El Partido Hagamos se manifestó en contra de los presuntos actos de tortura que se dieron a conocer en estos días desde la Academia Militar Mcal. Francisco Solano López. Aprovecharon para reiterar su posición como organización político, teniendo en cuenta que algunas declaraciones del senador Tony Apuril habían sido cuestionadas por su tibieza en el asunto.
“Ratificamos nuestro compromiso al respeto irrestricto de nuestra Constitución Nacional que en su artículo 5to expresa: Nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes” expresa.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Gilberto Antonio “Tony” Apuril, de Hagamos habló sobre las denuncias de tortura en la Academil y conversó con los médicos y familiares de los cadetes que denunciaron los abusos.
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Uno de los cadetes resultó con graves lesiones que lo llevaron hasta la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un cuadro delicado. Habría sufrido traumatismo en partes blandas de la cabeza, ambos codos y mano izquierda a causa de torturas.
Cambio de comandantes
Como salieron estas denuncias de la Academil, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decretó cambios para marcar su posición contraria a estos hechos. Nombró al general Alcides Lovera Ortiz como comandante de la mencionada institución, y al coronel DCEM Édgar Victorino Carnero Gauto como comandante del Cuerpo de Cadetes.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, también se encargó de seguir el caso y realizar la denuncia correspondiente al Ministerio Público para la investigación pertinente. Las anteriores autoridades militares se encargaron de negar todos los hechos y justificaron la situación.
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Tras 16 años, la ONU vuelve a Paraguay para evaluar medidas contra la tortura en las cárceles
El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.
La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.
Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.
En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.
La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.
De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.
Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.
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Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE. UU.
El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon el jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York.
La pareja, detenida en Estados Unidos desde enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Su caso penal se amplió la semana pasada con acusación de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.
Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.
El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump “de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”.
“Reprimir y castigar”
Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.
La acusación formal de tortura presentada en Estados Unidos señala que el objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.
El escrito alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.
Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.
El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.
Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados.
El inicio del juicio por los cargos de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.
- Fuente: AFP
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EE. UU. presenta nueva acusación contra expresidente venezolano Maduro y su esposa por tortura
Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.
Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.
Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.
El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.
Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.
El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.
Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.
Juicio en 2027
El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.
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Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.
“No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, durante una conferencia de prensa.
“Estos nuevos cargos demuestran la determinación de esta administración de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, reaccionó en X el secretario de Justicia, Todd Blanche.
El juicio contra la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente, debe comenzar el 1 de junio de 2027. Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos.
Desde entonces, ha cuestionado la legalidad de la acusación formal, alegando, entre otras cosas, su inmunidad como jefe de Estado extranjero. Este argumento fue rechazado por la fiscalía.
Sin libertad condicional para Flores
Cilia Flores —quien cumplirá 70 años el 15 de octubre— compareció este mismo jueves ante un juez para solicitar el arresto domiciliario a la espera del juicio, al alegar que sufre problemas cardíacos.
Pero su petición fue denegada por el juez, que consideró que presenta un alto riesgo de fuga.
Tras la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington, que afirma tener el control del país.
- Fuente: AFP
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Cámara confirma condena a tres expolicías por torturas
Un Tribunal de Apelación de Asunción confirmó las sentencias condenatorias de tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón, quien estuvo preso por motivos políticos entre 1976 y 1978. Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Manuel Alcaraz recibió una pena de 20 años.
La Cámara de Apelación consideró que las penas son proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de reprochabilidad de los autores. Asimismo, sostuvo que los condenados eran funcionarios públicos encargados de la seguridad y que las sanciones responden a criterios de prevención. Además, señaló que no existen elementos de desproporcionalidad o arbitrariedad en la sentencia de primera instancia.
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Respecto a la tortura y su imprescriptibilidad, la resolución señala que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes atroces y evitar que queden impunes. La Cámara sostuvo que aplicar este criterio no constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de los acusados
Durante el juicio se tuvo por probado que los tres participaron en las torturas sufridas por Rolón en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. La víctima, fallecida en 2024, fue sometida a golpes con garrote, látigo y otros objetos. Entre las pruebas valoradas se destacó el testimonio de Carlos Casco, quien también fue torturado y señaló a los tres condenados como responsables
Según el tribunal, los métodos de tortura fueron utilizados para obtener información sobre las Ligas Agrarias y otras organizaciones políticas críticas al régimen de Alfredo Stroessner. Domingo Rolón fue detenido tras ser traído desde Formosa por portar documentos no auténticos. Llegó a Asunción en el baúl de un vehículo y permaneció como preso político hasta 1977; posteriormente, fue trasladado a Emboscada, donde permaneció hasta 1978.
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