo. Es decir, la prohibición de la imposición de los partidos políticos en las decisiones que puedan tomar los legisladores en el Congreso.

Luego de que 16 diputados permanecieron en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento del pedido del juicio político contra la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, y que la presencia de estos legisladores haya dado quorum para llegar a la votación y el posterior archivo del pedido, el presidente de los liberales salió a amenazar a sus correligionarios diciéndoles que no podrán participar de las elecciones nacionales del 2023 por la Concertación Nacional.

“Los parlamentarios que se aparten de la posición institucional, partidaria, y todavía diría lo más importante, que se aparten de la posición y de los principios de la Concertación, ellos se excluyen de poder ser candidatos de la Concertación. No hay lugar para quienes se excluyen por participar de la línea de la mafia o de los maletines”, decía Alegre en su conferencia.

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Este “anuncio” fue seguido atentamente por los diputados en la Cámara Baja, y casi de manera instantánea y obedeciendo los mandatos dictatoriales de Alegre, presentaron el nuevo pedido de juicio político contra la fiscal general, ignorando la Constitución Nacional y los procesos legislativos. Esta “nueva” presentación se da con la misma acusación y las mismas causales, lo que va en contra de las normativas que establecen que un mismo proyecto o pedido de juicio, en este caso, no puede volverse a tratar en el plazo de un año.

La acusación es la misma, “mal desempeño de funciones”; además, la propia diputada Celeste Amarilla admitió en conferencia de prensa que “colaboró” con el libelo agregando dos alegatos más. El pedido rechazado y archivado ayer lunes contaba con 11 causales; mientras que la nueva propuesta tiene 13, dejando en evidencia que se trata de un mismo proyecto con dos alegatos más.

A esto se suma la presión de los medios de comunicación a fines al gobierno y la Concertación, que crucificaron a los 16 diputados que participaron de la sesión que no tuvo el resultado que querían. Con estos amedrentamientos, los diputados liberales, acorralados, no tuvieron opción que recurrir a un nuevo intento de seguir con el circo dentro de la Cámara Baja, dejando de lado otros temas prioritarios para la ciudadanía.

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