El exsenador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, el senador Enrique Salyn Buzarquis y la exagente fiscal y exmagistrada Nuria Isnardi remitieron al Consejo de la Magistratura (CM) sus alegatos en contra de las denuncias e impugnaciones de sus candidaturas en el marco del proceso de selección para los próximos dos cargos vacantes en el TSJE. Foto: Gentileza
Ramírez, Buzarquis e Isnardi presentaron sus descargos ante el CM
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Tres de los 34 candidatos que se postularon para los dos próximos cargos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentaron sus respectivos descargos contra las denuncias e impugnaciones que recibieron ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Se tratan de las respuestas remitidas por el exsenador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, el senador Enrique Salyn Buzarquis y la exagente fiscal y exmagistrada Nuria Isnardi. El primero de ellos recibió la impugnación de su candidatura bajo el argumento de que, presuntamente, no cumple con el requisito de 10 años como abogado en el ejercicio, docencia o alguna magistratura como lo exige la Constitución Nacional.
Al respecto, Ramírez sostiene en su descargo como ya lo hizo ante los medios de prensa que sí cumple con ese y con los demás requisitos exigidos por la ley y que cuenta con todos los documentos que avalan esa afirmación. Además, adjunto a sus alegatos incluyó un dictamen emitido por el exministro de la Corte Suprema de Justicia Luis Lezcano Claude, quien refuerza la postura del exsenador liberal.
Sobre este caso en particular, el CM tiene previsto analizar en su sesión del lunes próximo la impugnación planteada, al considerar que la misma cuestiona la habilitación de Ramírez para concursar. Sobre las demás denuncias, indicaron que se expedirán en su momento durante el proceso de evaluación de las candidaturas.
En cuanto al senador Buzarquis, la denuncia en su contra sostiene que el mismo, supuestamente, incurriría en una falta de ética e intromisión de un poder dentro de otro poder del Estado al presentarse al concurso y a la vez ser miembro activo del Senado. Esto atendiendo a que la Cámara Alta es la que se encargará en su momento de seleccionar a los dos candidatos que resulten de las dos ternas que deben surgir del concurso para sustituir en el cargo a los ministros del TSJE Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka.
“Centrándome en el punto de la denuncia que habla de la cuestión supuestamente ética de que debo renunciar al cargo de senador para postularme al cargo de ministro, debo decir, que la verdadera cuestión ética es cumplir con lo que establece la Constitución Nacional y las leyes de la República en un país donde rige el Estado Social de Derecho como el nuestro, y la Constitución Nacional ni las leyes nacionales vigentes me prohíben postularme para el cargo de ministro del TSJE siendo senador activo de la nación”, expresa parte del documento presentado por Buzarquis.
Mientras que la postulación de Nuria Isnardi fue denunciada porque, presuntamente, la misma rompe con el equilibrio que impone la Carta Magna en su Art. 46, del Principio de la Igualdad. Sostiene también que la candidata en cuestión, supuestamente, se había visto obligada a renunciar en el 2021 al cargo de camarista multifueros de Filadelfia (Chaco) a raíz de presuntas denuncias en su contra tramitadas ante el CM.
“No violo el principio de igualdad como sugiere desatinadamente el denunciante al señalar de que gozo de un privilegio especial. Al contrario, no ejerzo en la actualidad ningún cargo público, administrativo, ni electoral que me otorgue privilegios en detrimento de los demás postulantes”, señala parte del alegato presentado por Isnardi y divulgado por el CM a través de su página digital.
Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto,en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
Las transferencias económicas para la realización de ollas populares sirvieron como esquemas para el supuesto desvío del dinero de los contribuyentes esteños. Foto: Gentileza
Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Las obras viales sobrefacturadas también figuran en el listado de supuestos hechos de corrupción atribuidos a Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Elvio Mareco Barrientos, conocido operador político del intendente Miguel Prieto, quien resultó favorecido con millonarias licitaciones por la municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
En las facturas presentadas por SCDE aparece el mismo número que el local nocturno Golden Rouge Night Club utilizaba para recibir reservas. En las facturas la firma sigue declarando que se dedica también a la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Gentileza
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66.De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
Miguel Prieto y seis concejales que fungen como sus aliados políticos fueron denunciados por nepotismo. Foto: Gentileza
“Los problemas de Prieto son con la Justicia”, indicó Rocío Abed
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La diputada Rocío Abed, líder de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, remarcó que los problemas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, son con la justicia, después que éste publicara en redes una amenaza de visitar el domicilio de la legisladora con una manifestación. “Ahí vamos estar esperando el resultado de las votaciones”, expresó el cuestionado jefe comunal.
“Lo que pretende es amedrentar, intimidar y desviar la atención de lo verdaderamente importante: las graves denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión. Pero los problemas de Miguel Prieto son con la Justicia, no conmigo, ni con mi familia”, expresó Abed en comunicación con La Nación/Nación Media.
Asimismo, señaló que resulta sumamente peligroso que se pretenda influir en el sentido de la votación de un legislador promoviendo manifestaciones frente a su domicilio. “Esto debe ser considerado por la cámara como una afrenta, no solo a uno de sus integrantes, sino al órgano como tal”, acotó la parlamentaria.
“Es por eso, que muchas veces callé, para evitar entrar en este tipo de situaciones peligrosas, realmente no por cobardía, si por un cierto temor, porque sé cómo actúa y porque tengo una familia a la que quiero proteger”, señaló Abed.
