El juez de turno Humberto Otazú admitió la imputación y convocó para este Jueves Santo a las 9:00 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los cinco líderes camioneros imputados por extorsión por pedir la suma de US$ 1 millón, para no realizar cortes de ruta durante la Semana Santa.
En la referida diligencia judicial que se desarrollará en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial de Sajonia, específicamente al lado de la oficina de guardia de la sede judicial, se definirá si los imputados serán derivados a una penitenciaría de nuestro país así como solicitó el Ministerio Público.
Los imputados deberán estar con sus abogados para la realización de la audiencia de imposición o en caso de no contar con un profesional del derecho tendrá que ser asistido por un defensor público.
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Recordar que tras un procedimiento fiscal realizado por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta se logró la detención e imputación de cinco líderes camioneros por extorsión tras exigir una suma multimillonaria de dinero para evitar cortes de ruta en todo el país. El Ministerio Público, debido a la gravedad del caso, pidió la prisión preventiva de los imputados, quienes se abstuvieron de prestar declaración en sede fiscal. Durante el procedimiento se realizó una entrega de US$ 50 mil a los imputados.
Actualmente los mismos están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a la espera de la audiencia de imposición de medidas cautelares. La denuncia penal fue hecha por el ministro del Interior, Federico González.
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El resurgir de un activo estratégico: el biodiésel cobra un nuevo impulso y promete generar desarrollo
- Por Luis Noguera
El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.
“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.
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El potencial del sector
Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.
“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.
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“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.
Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.
Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.
Materia prima y procesamiento
Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.
Camioneros
Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”; sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.
“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.
Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.
Creciente exportación
De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.
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Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
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Condenan a concejal de Villa Elisa por exigir USD 15.000 para frenar denuncia
Jeremías Sansón Villalba Alves, concejal municipal de Villa Elisa y candidato a la intendencia por el Partido Yo Creo, fue sentenciado a un año y seis meses de pena privativa de libertad por intentar extorsionar a un ciudadano paraguayo naturalizado.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes. Según el fallo, el hoy condenado exigió USD 15.000 a la víctima a cambio de evitar que prosperara una denuncia por un supuesto caso de violencia contra la mujer.
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La decisión se dio a conocer luego del juicio oral y público desarrollado en el Palacio de Justicia. El representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad del acusado mediante los distintos medios probatorios expuestos durante el debate. Conforme a los antecedentes de la causa, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2023 en la ciudad de Asunción.
Ahora, la defensa tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial si lo considera pertinente. Si se presenta este escenario, un tribunal de apelación deberá definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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