En su informe de gestión, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, elogió lo que considera logros obtenidos por su gobierno en el ámbito de la salud, pero olvidó o evitó mencionar las innumerables falencias que aquejan a la población a diario y que le costaron y le cuestan la vida a miles de paraguayos.

Se jactó de haber aumentado la capacidad de camas de terapia intensiva en el sistema de salud pública, pero ello fue posible únicamente debido a la urgencia derivada de la pandemia del COVID-19, que generó un aumento considerable en la demanda.

Gran parte del 2021 se caracterizó por la gran cantidad de contagios diarios, fallecidos e internaciones por COVID-19, lo que saturó la mayoría de los hospitales tanto públicos como privados, y obligó a asumir medidas por parte de las autoridades.

Y fue, en este contexto, en que el Gobierno retomó viejas prácticas de corrupción en las compras del Estado, con comisiones y demás, y la gente quedó desamparada en el momento de mayor necesidad del país. Las carencias en salud desembocaron en más de 18.000 muertos en una de las peores gestiones del mundo en el manejo de la pandemia.

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En la etapa más crítica, se llegaron a registrar más de 4.000 internados en sala común y más de 600 internados en unidades de cuidados intensivos (UCI). Asimismo, durante varias semanas se tuvo que lidiar con una lista superior a los 200 pacientes en espera, quienes debían ser atendidos en camillas improvisadas, sillas de ruedas y hasta sofás ante el colapso de los servicios. En el peor de los casos, muchos de ellos debían permanecer aguardando en los pasillos del hospital, sin tener siquiera un lugar fijo.

Hasta agosto del 2019, tan solo había un total de 308 camas para cuidados intensivos en nuestro país, lo cual ya en ese entonces era insuficiente para la demanda que se registraba. Como parte de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud también se vio forzado a suscribir un convenio con los sanatorios privados con el fin de poder brindar asistencia a pacientes COVID que requieran internación. Si bien la medida permitió dar cierto respiro al ya saturado sistema público, esto acarreó problemas en lo que se refiere al cumplimiento de los pagos por la prestación de dichos servicios.

Hasta inicios de junio de este año, la deuda con los sanatorios privados seguía sin ser abonada en su totalidad, quedando pendiente un remanente de entre 10 a 15 millones de dólares, según confirmó el presidente de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados del Paraguay, José Zarza.

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Si hablamos de la pandemia de COVID-19 necesariamente tenemos que hablar de la vacunación, algo que ha generado importantes críticas por parte de la ciudadanía a la gestión tanto del Ministerio de Salud como del mismo Gobierno Nacional.

Son varios los que cuestionan la demora que hubo para que Paraguay reciba las vacunas anti-COVID, sobre todo del mecanismo Covax que hasta el momento sigue sin cumplir con lo pactado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre el exministro de Salud Julio Mazzoleni, quien no llegó a sellar acuerdos con los principales fabricantes, a la espera de que el sistema creado por la OMS para la provisión de dosis funcione adecuadamente, cosa que finalmente no sucedió.

Por esa negligencia ministerial, Paraguay arrancó su campaña de vacunación de manera tardía y con apenas 4.000 vacunas Sputnik V que llegaron en febrero del año pasado, de un total de 1.000.000 de dosis que fueron llegando casi a cuentagotas. Posteriormente, se fueron recibiendo otros lotes de esta y otras plataformas, aunque nunca en la cantidad esperada.

Una frase que se popularizó el año pasado –en paralelo a la recepción de vacunas– fue “Paraguay vive de las donaciones”, la cual se ajustaba con exactitud a la realidad, puesto que la caridad de diferentes países como Alemania, España, Uruguay, Chile o Estados Unidos permitieron avanzar con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Justamente, fue el gobierno estadounidense el que contribuyó en mayor medida a ir cumpliendo con este objetivo de manera acelerada gracias a la donación en tiempo récord de 2 millones de dosis de Pfizer, divididas en dos tandas.

Una de las falencias más graves en materia de salud –y que inclusive casi le costaron el cargo al presidente Mario Abdo Benítez– tiene que ver con la falta de insumos y medicamentos en los hospitales debido a la gran cantidad de pacientes internados.

Dos de los fármacos que estuvieron con problemas de stock entre marzo y abril fueron el atracurio y el midazolam, altamente demandados por los hospitalizados en terapia intensiva. Esto obligó a los familiares a gastar sumas millonarias para adquirir las ampollas en el sector privado, ante la carencia en los hospitales públicos como el Ineram, el Hospital Nacional de Itauguá, entre otros tantos.

Otro momento crítico fue cuando se produjo un aumento en la demanda de oxígeno medicinal en los hospitales, también como consecuencia de las internaciones por COVID-19, hecho que generó una saturación en los servicios de salud que llegaban a tener cada vez mayor necesidad de reaprovisionarse.

Los familiares nuevamente se vieron obligados a recurrir a todos los medios a su alcance para conseguir recargar los balones de oxígeno para los pacientes a su cargo, a veces hasta gastando más dinero del que tenían a disposición, todo con el objetivo de darles una esperanza de vida.

Recién tras producirse esta crisis, el Gobierno empezó a hacer las gestiones necesarias para la construcción de plantas de oxígeno en varios hospitales regionales y distritales, sobre todo en el interior del país, ya que la mayoría aún no contaba con una propia y dependía exclusivamente de las recargas diarias que estaban a cargo de las empresas con las que tenían contrato.

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Saliendo de todo lo relacionado a la pandemia de COVID-19, hay otras cuestiones que también merecen ser objeto de cuestionamiento al actual gobierno por su falta de acciones firmes. Una de ellas tiene que ver con la deuda pendiente que existe con los pacientes oncológicos, quienes desde hace años vienen clamando por una mejora en las condiciones en el sistema público para tener una mejor calidad de vida y, sobre todo, para poder combatir de una mejor manera contra la enfermedad a través de los diferentes tratamientos que requieren.

La falta de medicamentos –en su mayoría costosos– y la insuficiente cantidad de equipamientos son los principales reclamos de este sector, que constantemente debe organizar manifestaciones para dar visibilidad a su lucha. Los pacientes con cáncer deben recurrir a polladas, rifas y otras actividades solidarias para poder costear sus respectivos tratamientos, principalmente para la compra de los fármacos que, en mayoría de los casos, no pueden encontrar gratuitamente a través del sistema de salud pública.

En lo que se refiere a equipamientos, la principal carencia tiene que ver con la poca cantidad de aceleradores lineales, utilizados para los tratamientos de radioterapia. Hasta la fecha, el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) –que hasta ahora sigue siendo el único centro especializado a nivel oncológico en todo el país– cuenta con solo dos aceleradores lineales, a la espera de un tercero cuya llegada había sido prometida para el primer semestre del 2022.

En vista a que la lista de espera sigue siendo considerable, son varios los que deben recurrir al convenio que posee el Ministerio de Salud Pública con el sector privado para someterse a la radioterapia, lo cual genera un gasto millonario al Estado de forma anual.

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