“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.

El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.

La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.

“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.

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Luego de una extensa reunión se llegó a un acuerdo entre las partes y se levantó la medida, que se extendió durante dos días para sufrimiento de la ciudadanía.

Después de más de dos horas de diálogo entre representan­tes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC), ayer autorida­des de Petropar y empresa­rios del transporte público finalmente anunciaron que se levanta la medida de fuerza.

“Tendremos colec­tivos desde mañana (por hoy). Están dados los térmi­nos de acuerdo con el sector del transporte, el combustible está garantizado y mañana con total normalidad vamos a restablecer el servicio de transporte público”, comentó la ministra del MOPC, Clau­dia Centurión, durante una conferencia de prensa.

La misma remarcó que era de interés del Gobierno poder lle­gar a un punto en el cual todos los sectores se vieran benefi­ciados, atendiendo a que una de las prioridades nacionales es precautelar y velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Quiero enfatizar algo que es muy importante: el Estado paraguayo está al día con sus obligaciones con el sector de transporte; hemos pagado el mes de enero y el mes de febrero; también ya hemos acordado en esta negocia­ción fecha para el pago del mes de marzo, que será la primera semana del mes de abril. Esto es en función de un calendario y da total pre­visibilidad”, mencionó Cen­turión.

Igualmente, explicó que el pago de las compensa­ciones, otro compromiso con los transportistas, está pre­visto que se efectivice hoy directo a la cuenta de cada empresa, asegurando que el tratamiento de este pago se había dado en el trans­curso de la semana pasada.

Por otro lado, la ministra del MOPC exteriorizó que se cuenta con el apoyo total de Petropar para que la pro­visión de combustible esté garantizada, atendiendo el escenario internacional que se está viviendo por los conflictos en Medio Oriente, que afectan a la provisión de petróleo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fustigó la medida adoptada por el sector transportista, que dejó sin servicio durante dos días a los usuarios. El congresista pidió a los empresarios dejar de castigar a la ciudadanía.

“Dejar a la gente sin transporte no es la manera de solucio­nar los conflictos”, cuestionó el parlamentario a través de una publicación en X. Lamentó que una vez más la ciudadanía haya sufriendo las consecuencias de un paro de transporte.

“No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos”, cuestionó en alusión a la medida adoptada por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

Una de las grandes noticias es que la pobreza está disminuyendo en nuestro país. Que del 2023 al término del 2025 el índice de pobreza ha caído más de 6 puntos porcen­tuales, una cifra que revela la importan­cia del hecho, que invita a seguir traba­jando para continuar en ese camino. Pues si la gente está mejor, es porque se están haciendo bien las cosas, lo que a su vez es un incentivo para proseguir esa tarea en la búsqueda del bienestar de todos.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada, la pobreza total en nuestro país se redujo del 19,5 % de la población total en el año 2024 al 16,0 % al término del 2025, lo que revela una dis­minución de más de 3 puntos porcentua­les en un año. La cantidad de personas que salieron de la pobreza el año pasado asciende a 213.164 individuos.

También la pobreza extrema tuvo una importante caída, ya que del 3,7 % de la población del país se redujo al 2,4 %, número que en términos reales cons­tituye 81.000 personas que ya no son pobres extremos, porque mejoraron levemente su condición de existencia.

Cuando se dieron a conocer estas esta­dísticas, el presidente de la República, Santiago Peña, reaccionó positivamente teniendo en cuenta la importancia del logro. “Estamos entusiasmados con los avances, pero no estamos conformes, y no lo estaremos hasta que todos los para­guayos vivan con dignidad”, expresó el mandatario.

Alabó lo que se está logrando porque son cifras sin precedentes que obligan al Gobierno a multiplicar sus esfuerzos hasta que ningún paraguayo se encuen­tre en medio de la pobreza.

“Desde el Estado estamos comprome­tidos a acompañar a cada paraguayo, al que está en el piso para que pueda levan­tarse, al que camina para que pueda correr y al que ya vuela para que no encuentre límites en lo que pueda alcan­zar”, manifestó entusiasmado.

