El periodista argentino Luis Gasulla salió al paso de la defensa esgrimida por el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, quien mediante una carta del gobierno de Seychelles, la cual incumple las reglas de una investigación oficial, pretende desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la publicación realizada por el medio de investigación Periodismo y Punto.

“Sobre la supuesta desmentida del expresidente de Paraguay Abdo, en los próximos días habrá novedades. Si leen su comunicado no desmiente la investigación“, se limitó a manifestar Luis Gasulla a través de sus redes sociales oficiales.

La publicación realizada por el periodista argentino, el pasado 20 de julio, refiere que los datos fueron obtenidos mediante una filtración de fuente confidencial. Detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.

Lea también: Abdo offshore: carta de Seychelles incumple reglas de una investigación oficial, dice Preda

De acuerdo al informe confidencial, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran también como beneficiarios finales Abdo Benítez y Lopéz Moreira. Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

El 24 de julio, la Fiscalía paraguaya abrió de oficio una causa penal acerca de estos supuestos fondos ocultos en Seychelles, ante un posible delito “a determinar”. No obstante, se configura posi­bles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y eva­sión en el caso de haberse omitido su mención de las decla­raciones juradas.

Te puede interesar: Reforma del transporte evitará que USD 50 millones sean “tirados al vacío”, dice Bachi

El abogado penalista Ricardo Preda rati­ficó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales ofi­ciales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada.

El exmandatario busca des­mentir que sea titular de cuentas bancarias que ocul­tarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus pre­suntos beneficiarios.

“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este docu­mento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a tra­vés de las reglas de coopera­ción internacional”, comentó Preda a través de una entre­vista con el programa “La caja negra”, emitido por Uni­canal.

Abdo Benítez busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, con la firma de Thereza Dogley, quien sería secretaria prin­cipal de la Oficina del Presi­dente de la República de Sey­chelles.

“Esta carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, no creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecu­tivo sea la autoridad compe­tente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades finan­cieras en un país. Estimo yo que no se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional sobre la inves­tigación abierta en Paraguay”, dijo Preda. El abogado siguió sosteniendo que “realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecu­tivo haga esa afirmación en un documento que aparen­temente se expide como un comunicado o certificado a pedido de alguien”.

Tal como lo habían adelantado los medios del grupo Nación Media, el caso de las supuestas cuentas offshore del expresidente Mario Abdo Benítez tuvieron el desen­lace diseñado por la manio­bra artera de sus abogados. En menos de 15 días, una declaración del Gobierno de la nación insular –que no reviste carga legal ni consti­tuye un dictamen jurídico– daba cuenta que el exmanda­tario no era titular de cuentas bancarias.

“Según la información de que disponen actualmente las autoridades competentes de la República de Seychelles, no existe constancia ni indi­cio de que las personas nom­bradas, ni ninguna entidad identificada en los citados informes como asociada con ellas, posean fondos, cuen­tas bancarias o intereses corporativos, inmobiliarios o financieros de otro tipo en Seychelles”, indica el docu­mento exhibido ayer por el exmandatario.

Inmediatamente, luego se montó otro show: primero el propio Abdo Benítez en sus redes sociales, luego sus aliados en los medios ami­gos y siguiendo sus adláteres políticos en cuantas emisoras eran convocados. El empre­sario del asfalto se declaró inocente de un cargo que nadie le acusó ni le endilgó: se sabía que la estrategia era buscar una respuesta “oficial” (más bien un pro­nunciamiento político) de Seychelles para desligarse del embarazoso escándalo de cuentas offshore en un paraíso fiscal. El mecanismo era “solicitar” información que señale si la expareja pre­sidencial poseía una cuenta a su nombre. Lógicamente, la respuesta fue negativa. La publicación del perio­dista argentino Luis Gasulla nunca atribuyó que las cuen­tas estuvieran a nombre de Abdo y su esposa, sino que eran directos beneficiarios finales de las mismas. Pre­cisamente, el documento enviado por el Gobierno afri­cano, firmado por la secretaria principal de la Presiden­cia de Seychelles, Thereza Dogley, no hace alusión a lo que la filtración publicada por el periodista argentino seña­laba sobre los beneficiarios. En este sentido, la comunica­ción del Gobierno africano no hace ninguna referencia. Sí hace una alusión muy impor­tante que tiene que ver con la fuerza que tiene ese docu­mento.

Según el Gobierno de Seyche­lles “esta declaración” se basa en “la información disponible en el momento de su emisión y no constituye un dictamen legal, certificación o garan­tía”, lo cual abre un resqui­cio para que eventualmente si surge nueva data se pueda indagar sobre la misma. En otro apartado, señala que el documento “no debe inter­pretarse como una conclu­sión legal definitiva”.

