El exdiputado oviedista Gustavo Mussi formuló una denuncia contra el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Foto: Gentileza.
Gustavo Mussi denuncia arbitrariedad del TEP al revocar el reconocimiento de su movimiento
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El exdiputado oviedista Gustavo Mussi formuló una denuncia contra el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Dijo que este tribunal revocó el reconocimiento del Movimiento Oviedista Ético Republicano (Mover), por lo que tuvo que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
“El movimiento Mover está reconocido por el Tribunal del Partido Colorado, después cuando salimos a dar la vuelta, todo el mundo nos decía por qué no hacen otra vez Unace (Unión Nacional de Colorados Éticos) que era el primer movimiento que tuvo el Gral. Oviedo dentro del Partido Colorado”, comentó a la 1020 AM.
Mussi dijo que consultó con las autoridades del TEP sobre la posibilidad de que el movimiento sea reconocido con ese antiguo nombre y “nos dijeron que sí”. “Queríamos tener ese mismo nombre por más de que exista un partido político que es el de Ciudadanos Éticos”, refirió.
Explicó que pretenden presentar candidaturas a senaduría, para la Gobernación de Central y la Junta Departamental, así como para la diputación por capital. “Pero qué pasó con nosotros, lo que es Unace liquidaron los del Tribunal. Qué quiere decir liquidaron, no nos reconocieron”, lamentó.
El exparlamentario relató que ante este impasse con el TEP, tuvo que apelar a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero hasta el momento no se han expedido sobre el punto. “Por el momento vamos a seguir jugando dentro del Partido Colorado, vamos a agotar todas las instancias. Están poniendo la soga al cuello”, mencionó.
El excongresista guaireño utilizó las redes sociales para dar a conocer un comunicado en el que expone lo que aconteció con el nuevo movimiento y exterioriza su indignación por la actuación del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Doce movimientos registrados para internas coloradas
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El plazo para completar la documentación vence el lunes 30 de noviembre a las 13:00.
El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) registró la solicitud de reconocimiento formal de doce movimientos internos con miras a los comicios partidarios y las elecciones generales de 2028. El trámite habilita a las corrientes a acreditar apoderados y supervisar la confección del prepadrón y el padrón definitivo. El plazo para completar la documentación vence el lunes 30 de noviembre a las 13:00.
Entre los inscriptos figuran Renovación Colorada (Carlos Núñez Agüero, Lista 7), Fuerza Republicana (Hugo Velázquez, Lista 3), Causa Republicana (Lilian Samaniego, Lista 5) y Reconciliación Colorada (José Argaña Hermosa, Lista 2), además de referentes regionales y agrupaciones como Unidad Colorada de Canindeyú, Grandeza Colorada y Compromiso Republicano, entre otras. Facciones mayoritarias como Honor Colorado (Horacio Cartes) y Colorado Añetete (Mario Abdo Benítez) aún no formalizaron su registro.
Legisladores y dirigentes tradicionales ya aseguraron reserva de listas para la contienda interna.
El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), resolvió este 10 de noviembre la expulsión del expresidente de la República, Santiago Peña de las filas del coloradismo. La decisión quedó asentada en la Resolución T.C. N.º 10/2026 y se fundamenta en el juicio político del pasado 6 de noviembre, que lo declaró culpable por mal desempeño de funciones.
Los miembros del Tribunal sostuvieron que Peña incurrió en conductas que vulneraron el Estatuto Partidario y el Código de Ética, además de causar un grave daño al país y a la agrupación política.
La resolución será comunicada a la Junta de Gobierno y al Tribunal Electoral Partidario (TEP) para su registro pertinente. Tras una década de afiliación, Peña queda fuera de las filas de la ANR, según la resolución partidaria.
Peña se afilió a fines de octubre de 2016, en el marco de una convención colorada y tras estar afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde los 17 años de edad.
Su expulsión fue planteada por Carmen Alonso, miembro titular de la Junta de Gobierno, en una nota dirigida a Gustavo Cazal Riego, presidente del Tribunal de Conducta.
En su nota, la extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en el gobierno de Mario Abdo Benítez, mencionó que el “afiliado Santiago Peña Palacios fue electo presidente del Paraguay en representación del Partido Colorado, defraudando esa máxima distinción, generando un daño irreparable a la imagen del país y del partido; poniendo en riesgo la permanencia del Partido Colorado (ANR) en las próximas elecciones generales a llevarse a cabo en el período 2028″.
Los directivos de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) presentaron denuncia penal contra ueno bank, ante el Ministerio Público. Foto: Archivo
Conatel presenta denuncia penal contra ueno bank ante la Fiscalía
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.
Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.
En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.
En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.
Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.
“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.
Itaipú Binacional realiza denuncia penal por afectación de fondos en ueno bank
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La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.
En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.
Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.