Resaltó que los datos que se están cono­ciendo generan entusiasmo con rela­ción a los avances alcanzados, pues están indicando que nuestro país va cami­nando en la dirección adecuada.

Basado en los datos de la última encuesta permanente de hogares que realiza el INE, se puede afirmar que la pobreza está declinando de manera continuada durante la administración del gobierno actual. En el 2025 la cantidad de pobres alcanzó a 985.000 individuos, que vivían en hogares cuyos ingresos por persona fueron inferiores al costo de una canasta básica de consumo, que está conformada por alimentos y otros elementos que se utilizan en la vida cotidiana.

Durante el año 2023 la cantidad de pobres, según el organismo oficial, era de 1.330.000 personas. Si se compara esta cifra con la alcanzada en el 2025, se tiene que la cantidad de individuos que logra­ron salir de la pobreza en los años de la actual administración del presidente Peña es de 345.000 individuos. La dismi­nución de la pobreza se ha logrado tanto en las zonas rurales como en las urba­nas, de acuerdo con los números de la encuesta del organismo oficial.

En las zonas urbanas se pudo captar una disminución importante de la pobreza en la última encuesta, pues del 16,9 % anterior bajó al 13,6 % en el 2025. En el área rural la reducción porcentual de la pobreza fue más alta, pues del 26,3 % des­cendió al 22,1 %, o sea, 4,2 puntos por­centuales menos. Pero el porcentaje total de pobres sigue siendo aún mayor en las zonas campesinas del país, un tema que debe ser tomado en cuenta para incremen­tar las inversiones en favor de las áreas rurales.

Haciendo una lectura de las estadísticas del INE, se puede concluir que, en todos los departamentos del país, así como en Asun­ción, se produjo la reducción de la pobreza. Los ingresos laborales y los no laborales de los hogares de menores ingresos tuvieron un alza por encima del aumento de los pre­cios de la canasta básica y afines, hecho que ha contribuido a bajar la pobreza moneta­ria, según el informe del INE.

Que la pobreza está disminuyendo es la mejor señal de que se están haciendo bien las cosas en el país, algo que se debe aplaudir. Pero al mismo tiempo es un gran compromiso para continuar la tarea, a fin de alcanzar los nuevos logros que se requieren.

A pesar del acuerdo al que llegó el Gobierno con un sector de transportistas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el diputado Alejandro Aguilera sostiene que ya no se debe tolerar este tipo de chantaje. El legislador lamentó que esta presión, iniciada ayer sábado tuvo como consecuencia la falta de un servicio básico para la ciudadanía.

“Valoro que el Gobierno haya acordado con los transportistas para levantar la medida y normalizar el servicio, ya que la ciudadanía tampoco podía seguir soportando las consecuencias de las reguladas. Pero lo que ocurrió este fin de semana no puede pasar como si nada, miles de paraguayos fueron perjudicados, tuvieron dificultades para ir a trabajar, estudiar, cumplir con sus actividades diarias y eso no puede volver a pasar”, expresó en nota para La Nación/Nación Media.

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Para el diputado, “el Estado no puede mostrarse débil a este tipo de presiones, estamos hablando de un servicio esencial, donde además existen subsidios públicos, lo que implica que estos transportistas no pueden estar sometiéndole a la población a estos chantajes”.

En este sentido, Aguilera sostiene que se debe aplicar medidas administrativas a sectores que pretendan chantajear al Gobierno. “Así como se alcanzó el acuerdo también es fundamental que el Gobierno actúe con firmeza, que establezca controles a sus itinerarios si cumplen o no cumplen y también, si vuelven a hacer esto yo creo que hay que abrirles un sumario administrativo a estas empresas y que inclusive sean pasibles de que se les quite su itinerario”, afirmó.

Finalmente, el diputado ratificó que estos sectores ya “no pueden estar sometiéndonos eternamente a un chantaje más todavía cuando se trata de un servicio público tan importante”.

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