El 20 de julio pasado, el portal de investigación argentino Perio­dismo y Punto, de Gasulla, divulgada en el vecino país y al mundo el escándalo sobre las supuestas cuentas offshore, vinculadas al expresidente y su esposa de manera indirecta. Él y su esposa serían beneficiarios finales de dos cuentas en las islas Seychelles: una abierta en 2022 por Star Capital Financial Services (cuando aún era presidente de la República) y otra en 2023 por Exchange Contracts International Finance. Los depósitos, que sumarían alrededor de USD 21 millones, provendrían de transferencias internacionales canalizadas a través de estas sociedades, no a título personal, desde empresas instaladas en zonas como Hong Kong y Dubái. El Ministerio Público paraguayo abrió una investi­gación innominada y ya realizó diligencias en este sentido, rela­cionado a un exhorto vía Seprelad.

Para el abogado Ricardo Preda es inusual que el Gobierno de Seychelles revelara datos sobre cuentas bancarias, pese al secreto reforzado que rige en el Al Salam Bank.

Para el abogado Ricardo Preda es llamativo que una información tan sensi­ble sobre datos bancarios pudiera haber sido revelado por entidades financieras de Seychelles al Gobierno de ese país. Máxime cuando el Al Salam Bank, que sería una de las entidades que abrió una cuenta que tiene a Mario Abdo Benítez como beneficia­rio final, posee secreto ban­cario reforzado, despierta aún más dudas. El secreto reforzado quiere decir que los datos de titulares y bene­ficiarios reales son confiden­ciales y no están disponibles en registros públicos.

“Ni siquiera en Paraguay sería admisible que incluso el presidente del Banco Central emita un certificado diciendo que Ricardo Preda tiene cuenta en el sistema finan­ciero paraguayo”, recalcó el abogado. Según explicó, en nuestro país difícilmente un órgano daría información pública sobre si una persona tiene o no tiene cuentas.

“En ningún caso una autori­dad financiera daría informa­ción ni positiva ni negativa de una persona (sobre cuentas), así como una certificación al público”, señaló Preda, quien agregó que sería siempre en el marco de algún proceso judicial.

Recordó que el pronuncia­miento del Gobierno de Sey­chelles no es en el marco de una respuesta a una coo­peración internacional en materia penal. Insistió que la declaración firmada por Thereza Dogley, del citado Gobierno africano, pudo ser “a pedido de alguien que pidió que se certifique. Acá parece que responde a un pedido de alguien que le hace una con­sulta. Habría que ver el con­tenido de esa consulta”, dijo. Sobre el trabajo investigativo de este caso, Preda aseguró que el trabajo del Ministerio Público debe enfocarse en “investigar las cuentas, las personas jurídicas, no sola­mente las que tienen las cuen­tas en Seychelles, sino las que a su vez hicieron supuesta­mente transferencias a esas cuentas que otras veces eran otras personas jurídi­cas”, señaló en relación a las empresas establecidas en Hong Kong y Dubái, desde donde se hicieron las millo­narias transferencias.

La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.

Según informó hoy en conferencia de prensa la titular de Sedeco, Sara Irún, las fiscalizaciones comenzaron en farmacias denunciadas por ofrecer artículos con alerta sanitaria, cuya comercialización fue prohibida por Dinavisa y otras agencias regulatorias de la región.

Las irregularidades también alcanzaron a sucursales de una conocida cadena de minimercados, donde se hallaron mayonesas, quesos, yogures, cereales, embutidos y panificados vencidos, así como cárnicos envasados al vacío con reetiquetados irregulares y aspecto alterado.

Leé también: “Paraguay tiene un potencial enorme”: empresarios chilenos exploran oportunidades de inversión

“Estamos hablando de un riesgo directo para la salud y la vida de los consumidores. Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las actividades de los locales afectados, hasta que regularicen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, afirmó Irún.

También resaltó que esto no se trata de casos aislados, sino de una falla sistemática en los controles del proveedor, por lo que ya se abrieron 12 sumarios y se remitieron los antecedentes a Dinavisa.

Las intervenciones se realizaron en el marco de un convenio interinstitucional firmado recientemente entre ambas entidades, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, de reforzar la protección a los consumidores.

Por su parte, el director de Dinavisa, Dr. Jorge Illou, confirmó que también fueron intervenidas plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas.

Señaló que los análisis microbiológicos confirmaron que el producto no era apto para el consumo. Ante esto, se dispuso la cuarentena de los lotes, la prohibición de su venta, el retiro del mercado y el cese temporal de actividades.

Las autoridades coincidieron en que las medidas buscan corregir las malas prácticas, sin afectar a los trabajadores de las cadenas, y ratificaron que continuarán con los operativos para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad sanitaria de la ciudadanía.

Te puede interesar: Del 15 al 29 de agosto inicia “Ahorra Py”, campaña de descuentos en la canasta básica