A pesar de ello, comentó que ya no puede callar ante las barbaridades que se están denunciando. “Muchas veces vemos que no llegan las informaciones a la capital, y nos cansamos de escuchar a sus defensores mintiendo a la ciudadanía desde sus bancas”, lamentó.
La diputada manifestó que Prieto debe explicar las 49 denuncias en su contra, “pero ahora ya no se burla como hizo con la 40, cuando hasta compró torta”, recordó. “La gente ya no es tonta y entonces, empieza a sacar su otra faceta, la de la violencia, la de la coacción, la de la amenaza y quién sabe qué otras cosas más”.
Insistió en que las denuncias hacia Prieto son hechas por gente de su entorno, que lo llevó a la intendencia, que trabajó políticamente para él y que trabajó en su administración.
“Algunos se retiraron al ver su verdadera faceta, corrupta, dictatorial, soberbia, a veces hasta violenta. Pregunten en Ciudad del Este, los que le denuncian no tienen ninguna relación, es más, son grupos antagónicos políticamente al nuestro, no tienen ninguna relación con nosotros”, dijo.
“Seguiré siendo la voz de la gente cansada de sus tropelías, pero obviamente, esto me tambalea porque cuando meten a mi familia, a mi hija, a mi mamá, cuando se meten con aquello que es lo más sagrado que tenemos, allí hay un límite que el mismo está queriendo cruzar y eso es muy peligroso”, concluyó.
Contraloría refuta a Prieto: “Es falso que no se incluyeron las denuncias de nepotismo”
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Tras la confirmación del propio Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, sobre haber recaído en hechos de nepotismo, desde la Contraloría General de la República manifestaron que es un hecho inédito el que haya admitido haber cometido dicho delito y sostuvo además que en su dictamen, el ente contralor incluyó las denuncias por presuntas contrataciones irregulares.
“Es falso que ese asunto no se menciona en el pedido de intervención por la Contraloría, de hecho el contralor general explicó en varios medios las razones por las cuales se pide la intervención, tanto en Ciudad del Este como Asunción, y en ese sentido, uno de los elementos que existen es que hay muchas denuncias y se menciona puntualmente el caso de presunto nepotismo, confirmado ahora mismo por boca del propio señor Prieto”, expresó Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría.
En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Villalba recalcó que uno de los puntos mencionados en el dictamen en cuanto a las irregularidades en Ciudad del Este, son las denuncias que tomaron estado público por presunto nepotismo. Prieto habría contratado a sus primos y otros allegados para prestar servicios en la municipalidad, sin que tuvieran otro mérito que ser familiares suyos.
“Es incorrecto lo que mencionó el señor Prieto en aquel programa. En primer lugar hay que decir que él mismo está confirmando públicamente que cometió un delito, ese es un asunto no menor. Sinceramente no recuerdo algún precedente como este, no recuerdo que una persona de cualquier partido político admita en una entrevista en vivo que acaba de cometer un delito”, manifestó.
El director de Auditorías también señaló que las denuncias por nepotismo, son uno de los elementos que la Contraloría pide que sean considerados al momento de analizar si es factible una intervención en la comuna, tal y como lo recomienda esta institución, quien además advierte que es probable que en la municipalidad se hayan cometido otros hechos punibles.
“Desde ese entonces hasta hoy nos encontramos con el propio intendente que confirmó los hechos, él mencionó que uno de los casos (las contrataciones) se dio a instancia de la Junta Municipal, las otras fueron contratación directa, viene a ser un elemento más de todos los que se han mencionado por la Contraloría en el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este”, ratificó.
Consejo de la Magistratura conformó 11 ternas para cargos a la magistratura judicial
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Durante la sesión ordinaria, los integrantes del Consejo de la Magistratura conformaron 11 ternas de postulantes para varios cargos vacantes en el sistema de Justicia de nuestro país. Tras el estudio de los perfiles de los postulantes, fueron conformadas ternas correspondientes a edictos del año 2023, abarcando seis cargos para jueces de Primera Instancia y del Fuero Penal, cuyo nombramiento responde a vacancias por fenecimiento de mandato.
Igualmente se integró la terna para el cargo de defensor público, así como tres cargos para integrantes del tribunal del Fuero Electoral y un cargo para Juez de Primera Instancia en los Fueros Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia.
De la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura participaron el presidente, Gerardo Bobadilla; el vicepresidente, Gustavo Miranda Villamayor, y los miembros Alicia Pucheta, el Senador Edgar López, el Diputado Edgar Olmedo, Enrique Berni y César Ruffinelli.
El proceso de integración de ternas se llevó a cabo conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente, priorizando la formación académica, trayectoria profesional, experiencia en la función judicial y desempeño ético de los postulantes.
Una de las ternas conformadas es para el cargo de Juez Penal de Garantía de Amambay y los ternados son Juan Martín Areco Torraca, Rodrigo Ramírez Peña, Nathalie Vanessa Gabriaguez Cañiza. Para tribunal de apelación Electoral de Misiones la terna integran Rafalea Marissol Fernández Sanabria, Perla Josefina Giménez de Ramos, y Diana Fabiola Pujol.
Igualmente se conformó la terna para el cargo de defensor público de Cordillera, cuyos ternados son José Adolfo Torres Meza, Lucas Pascual Chávez Cáceres y Karin Marlene Leite Zaracho.