El abogado penalista Ricardo Preda rati­ficó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales ofi­ciales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada.

El exmandatario busca des­mentir que sea titular de cuentas bancarias que ocul­tarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus pre­suntos beneficiarios.

“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este docu­mento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a tra­vés de las reglas de coopera­ción internacional”, comentó Preda a través de una entre­vista con el programa “La caja negra”, emitido por Uni­canal.

Abdo Benítez busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, con la firma de Thereza Dogley, quien sería secretaria prin­cipal de la Oficina del Presi­dente de la República de Sey­chelles.

“Esta carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, no creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecu­tivo sea la autoridad compe­tente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades finan­cieras en un país. Estimo yo que no se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional sobre la inves­tigación abierta en Paraguay”, dijo Preda. El abogado siguió sosteniendo que “realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecu­tivo haga esa afirmación en un documento que aparen­temente se expide como un comunicado o certificado a pedido de alguien”.

Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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Un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos, presentó los principales lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo - Paraguay 2050 (PND 2050) durante una reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, liderada por el presidente Raúl Latorre.

Desde la Cámara Baja informaron que este plan representa uno de los hitos institucionales más relevantes tras la fusión del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación.

Destacaron que esta reestructuración fortalece la capacidad del Estado para articular una visión estratégica unificada, alineando la planificación del desarrollo con la gestión fiscal, según argumentaciones.

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Este plan que se extiende hasta el año 2050 teniendo en cuenta que el PND ofrece un marco integral de políticas públicas que orienta la acción estatal en el corto, mediano y largo plazo, trascendiendo periodos de gobierno y promoviendo la continuidad de las estrategias nacionales.

Según el informe del ministro Fernández Valdovinos, se destaca el carácter integrador y el enfoque participativo de esta iniciativa, lo que resulta en un proceso que incluye aportes de autoridades y expertos nacionales e internacionales, así como representantes de diversos sectores y la ciudadanía en general.

El viceministro de Economía, Felipe González Soley, a su turno, fue el encargado de presentar la estructura y el proceso de elaboración del PND 2050.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza, valoró la presentación y dijo que se trata de una herramienta estratégica para el futuro del país.

“Es importante entender que este plan tiene una visión que trasciende los gobiernos y busca proyectar nuestra economía y desarrollo hacia las verdaderas necesidades de la gente. Es un plan que nos une a todos los paraguayos”, expresó.

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Tal como lo habían adelantado los medios del grupo Nación Media, el caso de las supuestas cuentas offshore del expresidente Mario Abdo Benítez tuvieron el desen­lace diseñado por la manio­bra artera de sus abogados. En menos de 15 días, una declaración del Gobierno de la nación insular –que no reviste carga legal ni consti­tuye un dictamen jurídico– daba cuenta que el exmanda­tario no era titular de cuentas bancarias.

“Según la información de que disponen actualmente las autoridades competentes de la República de Seychelles, no existe constancia ni indi­cio de que las personas nom­bradas, ni ninguna entidad identificada en los citados informes como asociada con ellas, posean fondos, cuen­tas bancarias o intereses corporativos, inmobiliarios o financieros de otro tipo en Seychelles”, indica el docu­mento exhibido ayer por el exmandatario.

Inmediatamente, luego se montó otro show: primero el propio Abdo Benítez en sus redes sociales, luego sus aliados en los medios ami­gos y siguiendo sus adláteres políticos en cuantas emisoras eran convocados. El empre­sario del asfalto se declaró inocente de un cargo que nadie le acusó ni le endilgó: se sabía que la estrategia era buscar una respuesta “oficial” (más bien un pro­nunciamiento político) de Seychelles para desligarse del embarazoso escándalo de cuentas offshore en un paraíso fiscal. El mecanismo era “solicitar” información que señale si la expareja pre­sidencial poseía una cuenta a su nombre. Lógicamente, la respuesta fue negativa. La publicación del perio­dista argentino Luis Gasulla nunca atribuyó que las cuen­tas estuvieran a nombre de Abdo y su esposa, sino que eran directos beneficiarios finales de las mismas. Pre­cisamente, el documento enviado por el Gobierno afri­cano, firmado por la secretaria principal de la Presiden­cia de Seychelles, Thereza Dogley, no hace alusión a lo que la filtración publicada por el periodista argentino seña­laba sobre los beneficiarios. En este sentido, la comunica­ción del Gobierno africano no hace ninguna referencia. Sí hace una alusión muy impor­tante que tiene que ver con la fuerza que tiene ese docu­mento.

