La Concertación tenía una crisis interna que se venía agravando. Era el reclamo que nacía de partidos y candidaturas de menor volumen electoral que son integrantes y que veían como un peligro ir a una interna donde la estructura, recursos y padrón del PLRA daban por descontado el resultado. Un candidato liberal sería la cabeza o al menos debería ser parte de la chapa presidencial.
Desde el lugar de quienes lo hacían, el reclamo era absolutamente válido. Ir a una especie de interna ampliada de los liberales complicaba muchísimo las eventuales chances de construir alguna alternativa. Candidaturas como la de Soledad Núñez o Kattya González fueron las principales voceras del planteamiento y se lo hicieron saber en diversos modos, tonos y con distintas señales, desde las más directas hasta otras un poco más diplomáticas.
Es en ese contexto en el que se plantea la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que autoriza el uso del padrón nacional para la interna de la Concertación. Está demás decir que no entramos en consideraciones constitucionales ni mucho menos legales porque definitivamente no vienen al caso. Esto es política pura y dura. Lo que estamos viendo es la disputa encarnizada para llegar al poder en el 2023. Por eso el TSJE debió solucionar una cuestión que debió ser resuelta entre las partes del conglomerado opositor. Fue la primera prueba de amor que se les pidió a los ministros opositores, César Rossel y Jorge Bogarín. Eso sí, fue la primera de muchas que vendrán.
Desde la ANR, el único movimiento que salió a manifestar fuertemente su desacuerdo con la medida fue Honor Colorado. Para Pedro Alliana, precandidato a vicepresidente de la República, lo adoptado es una aberración jurídica y un atropello a la Constitución. En el Gobierno tienen otra mirada, muy distinta, hay que decirlo. En un primer momento, tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República se habrían comprometido a impugnar la resolución. Cuándo no, apenas unas horas después cambiaban de idea y decidieron echarse para atrás. Prefieren no generar focos de conflictos con sus amigos de la oposición y, sobre todo, preservar el conflicto interno con sus correligionarios.
El reclamo que hacían los partidos y candidaturas menores tiene que ver con las expectativas de poder atraer y captar votos de colorados que usualmente no votan ni en las internas de su partido, incluso ni siquiera en las generales y hacerlo participar en las primarias de la Concertación. Un segmento del electorado que cualquiera con algún conocimiento y experiencia en Estrategia y Comunicación Política sabe que es extremadamente difícil de movilizar. Lo mismo pasa con los independientes, quienes ya por algo hacen de su no afiliación un tema de principios. Agrava la cuestión el hecho que al parecer la decisión del TSJE tendrá enormes reparos a la hora de operativizarla. ¿Cuántos locales de votación se usarán? ¿Cuántas máquinas de votación serán necesarias? ¿Son suficientes las que se tienen o estaremos ante un escenario en el que toda la ciudadanía deberá pagar la interna de la oposición porque deberá recurrirse a una ampliación presupuestaria para el Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Cuánto va a costar una interna que será como unas elecciones generales anticipadas y, sobre todo, de dónde saldrá esa plata? ¿Terminará pagando el TSJE la interna de la oposición cuando que debería de salir de los aportes y subsidios que recibe cada partido que integra la Concertación? ¿Hasta dónde van a llegar con estas pruebas de amor? ¿Cómo se llegará al 2023 con una imagen del TSJE tan desgastada y sesgada? Demasiadas preguntas, casi nada de respuestas y cada vez menos tiempo.
¿Cuánto va a costar una interna que será como unas elecciones generales anticipadas y, sobre todo, de dónde saldrá esa plata?
¿Son suficientes las que se tienen o estaremos ante un escenario en el que la ciudadanía pagará la interna de la oposición porque deberá recurrirse a una ampliación presupuestaria para el TSJE?