Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación; y la de Justicia de la Cámara de Diputados dieron su conformidad al proyecto de Ley que plantea modificaciones de varios artículos de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal de la República del Paraguay; y leyes modificatorias”; con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

Al respecto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González explicó que esta iniciativa busca ampliar los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.

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Mencionó que se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.

Durante el análisis, los miembros acordaron allanarse a las modificaciones de la Comisión de Legislación y Codificación, comenzando en el mismo acápite, que quedaría en: “Que modifica y amplía el artículo 102 de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal; modificado por el articulo 1° de la Ley N° 3.440/08, que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal”.

En el artículo 3° se establece que serán imprescriptibles, además de los hechos punibles previstos en el artículo 5° de la Constitución, todos los hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta es una clara señal institucional en el sentido de buscar la preservación del pacto social originario que exige la vigencia de la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvieron aconsejar la postergación del análisis del proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 - Código Procesal Penal”, cuyo debate está previsto para la sesión ordinaria de este miércoles.

La propuesta será tema central de una audiencia pública a ser organizada próximamente, a fin de discutir a profundidad los alcances del proyecto, según adelantaron. “Podría ser una manera de descongestionar los penales y, por otro lado, refiere a derechos humanos fundamentales”, señaló el titular de comisión, sobre el punto.

“Un individuo denunciado es investigado muchas veces durante dos o tres años y no puede ejercer su defensa porque no tiene imputación; pero resulta que venía siendo investigado por años y violentando su derecho fundamental de defensa”, esgrimió.

La iniciativa busca introducir modificaciones, específicamente, en los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”; la “duración máxima del procedimiento”; y la “desestimación”.

Así también, pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública. Habla de un año y seis meses para los hechos punibles de acción penal privada.

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El plan Sumar continúa forta­leciendo su eje de tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones, a través de las unidades de salud mental. El programa, impulsado por el Gobierno, busca brindar atención integral a quienes padecen este tipo de trastor­nos, considerando no solo los aspectos médicos, sino tam­bién los sociales.

En entrevista con “Tribuna”, programa emitido por Para­guay TV, el director general del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Dr. Daniel Cantero, destacó el compromiso del programa con el tratamiento de todas las for­mas de adicción. “La adicción no es solo un problema médico, sino también social, por lo que requiere un enfoque integral que aborde todas las dimen­siones de la vida de la persona”, afirmó.

“Desde el punto de vista médico estamos avanzando con las unidades de salud men­tal donde se apunta a brindar atención integral a las per­sonas durante su proceso de rehabilitación”, explicó el Dr. Cantero.

El plan Sumar se enmarca en una estrategia integral que involucra a 22 instituciones para la prevención y trata­miento de adicciones, y la lucha contra el tráfico y venta de dro­gas. La iniciativa cuenta con tres ejes: prevención del con­sumo de drogas; tratamiento y rehabilitación y combate al tráfico de drogas, con una visión integral y de trabajo en equipo para asegurar que se sostengan las políticas públi­cas a ser implementadas.

Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.

La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.

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Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.

Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.

Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.

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En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.

“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.

Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.

Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.

Fuente: AFP.

En la noche de ayer viernes, una comitiva fiscal policial intervino en una vivienda luego de recibir la notificación del hallazgo del cuerpo de una mujer y de su hijo de 5 años en el barrio Nuestra Señora de la Asunción. La mujer fue identificada como Ruth Vargas Martínez, de 39 años.

Los familiares hallaron los cuerpos luego de que los compañeros de Ruth llamaran para consultar el motivo por el cual la mujer no había ido a trabajar durante los últimos dos días, ante esta información otros miembros de la familia decidieron ingresar hasta su dormitorio donde encontraron su cuerpo junto al de su hijo ya sin vida.

La fiscal del caso Raquel Vera manifestó a los medios de comunicación que los cuerpos presentaban rigidez que correspondía entre 12 a 14 horas y junto a los mismos se encontró una carta aparentemente de despedida. Aclaró que hasta el momento desconocían los detalles de cómo se habría dado la muerte de la madre y su hijo, pero que esto sería sometido a investigación forense para posteriormente entregar los cuerpos a los familiares.

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“Hemos conversado con los padres y allegados de la madre y nos manifestaron que no habría motivos aparentes para esta acción de homicidio y posterior suicidio, ya que en los últimos días no habrían discutido ni habría tenido ninguna gresca con algún tercero por ningún motivo al menos que ellos supieran que la haya afectado como para tomar esta decisión”, dijo el comisario interviniente José Palacios en conversación con Telefuturo.

Destacó que las investigaciones en torno al caso continuarían teniendo en cuenta la envergadura de lo ocurrido. El hecho en sí se vuelve una llamada de atención para las autoridades en materia de salud mental buscando prevenir este tipo de hechos.

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