El juez de turno Humberto Otazú admitió la imputación y convocó para este Jueves Santo a las 9:00 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los cinco líderes camioneros imputados por extorsión por pedir la suma de US$ 1 millón, para no realizar cortes de ruta durante la Semana Santa.
En la referida diligencia judicial que se desarrollará en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial de Sajonia, específicamente al lado de la oficina de guardia de la sede judicial, se definirá si los imputados serán derivados a una penitenciaría de nuestro país así como solicitó el Ministerio Público.
Los imputados deberán estar con sus abogados para la realización de la audiencia de imposición o en caso de no contar con un profesional del derecho tendrá que ser asistido por un defensor público.
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Recordar que tras un procedimiento fiscal realizado por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta se logró la detención e imputación de cinco líderes camioneros por extorsión tras exigir una suma multimillonaria de dinero para evitar cortes de ruta en todo el país. El Ministerio Público, debido a la gravedad del caso, pidió la prisión preventiva de los imputados, quienes se abstuvieron de prestar declaración en sede fiscal. Durante el procedimiento se realizó una entrega de US$ 50 mil a los imputados.
Actualmente los mismos están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a la espera de la audiencia de imposición de medidas cautelares. La denuncia penal fue hecha por el ministro del Interior, Federico González.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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San Antonio: reportan más de 700 camioneros bolivianos varados a la espera de combustible
Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.
Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.
“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.
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Alcohol e inseguridad
El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.
Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.
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Transportistas de combustible varados en Paraguay por la falta de pago de Bolivia
- Fuente: AFP
Más de 600 camiones cisterna bolivianos aguardan desde hace semanas a las afueras de Asunción, en difíciles condiciones de salubridad, para cargar gasolina y gasoil debido a que, según fuentes del sector, su gobierno no paga al proveedor de combustible.
Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para adquirir combustible a los importadores.
“Llegué con la esperanza de cargar y retornar, pero lamentablemente me encontré con montones de colegas en una situación incierta. Nadie sabe cuándo se le va a cargar”, dijo este martes a la AFP el camionero Carlos Herebia, que lleva dos semanas esperando. Otros, denuncian, esperan desde hace 30 o 40 días.
De 37 años, Herebia tenía pensado volver a casa antes de Semana Santa, pero su camión cisterna, al igual que otro más de medio millar, está en un parque cerrado conocido como El Avispón, en la localidad de San Antonio, a las afueras de la capital paraguaya.
Otro centenar de vehículos hace fila en las afueras de este parque, a orillas del río Paraguay, a la intemperie y en malas condiciones de salubridad. Las autoridades de San Antonio instalaron algunos baños portátiles en el lugar, pero son insuficientes.
La semana pasada, el dirigente del sindicato del sector en Bolivia, Domingo Ramos, denunció que cientos de camioneros en Paraguay aguardaban el pago por combustible para reanudar las actividades de carga y transporte.
“Los señores de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) solo están alargando la agonía de este gobierno y todos los transportistas”, acusó Ramos, de acuerdo al medio local Unitel.
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Bolivia compra combustibles de países vecinos a precios internacionales y los vende en su mercado interno a un costo subvencionado. Esta subvención, además de la caída de las exportaciones de su gas natural, resultan en buena parte en la escasez de dólares que padece el país.
Esta incapacidad de pago a los importadores ha causado que, en Bolivia, transportistas y particulares esperen por horas en las estaciones de servicio para cargar combustible.
El año pasado ocho camioneros bolivianos murieron en Paraguay, por distintas causas, en general víctimas de la precariedad de la situación y las altas y altas temperaturas.
“Yo vengo desde hace cinco años a Paraguay y cada vez es peor. Somos más de 600 camiones, la mayoría de 35.000 a 37.000 litros. Los que no están en el parque están afuera. Y siguen viniendo, o sea, de nuestro país los siguen enviando. Ya no tenemos ni donde pararnos”, describió Herebia. Esa es la razón por la que están concentrados en el parque. “Ni siquiera tenemos acceso a agua potable”, protestó.
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Imputan y ordenan prisión para pareja que asaltó a estudiante en Lambaré
Este lunes, el Ministerio Público decidió imputar a la pareja que asaltó a una estudiante de 17 años en la ciudad de Lambaré y, además, se ordenó la prisión preventiva para ambos. Estas personas fueron detenidas el sábado pasado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción y lograron incautar la motocicleta.
La agente fiscal Amelia Bernal Jara, quien lleva el caso, imputó a Clementina Almada Rumich Núñez, de 39 años, y a Carlos David Torales, de 29 años, este último cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado, violencia intrafamiliar, entre otros. Estos presuntos delincuentes enfrentarán cargos por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.
Tras la imputación, la fiscal también ordenó como medida cautelar la prisión preventiva para la pareja. Esta fue detenida el sábado 12 de abril, sobre las calles Pozo Favorito y Tte. Garay, del barrio San Vicente en la ciudad de Asunción. Del poder de los mismos se incautó la motocicleta utilizada para cometer el atraco y las prendas usadas el día del atraco.
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El hecho ocurrió el pasado 9 de abril, alrededor de las 7:10, en el barrio Valle Ybaté, cuando la joven salía de su casa para dirigirse a una parada de ómnibus para ir a la universidad. La misma fue interceptada por la pareja que se movilizaba en una motocicleta, de la cual descendió Clementina Almada y siguió a la universitaria para asaltarla.
Cuando la alcanzó la tomó del cabello y le puso un cuchillo en el cuello, exigiendo que le entregue todo lo que tenía y esta le entregó su mochila, en cuyo interior se encontraba su celular de la marca IPhone, modelo XR, su billetera y útiles. La detención se logró luego de que el propietario de la vivienda que alquilaba la pareja se percatara de las similitudes de las características de los asaltantes, divulgadas a través de los medios de comunicación, ante lo cual el hombre dio parte a la Policía.