Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Christian González, Gloria Hermosa y Darío Báez, condenó a 28 años de cárcel al exagente policial José Carlos Morel Chamorro encontrado culpable por el feminicidio de la docente María Isabel Vega, ocurrido en febrero de 2023 en Loma Pyta, Asunción.

Esta mañana se llevó a cabo el segundo juicio oral y público debido a que un tribunal de apelación había anulado la irrisoria condena de 15 años de cárcel que se había sentenciado en un primer juicio oral y público.

Te puede interesar: Balearon la casa de jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré

Los familiares de la víctima del terrible caso mencionaron que vivirán un poco más tranquilos al conocer está determinación adoptada por los nuevos jueces del presente caso.

En su momento el tribunal de sentencia integrado por los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a solo 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana. Este fallo judicial de primera instancia fue criticado por los familiares de la víctima y a su vez el Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia condenatoria porque había solicitado una pena de 30 años de cárcel para el acusado.

Podes leer: Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este miércoles se cumplen 45 años de un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya y tuvo repercusiones internacionales: el asesinato con un bazucazo del último dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. El atentado ocurrió en pleno corazón de Asunción el 17 de septiembre de 1980.

Este hecho dio una dura sacudida a la entonces dictadura stronista y tuvo repercusión internacional al demostrar que ni siquiera el exilio en un régimen autoritario ofrecía protección absoluta.

Recordar este hecho no es solo repasar una página violenta de la historia regional, también ayuda a comprender cómo nuestro país fue escenario de un episodio que marcó las tensiones políticas de toda América Latina en plena Guerra Fría.

Para comprender este hecho, La Nación/Nación Media conversó con el historiador Fabián Chamorro, quien señaló que a más de cuatro décadas, la memoria de aquel acontecimiento sigue siendo necesaria para reflexionar sobre la violencia, el poder y las huellas que dejaron las dictaduras en la región.

“Como todo evento que, como en el caso nuestro, ocurrido acá en Paraguay, es importante que lo tengamos como memoria y también como una lección de cómo podrían terminar ciertos dictadores”, reflexionó.

Chamorro señaló que Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía en Nicaragua, ya que su padre fue también dictador en su país y lo habían asesinado. Su familia ejercía el poder en ese país desde 1937. Al padre Anastasio Somoza García, conocido como “Tacho”, lo mataron en 1956, estando éste en el poder.

“Le sucede el hijo mayor, Luis Somoza Debayle en la presidencia hasta que fallece por causas naturales en 1967, también ejerciendo el poder. Ahí le sucede Anastasio Somoza. Fue presidente 13 años, hasta 1979, cuando la famosa Revolución Sandinista logró derrocarlo en julio de ese año”, precisó.

Señaló que tras su derrocamiento buscó instalarse en los Estados Unidos, ya que además de que realizó sus estudios en ese país, logró tener la formación militar en la Academia Militar norteamericana. Respecto a cómo vino a parar a Paraguay, indicó que existen dos versiones: una, que el gobierno norteamericano le obligó a ir a Paraguay, y la otra es que era conocido o amigo de Alfredo Stroessner.

“Somoza no solo fue parte de una élite y contaba con poder económico. Pensó que podía instalarse en EE. UU., pero los norteamericanos le bajaron el pulgar. No hay documentación que demuestre que EE. UU. le impone a Paraguay para recibirlo. La otra opción es que los dos dictadores se conocían y por una cuestión económica, aceptaron que Somoza se instale en Paraguay. El tipo había malversado durante su gobierno, estamos hablando de cientos de millones de dólares para aquella época” comentó.

Chamorro señaló que, de acuerdo a los historiadores hondureños, Somoza Debayle fue “un tipo loco”, que cometió crímenes atroces, violaciones de derechos humanos e incluso cometió asesinatos con sus propias manos.

Pese a ese antecedente, indicó que se instaló en Paraguay, lo hizo con grandes lujos, se compró propiedades, tenía una vida bastante pública, eso también facilitó el trabajo de sus asesinos.

