El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, anunció este martes, que nota mediante solicitarán al presidente del Congreso, Basilio Núñez, la instalación de una Comisión Bicameral para trabajar sobre una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión social (IPS). Así también, sobre la deuda del estado de unos USD 600 millones con el ente previsional.

Luego de la reunión que mantuvieron los miembros de la Permanente con el titular del Consejo de Administración del IPS, el doctor Jorge Brítez, quien fue invitado por los parlamentarios con la finalidad de analizar la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron las últimas decisiones que acordaron durante el encuentro.

Al respecto, Soroka señaló que se deben buscar dar soluciones de fondo, ya que la situación “arde” en el corazón y el sentimiento de los asegurados. Mencionó que la propuesta de analizar la modificación de la Carta Orgánica del IPS, es porque la misma data de 1943; que con los años fueron sumando adendas, pero que no llegaron a resolver los problemas, e incluso muchas de ellas pudieron llegar a agravarse.

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Indicó que como segundo punto a ser analizado en esa comisión bicameral es la deuda del Estado con la previsional, cuyo monto supera los 600 millones de dólares.

“Cuando el sector privado adeuda, muchas veces no tiene contemplaciones, por tanto el Estado paraguayo debe también en ese sentido ponerse las pilas. Por eso, desde la Bicameral buscamos salidas sobre dos puntos específicos. Hoy enviaremos la nota al presidente del Congreso, Basilio Núñez, para que en las primeras sesiones del mes de marzo si hay la voluntad política de conformar un equipo bueno con técnicos de primera para buscar soluciones”, expresó.

Señaló que si no se logra alguna modificación concreta de al Carga Orgánica, seguirán pasando los presidentes del ente previsional, que seguirán lamentando que se sigan limitando las acciones. Destacó que en ambas cámaras del Congreso se cuenta con excelentes técnicos, así como técnicos de afuera que podrán trabajar en conjunto de tal modo a lograr una nueva reglamentación acorde a los tiempos.

“Coincidimos plenamente con la situación de crisis que vive el IPS, una situación que ya arde tal vez, en el corazón y en el sentimiento de las personas y más todavía en los asegurados y la idea es agarrar esa posta de fuego que institucional y parlamentariamente va encontrar una salida”, enfatizó.

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La diputada María Ida Cattebeke acompañó este miércoles la verificación de obras destinadas a la primera infancia en la ciudad de Benjamín Aceval (Presidente Hayes). El proyecto está coordinado por el despacho de la primera dama de la Nación.

Fueron verificadas obras del programa “Semillas del Futuro”, que contempla la construcción de espacios de atención integral para niños en los 17 departamentos del país.

La legisladora colorada y otras autoridades locales y nacionales, durante la visita, compartieron con las familias beneficiarias para reafirmar el compromiso del Gobierno con el desarrollo y cuidado de la primera infancia en la región del Bajo Chaco, según comentó.

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En su carácter de representante departamental, la congresista acompañó el recorrido y destacó la importancia de articular esfuerzos para acercar servicios y políticas públicas a las comunidades del interior.

Se anuncia una serie de visitas que tienen por objetivo garantizar que las infraestructuras de cuidado infantil avancen según el cronograma establecido para el presente año.

Cattebeke comentó que desde el inicio de su labor legislativa, viene impulsando iniciativas orientadas al desarrollo social y al fortalecimiento de la presencia estatal en el décimo quinto departamento.

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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.

El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.

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“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.

Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.

También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.

“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.

Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.

• Fuente: AFP

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La Cámara Alta pos­puso hasta el 25 de marzo el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que tiene sanción de Diputados. El objetivo es seguir afinando los puntos divergentes con los gremios de docentes, policías y mili­tares.

El pedido de postergación fue realizado por el líder del movi­miento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, y fue acompañado de manera uná­nime por la plenaria. La deci­sión fue tomada en medio de movilizaciones a nivel país por parte de los gremios afecta­dos, principalmente el sector de los docentes, que se concen­tró en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El aplazamiento surgió tras una reunión mantenida entre senadores del oficialismo colorado y el vicepresidente Pedro Alliana, quien fue el portavoz del mensaje del Ejecutivo, que busca lograr el mayor consenso posible sobre la Caja Fiscal, cuyos números rojos significaron el año pasado un déficit de 380 millones de dólares.

