El proyecto de ley que busca exceptuar el patrocinio de un abogado en juicios de información de insolvencia recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados, ahora dicho proyecto es remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y posible aprobación.
Actualmente, bajo la norma, para la tramitación de una declaración de insolvencia ante el Juzgado de Paz se debe acudir con un abogado de manera obligatoria. Con la nueva normativa lo que se busca es que en los casos de recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza no sean necesarios los profesionales.
El único artículo con el que cuenta el proyecto reza lo siguiente: “Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, sin necesidad de patrocinio de abogado, su declaración de pobreza o insolvencia, mediante información sumaria de testigos, ante el Juzgado de Paz competente de su domicilio”.
Para los proyectistas es fundamental que se pueda garantizar el acceso a la justicia para las personas que vivan en una situación de vulnerabilidad y que con un documento que acredite la insolvencia ya pueda ser suficiente para que cualquier ciudadano logre acceder a una justicia rápida y eficaz. Los impulsores son los diputados Rocío Abed, Erico Galeano, Raúl Latorre, Enrique Mineur, Jazmín Narváez y Hernán David Rivas
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Justicia prohíbe salir de Argentina al presidente de la AFA por supuesta evasión fiscal
La justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y lo citó a declarar en una causa por supuesta evasión fiscal, según la resolución del juez citada este jueves por la prensa local.
El “Chiqui” Tapia deberá comparecer el 5 de marzo próximo, un día antes de que lo haga el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la denuncia que impulsó el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.
La resolución judicial alcanza además a otros tres directivos de la poderosa federación argentina de fútbol, al mando de la vigente selección campeona del mundo.
“En atención a la gravedad de los hechos investigados (...) corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados”, reza la citación divulgada por medios locales.
El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que cumplan con el trámite de declaración.
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La causa investiga si la entidad retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El juez consideró que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.
La AFA atribuyó entonces el caso a una “campaña de difamación” en medio de una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
Además señaló que el impulsor de esa denuncia “cuenta con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona”.
La AFA rechaza con base en sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente ultraliberal Javier Milei.
- Fuente: AFP
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Juzgado cita a Miguel Prieto en marzo por caso Tajy
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, convoca al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto a audiencia preliminar para los días 4 y 5 de marzo en el marco del caso conocido como Tajy. El líder del Partido Yo Creo se encuentra imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.
El Juzgado de Garantías resolverá en la audiencia si eleva o no la causa a juicio oral y público. La citación para llevar adelante la diligencia es bajo apercibimiento de aplicar sanciones, teniendo en cuenta que la audiencia fue suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones y otros planteamientos que luego fueron rechazados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy, por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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Más protección y menos barreras, el desafío de garantizar justicia para personas mayores en Paraguay
La necesidad de asegurar una tutela efectiva de los derechos de las personas mayores vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial paraguaya.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia se subraya la relevancia de aplicar de manera concreta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en todos los procesos en los que este grupo esté involucrado.
Paraguay dispone de un entramado constitucional y legal que apunta a resguardar de forma integral a este sector de la población, con base en los principios de dignidad, igualdad y no discriminación.
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La propia Constitución Nacional establece que el Estado debe adoptar medidas específicas para amparar a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Paso fundamental
En el plano internacional, el Paraguay dio un paso significativo al ratificar la Convención Interamericana mediante la Ley N.º 7600/2025. Con su entrada en vigencia, el instrumento adquiere carácter obligatorio para el Estado paraguayo.
“La normativa reconoce a las personas mayores como titulares plenos de derechos y fija estándares claros en aspectos como autonomía, salud, seguridad social, participación activa en la comunidad, vivienda digna y acceso real a la justicia”, argumentaron.
A nivel interno, leyes como la N.º 1885/2002 “De las Personas Adultas” y la N.º 7322/2024, que crea la Pensión Universal para las Personas Mayores, junto con otras disposiciones complementarias, refuerzan el compromiso estatal con el bienestar y la protección de este grupo, especialmente de quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad social o económica.
Dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema también adoptó medidas orientadas a eliminar obstáculos en el acceso a la justicia. Entre ellas se encuentran la Acordada N.º 633/2010, que incorpora las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, y la Acordada N.º 1024/2015, que promueve atención prioritaria, mayor rapidez en los procesos, uso de lenguaje claro y ajustes razonables en los procedimientos.
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El desafío ahora no solo radica en contar con normas avanzadas, sino en traducirlas en prácticas efectivas que aseguren que las personas mayores encuentren en la justicia un espacio accesible, ágil y respetuoso de sus derechos.
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Justicia argentina acusa por corrupción a exfuncionario de Milei
La justicia argentina acusó al exfuncionario del presidente Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad y a otras 18 personas de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales publicados el lunes.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.
Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025. También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.
“Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud”, indicó la resolución, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios”.
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El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.
Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.
Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.
Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis “no se trató de algo encapsulado” y “podría tener otro nivel de complicidades” que debe ser investigado.
“La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos”, señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.
“El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes”, añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas. El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.
El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.
- Fuente: AFP
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