La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fon­dos ocultos en islas Seyche­lles por valor de 21 millo­nes de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel San­tagada y el periodista y ana­lista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibili­dad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la grave­dad de la acusación.

“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tenga­mos a expresidentes inves­tigados o condenados, even­tualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fun­dador del portal Periodis­moyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó ade­lante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.

El abogado indicó que “es importante que haya comu­nicaciones e información ins­titucional sobre todas las cau­sas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un fun­cionario público, un expresi­dente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa cre­cer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una fil­tración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limi­tada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts Interna­tional Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patri­monio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriqueci­miento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y Jaime Bestard, justificaron la decisión de adquirir nuevas máquinas de votación, argumentando que la medida representa una inversión estratégica que permitirá al Estado ahorrar más de USD 100 millones en los próximos procesos electorales.

Jorge Bogarín sostuvo que las elecciones municipales y generales pasadas se realizaron con máquinas alquiladas, lo que implicó un costo de entre USD 30 y 33 millones por cada proceso. En cambio, con la compra actual estimada en USD 93 millones, se podrán cubrir al menos diez elecciones, lo que generaría un ahorro considerable para las arcas públicas.

“Estamos en presencia de un ahorro para el país de más de USD 100 millones y creo que es una inversión fundamental para lograr la autonomía e independencia de la institución y para la credibilidad de las autoridades que son electas en estas condiciones”, aseguró.

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En la misma línea, el ministro Jaime Bestard señaló que depender del alquiler limita la soberanía del TSJE sobre los procesos electorales. “Cuando se alquila, las máquinas se retiran al terminar el evento. Incluso, durante una interna o elección general, la empresa puede llevárselas por otros compromisos, generando desconfianza en la ciudadanía”, explicó.

Bestard también destacó que ser propietarios de las máquinas y de la tecnología brinda tranquilidad y permite reaccionar con agilidad ante eventuales elecciones imprevistas. Afirmó ante la 1020 AM que, si se audita y fiscaliza adecuadamente, el sistema electrónico ofrece mayor seguridad que el voto con papeletas dado que el acta no se puede alterar.

Ambos ministros coincidieron en que la adquisición busca fortalecer la institucionalidad electoral, aumentar la credibilidad del sistema y garantizar mayor transparencia en el desarrollo de los comicios.

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La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “Cara o cruz” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.

“No damos idea cuanto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”. El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

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“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

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El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.