Habida cuenta que se confor­mará una mesa técnica, los senadores coinciden que se introducirán nuevas modi­ficaciones a la iniciativa. Incluso ya se anunció desde la Comisión de Presupuesto del Senado, liderada por Sil­vio Ovelar, que se plantea­rán algunos ajustes al docu­mento.

Los senadores también deci­dieron aplazar para dicha fecha el estudio de la pro­puesta que plantea la modifi­cación de la Ley n.º 6112/2018 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación. El proyecto también ya cuenta con media sanción de Dipu­tados y entre los puntos clave aprobados se establece tex­tualmente una prohibición de que sea el Estado quien fon­dee la Caja Parlamentaria. La propuesta también eleva la edad mínima de jubilación, quedando en 55 años de forma extraordinaria, y 60 años de manera ordinaria.

La Caja Parlamentaria estará sostenida por el aporte de los activos, el aporte de los jubila­dos, los préstamos que pueda otorgar, y los certificados de depósito de ahorro que tienen hoy las cámaras legislativas.

Referente a los plazos, las jubilaciones serán des­pués de haberse cumplido 15 años, como mínimo. Con relación a los herederos de los parlamentarios falleci­dos, el proyecto de ley esti­pula que queda como benefi­ciario solamente el cónyuge, ya no así los hijos. Acerca del monto hubo una variación, ya que del 40 %, pasarían a recibir el 25 %. La propuesta con media sanción establece que el fondo de jubilaciones y pensiones será de carácter exclusivo para legisladores en ejercicio y para aquellos par­lamentarios ya jubilados que continúan realizando aportes al sistema.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que la pos­tergación del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal fue un consenso entre todos los sectores involucra­dos. Refirió que se cuenta con más de un mes para seguir con el diálogo para llegar a un punto intermedio.

Lo que pesó para tomar la decisión de postergar el tra­tamiento de la reforma de la Caja Fiscal, explicó el legislador fue “la conversación que hubo ayer con los gremios principal­mente, y la falta de llegar a últi­mos acuerdos en la conversa­ción que se tuvo esta mañana con los mismos que fue diri­gida por Silvio Ovelar, con los docentes principalmente y como no había todos los datos para tomar la última decisión, se decidió (la postergación)”, según dijo en conversación con los medios al salir de la sala de sesiones luego de llevar ade­lante la postergación.

El vicepresidente de la República destacó el diálogo y la capacidad de hallar consenso con los sectores afectados.

El vicepresidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, acudió ayer al Congreso para anun­ciar el pedido del Ejecutivo por la postergación y anun­ció la conformación de una mesa técnica con el Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF) para analizar las modificaciones.

“Acabo de comunicar que nosotros vamos a acom­pañar el pedido de aplaza­miento, por una semana o por 15 días. Se va a seguir conversando, así como ya se reunie­ron en 19 oportunidades, yo creo que esta una semana o quince días va a servir para seguir ajustando detalles. Lo importante es que podamos sacar lo antes posible”, dijo el vicepresidente en conferencia con los medios, en la previa de que los senadores votaran por aplazar el estudio del pro­yecto hasta el 25 de marzo.

Alliana afirmó que se seguirá conversando con todos los sectores para cumplir con gran parte de los reclamos. “Acá lo importante es el tra­bajo que viene realizando el Ministerio de Economía y el pedido de los parlamentarios, los senadores que escucharon a todos los sectores, y algunos reclamos que creemos que podemos conceder. Venimos a acompañar esto para seguir ajustando con el Ministerio de Economía”, expresó.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para ver hasta dónde podemos lle­gar con esos pedidos, que no afecte realmente al proyecto en general, o realmente a la transformación que se puede hacer en la caja”, explicó, pun­tualizando que tanto la ciu­dadanía como los propios afectados están de acuerdo con que se deben realizar los cambios en el sistema de jubi­laciones del sector estatal.