La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspen­sión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales muni­cipales del 2026 y las presi­denciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realiza­mos la revisión técnica de las máquinas que están en com­petencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avan­zar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Elec­torales, Carlos María Ljube­tic, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida caute­lar solicitada por la empresa Bypar SA, con la cual el pro­ceso de compra queda nue­vamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máqui­nas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el pro­blema está que no reúne nin­guno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera parti­cipó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcio­nario de la Justicia Electoral.

Esta misma empresa pre­sentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para com­prar las máquinas de votos luego de varias suspensio­nes.

“Preocupa porque noso­tros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder ini­ciar el proceso de capacita­ción a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justi­cia Electoral, preparar el sof­tware”, puntualizó.

El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.

Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.

“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.

Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.

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Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.

El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.

El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspensión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realizamos la revisión técnica de las máquinas que están en competencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avanzar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Bypar S. A., con la cual el proceso de compra queda nuevamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el problema está que no reúne ninguno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera participó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcionario de la Justicia Electoral.

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Esta misma empresa presentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para comprar las máquinas de votos luego de varias suspensiones. “Preocupa porque nosotros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justicia Electoral, preparar el software”, puntualizó.

Ljubetic siguió sosteniendo que “esta gente ni siquiera debería tener legitimación activa, porque cuando nosotros pedimos que las firmas nos presenten sus precios referenciales, ellos no se presentaron, cuando llamamos a los técnicos para ir viendo las máquinas, tampoco se presentaron, ni siquiera se presentaron durante el proceso de la apertura de ofertas para licitar”.

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