Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.

El presidente Santiago Peña designó a Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y al economista Ramón Ramírez, exviceministro de Administración Financiera, como responsables de llevar adelante la intervención en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este respectivamente. Los decretos de la Presidencia de la República llevan el número 4.058 en el caso de Ramírez, y 4.059 para la designación de Pereira.

Las designaciones se dan en el marco de la auditoría aprobada por la Cámara de Diputados para verificar la gestión de los intendentes Miguel Prieto, de CDE, y de Oscar “Nenecho” Rodríguez, de Asunción.

De acuerdo a la información brindada desde el Ejecutivo, el jefe de Estado eligió a estos dos perfiles por su alto conocimiento técnico y destacada trayectoria en el servicio público como privado.

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Días atrás, se informó que el mandatario había propuesto el trabajo de intervención de la municipalidad de Asunción, al actual soncejero del IPS, el exminis­tro y doctor en ciencias con­tables Carlos Alberto Pereira Olmedo, quien había señalado que ayer lunes estaría dando su respuesta al jefe de Estado.

El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas indicó que será un trabajo muy delicado el que llevará adelante en la comuna capitalina.

Por su parte, el economista Ramírez, que fue en su momento miembro de directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y trabajó hasta finales del 2023 en el Banco Mundial, comentó en conversación con radio 1020AM, que hoy martes tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente Santiago Peña, quien le propuso llevar adelante la intervención de Ciudad del Este y éste aceptó el compromiso.

“Tuve una conversación con el presidente y me solicitó asumir esta responsabilidad. Tengo una historia de trabajo con él cuando ambos estábamos en el Ministerio de Hacienda, y en base de esa confianza y el relacionamiento que tenemos me pidió asumir este desafío”, mencionó.

Señaló que las instrucciones que recibió de parte del jefe de Estado, es llevar adelante un trabajo estrictamente técnico y sólido para que la ciudadanía en general y sobre todo la de Ciudad del Este tenga la tranquilidad de que se estará llevando adelante un trabajo serio.

“Yo soy un técnico, cuento con una carrera técnica en el servicio público y en tal carácter asumo esta responsabilidad. Actualmente, estoy acogido a la jubilación, si estoy llevando algunos trabajos de asesoría externa, pero ya no estoy vinculado al sector público ocupando alguna función o cargo específico”, precisó.

Indicó que ahora se encuentra abocado en conformar a su equipo de trabajo de tal modo a llevar adelante la intervención y recuperar la normalidad del funcionamiento institucional del municipio, en el menor tiempo posible.

“Creo que mi principal desafío es que la gente confíe en el resultado de nuestro trabajo y solo vamos a ganar esa confianza con un trabajo serio. Vamos a llevar adelante un trabajo serio, técnico, responsable y ajustado a las normas. Vamos a hacer que la ciudadanía confíe en el resultado de esta intervención. Acá no importa colores ni partido, la gente de Ciudad del Este merece confiar en las instituciones”. remarcó.

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El diputado Juan Manuel Añazco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que el Gobierno, a través de la Cancillería, está realizando un trabajo de seguimiento de la situación de los compatriotas que se encuentran en Israel y expresó su preocupación hacia la situación actual y de los paraguayos que se encuentran en zona de conflicto.

“Quiero manifestar mi profunda preocupación, así como todos los integrantes de la comisión y de los colegas sobre la situación que atraviesan nuestros compatriotas en el Estado de Israel como consecuencia del grave conflicto armado en esa región”, expresó durante la sesión de la Cámara de Diputados este martes. Asimismo, indicó que desde la comisión asesora se encuentran monitoreando todas las acciones que está realizando la Cancillería nacional.

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“Desde esta comisión mantenemos comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de acompañar y respaldar todas las gestiones de la Cancillería en coordinación con nuestro embajador en Israel. Estas acciones se están llevando adelante para asistir a los connacionales afectados por esta crisis, se han activado los canales diplomáticos pertinentes y se está trabajando intensamente para garantizar la seguridad, la contención y los casos necesarios en cuanto al retorno al país de los compatriotas que así lo requieran”, añadió.

Igualmente, destacó las acciones y la gestión de la embajada paraguaya en Israel, representada por el embajador Alejandro Rubin, en cuanto a la asistencia y contención a los connacionales en situación de peligro. De acuerdo a la representación diplomática, alrededor de 220 paraguayos se encuentran en tierras israelíes.

“Quiero destacar también el compromiso de nuestra representación diplomática y reiterar el acompañamiento de esta cámara a las acciones institucionales que tienen como objetivo principal proteger la vida y la integridad de los paraguayos en el exterior. Paraguay no abandona a los suyos, y con esto es una oportunidad de demostrar que el Estado está presente, incluso en los contextos más adversos”, sentenció.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el sistema de alerta Mafe, en memoria de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta Amber, que se aplica en otros países.

El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas de esta iniciativa, argumentó que el objetivo es establecer un mecanismo legal para los casos de desapariciones forzosas de personas, principalmente de menores de edad. El proyecto pasa a partir de ahora a la Cámara de Senadores para seguir el curso legislativo.

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“Solicitar el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia, incluso una comunidad”, alegó el diputado.

El legislador expuso que en lo que va del 2025 ya se registraron aproximadamente 900 personas desaparecidas en el Paraguay. “Esta es una realidad cruda, es una realidad dura, angustiante para miles de familias que esperan un marco legal que les diga cómo proceder en estos casos, y ese es el objetivo de esta ley”, indicó y agregó que la ley Mafe será una herramienta crucial para la búsqueda y la localización de personas que se encuentran desaparecidas.

“Hoy la ley Mafe, es en honor a María Fernanda, que de haber contado con una herramienta, con un sistema de alarmas que active a toda la sociedad dentro de las 24 horas que son las más críticas cuando una persona desaparece de manera forzosa, a lo mejor hubiera tenido una mínima esperanza de tener un resultado distinto del que tuvimos como sociedad”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad, expuso el dictamen de esta instancia legislativa que fue la de la aprobación. Recordó también que un proyecto similar ya fue trabado en Diputados, pero fue rechazado por el Senado.

“Esta no es la primera vez que este proyecto está aquí, un proyecto muy similar ya estuvo en Diputados, sin embargo, este es mejorado, tuvo origen en Diputados y obtuvo la media sanción de esta Cámara. Este es un hecho, que obviamente marca un hito histórico lamentable y trágico”, indicó la diputada.

El diputado Rodrigo Blanco propuso dar participación a la Asociación de Familias Desperecidas del Paraguay como coadyuvante de las tareas de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas del Paraguay, que una vez recibida la denuncia inmediatamente comunique a la asociación sin perjuicio del orden jerárquico que lo organiza; así también se dará participación al representante de la asociación a fin de que la misma pueda coayudar en las tareas de búsqueda.

La propuesta fue acompañada por al diputada Abed y el pleno aprobó esta modificación. “La asociación tiene y ha tenido un trabajo muy importante, son realmente los más afectados con la desaparición de sus familiares, por eso, incorporar esa facultad de poder contar con la colaboración de ellos resulta muy beneficioso en ese ámbito, en lo facultativo”, destacó la legisladora.

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