El historiador señaló que la organización de su asesinato fue ejecutada por el grupo de izquierda de la región, que tenía fuertes vínculos con el Frente Sandinista, que justamente lo había derrocado del poder nicaragüense. Este grupo comando se instaló en Paraguay y estuvo encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, dirigente argentino del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El plan se llamó Operación Reptil y fue realmente una operación muy bien hecha. Hicieron un trabajo de inteligencia durante meses. Alquilaron casa, montaron un negocio sobre la Avenida España, donde podían verlo pasar todos los días marcando su rutina y cuándo ya tuvieron graficada llevaron adelante su plan de emboscada sobre la calle España y América”, precisó.

El atentado se produjo poco después de las 9:00. Los guerrilleros prepararon dos lanzacohetes, lo que acá conocemos como bazooka. Con esa arma lograron parar el vehículo que estaba transitando. Uno logró ser gatillado, el segundo no. Con ese disparo prácticamente ya se dio muerte a los tres ocupantes del vehículo. Cuando paró el auto de Somoza bajaron de otro vehículo más guerrilleros que atacaron con fusiles", comentó.

Junto a Anastasio Somoza fallecieron también en el automóvil Mercedes-Benz blindado, José Francisco Guerrero, exministro de Hacienda de Nicaragua y cercano colaborador de Somoza y el coronel Joaquín López, jefe de escolta y hombre de confianza del exdictador.

En cuanto al número de miembros de esta operación, el historiador señaló que no hay datos precisos sobre la cantidad, ya que algunos libros hablan de 5, otros de 7 miembros e incluso señalan hasta 15 revolucionarios, de los cuales, solo uno de los que ejecutaron a Somoza fue capturado en Asunción. Se trata de Hugo Irurzún o “Capitán Santiago”, quien fue muerto supuestamente en un intento de fuga, pero fue torturado. Mientras que Gorriarán Merlo logró escapar y permanecer prófugo durante varios años.

Respecto a la motivación del plan de ejecución, Chamorro señaló que Gorriarán Merlo, el que ejecutó el asesinato, escribió un libro en el cual señala que ellos tomaron la decisión de matarle a Somoza, como una forma de ajusticiamiento por los crímenes que le había cometido contra el pueblo de Nicaragua.

“En el fondo fue por una cuestión ideológica, no por una material, No es que lo mataron por una cuestión específica de la guerrilla, sino por una cuestión filosófica, doctrinaria de los líderes de la revolución.

El historiador explicó que este grupo de guerrilleros logró movilizarse con total tranquilidad en Asunción, pese a la dictadura stronista, porque ninguno de ellos fue objetivo de investigación. Recordó que el gobierno dictatorial ya tenía entonces sus objetivos a quienes consideraban subversivos, y esta información también procedía de los EE. UU., sobre quiénes debían ser vigilados o puestos bajo arresto.

“Esta gente vino como un argentino más. No existía todavía esa inteligencia norteamericana, que era la que le nutría a todos. Evidentemente, EE. UU. no filtró adecuadamente la información y estos tipos se instalaron tranquilamente en Paraguay, porque no estaban en la mira”, explicó.

Como detalle, el historiador Fabián Chamorro agregó que tras este suceso, Pastor Coronel encabezó un periodo terrible, pues comenzaron a buscar casa por casa. Después eso ya se volvió extensiva a cualquiera que fuera opositor al gobierno. Indicó que este suceso fue aprovechado para golpear a sus enemigos. También comenzaron las riquezas en los colectivos.

“Hubo todo tipo de abusos después de la muerte de Somoza. Es más, fue uno de los motivos que mató la noche asuncena, que justamente a finales de los 70 comenzaba a tener nuevamente vida. El asesinato de Somoza hizo que muera nuevamente la actividad nocturna en la capital, debido a las medidas restrictivas, persecución a los civiles, militares subiéndose a los colectivos, policías parando automóviles, eso hizo que mate lo que quedaba de noche asuncena”, concluyó.

Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

Te puede interesar: Bolsonaro, ingresado al hospital tras “sentirse mal” en su prisión domiciliaria

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.

Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.

• Fuente: AFP

Lea más: Noboa decreta estado de excepción por protestas contra fin de subsidio al diésel en Ecuador

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.

Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.

Lea más: Fiscal indagará veracidad y datos de audios atribuidos a los senadores Aquino y Vera

A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Lea también: Milei abrirá el CPAC Paraguay y se reunirá con Peña al mediodía