El diputado del Partido Colorado Justo Zacarías Irún manifestó que existe un trasfondo político en el proyecto referente al establecimiento de un protocolo sobre productos de tabaco, afirmando a la vez que el documento que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores terminará por fomentar la informalidad y el contrabando en dicho rubro.
“Ya hemos visto las opiniones que existen al respecto y no se puede dejar de reconocer que detrás de todo lo que es el rubro del tabaco existe una cuestión política. Acá en vez de estar preocupados por la gente, por la salud y con la industria, más están preocupados con joderle la vida a Horacio Cartes, eso es lo que muchos buscan”, manifestó el legislador.
Las declaraciones de Zacarías Irún surgieron tras tomar conocimiento sobre las afirmaciones de varios trabajadores dedicados a la producción y comercialización del tabaco. En ese sentido, agregó que, de identificarse el tinte político en la propuesta sin que exista beneficios para la ciudadanía, terminarán por rechazarla.
“En ese juego nosotros no vamos a caer, si identificamos y creo que va por ahí, para joderle la vida a Cartes, entonces estaremos por el rechazo del protocolo. Creo que dejaron claro los empresarios que manejan el rubro que este proyecto más que beneficiar perjudicará porque incentivará el contrabando y la informalidad, pero yo no soy ningún pelotudo para no darme cuenta que detrás de todo esto existe una lucha política anti-Cartes”, sostuvo en contacto con la radio 730 AM.
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De acuerdo a las argumentaciones de algunos empresarios como el presidente de la Tabacalera del Este SA (Tabesa) y de la Unión de Tabacaleras del Paraguay, José Ortiz, la iniciativa fue aprobada en el pleno de la Cámara de Senadores sin consulta previa a los afectados, a la par de mencionar que impulsará la instalación de fábricas clandestinas y la competencia desleal.
“Esto también yo conversé con amigos de Ciudad del Este y no solo con los funcionarios dependientes del expresidente Horacio Cartes, existen varias empresas tabacaleras en la zona y ellos entienden que esto será un incentivo a la informalidad antes que a la formalidad”, dijo el legislador.
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Crisis en Nepal: violencia y corrupción, lecciones que Paraguay no debe ignorar, señala Gamarra
El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.
En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.
“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.
Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.
Romantizan la violencia
Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.
“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.
El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.
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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.
Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.
Defender la democracia
Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.
Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.
“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.
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Meza defiende propuesta que plantea fusión de entes: “No podemos ser rehenes de sindicatos”
La mesa directiva de Diputados estableció entre los puntos resaltantes a ser analizados en la próxima sesión ordinaria del martes 16 de setiembre, el proyecto ejecutivo que plantea la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.
No obstante, el vicepresidente primero de la cámara, Hugo Meza detalló que la tendencia sería por la postergación de la iniciativa, teniendo en cuenta que se instaló una mesa de trabajo con sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), quienes cuestionan la propuesta.
“Hay una mesa de trabajo que se instaló con algunos sindicatos importantes de la Ande que están en desacuerdo, queremos escuchar sus planteamientos y seguro vamos a postergar. Se prevé también una audiencia pública para el lunes y existe una línea de trabajo con el Ejecutivo con relación a este proyecto tan importante que optimizará y mejorará la gestión de las instituciones”, dijo.
Asimismo, Meza siguió sosteniendo que “vamos a escuchar a todos, pero no podemos ser rehenes de sindicatos que se creen dueños de instituciones. Vamos a colocar en la balanza todos los puntos, pero primero está el interés de todos los paraguayos y no de un sindicato o institución en especial".
Los gremialistas alegan que mediante esta fusión supuestamente se restarían prerrogativas y atribuciones a la Ande. También sostienen que el proyecto de ley impulsado por el gobierno del mandatario Santiago Peña, tiene como finalidad privatizar la institución eléctrica, planteamiento que ya fue desmentido por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
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Reforma busca descentralizar funciones del sistema de transporte y mejorar servicio
Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.
Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.
Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.
“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.
Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.
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Incluyen trazabilidad
En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.
“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.
Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.
Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.
“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.
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Reforma del Transporte Público: no reducirá empleos ni derechos laborales, aseguran
El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.
Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.
Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.
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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.
“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.
Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.
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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.
Derecho a la huelga
El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.
“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.
Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.