Según el Gobierno de Seyche­lles “esta declaración” se basa en “la información disponible en el momento de su emisión y no constituye un dictamen legal, certificación o garan­tía”, lo cual abre un resqui­cio para que eventualmente si surge nueva data se pueda indagar sobre la misma. En otro apartado, señala que el documento “no debe inter­pretarse como una conclu­sión legal definitiva”.

El 20 de julio pasado, el portal de investigación argentino Perio­dismo y Punto, de Gasulla, divulgada en el vecino país y al mundo el escándalo sobre las supuestas cuentas offshore, vinculadas al expresidente y su esposa de manera indirecta. Él y su esposa serían beneficiarios finales de dos cuentas en las islas Seychelles: una abierta en 2022 por Star Capital Financial Services (cuando aún era presidente de la República) y otra en 2023 por Exchange Contracts International Finance. Los depósitos, que sumarían alrededor de USD 21 millones, provendrían de transferencias internacionales canalizadas a través de estas sociedades, no a título personal, desde empresas instaladas en zonas como Hong Kong y Dubái. El Ministerio Público paraguayo abrió una investi­gación innominada y ya realizó diligencias en este sentido, rela­cionado a un exhorto vía Seprelad.

Para el abogado Ricardo Preda es inusual que el Gobierno de Seychelles revelara datos sobre cuentas bancarias, pese al secreto reforzado que rige en el Al Salam Bank.

Para el abogado Ricardo Preda es llamativo que una información tan sensi­ble sobre datos bancarios pudiera haber sido revelado por entidades financieras de Seychelles al Gobierno de ese país. Máxime cuando el Al Salam Bank, que sería una de las entidades que abrió una cuenta que tiene a Mario Abdo Benítez como beneficia­rio final, posee secreto ban­cario reforzado, despierta aún más dudas. El secreto reforzado quiere decir que los datos de titulares y bene­ficiarios reales son confiden­ciales y no están disponibles en registros públicos.

“Ni siquiera en Paraguay sería admisible que incluso el presidente del Banco Central emita un certificado diciendo que Ricardo Preda tiene cuenta en el sistema finan­ciero paraguayo”, recalcó el abogado. Según explicó, en nuestro país difícilmente un órgano daría información pública sobre si una persona tiene o no tiene cuentas.

“En ningún caso una autori­dad financiera daría informa­ción ni positiva ni negativa de una persona (sobre cuentas), así como una certificación al público”, señaló Preda, quien agregó que sería siempre en el marco de algún proceso judicial.

Recordó que el pronuncia­miento del Gobierno de Sey­chelles no es en el marco de una respuesta a una coo­peración internacional en materia penal. Insistió que la declaración firmada por Thereza Dogley, del citado Gobierno africano, pudo ser “a pedido de alguien que pidió que se certifique. Acá parece que responde a un pedido de alguien que le hace una con­sulta. Habría que ver el con­tenido de esa consulta”, dijo. Sobre el trabajo investigativo de este caso, Preda aseguró que el trabajo del Ministerio Público debe enfocarse en “investigar las cuentas, las personas jurídicas, no sola­mente las que tienen las cuen­tas en Seychelles, sino las que a su vez hicieron supuesta­mente transferencias a esas cuentas que otras veces eran otras personas jurídi­cas”, señaló en relación a las empresas establecidas en Hong Kong y Dubái, desde donde se hicieron las millo­narias transferencias.