El procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, aclaró que esta institución no tuvo intervención en el caso Engineering, que ganó una demanda a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que deberá pagar unos G. 11.000 millones.
“La Procuraduría no tuvo parte en esa demanda, pero si fuera un ministerio, sí”, dijo en contacto telefónico con la 650 AM al sostener que el Estado debería intervenir en todos los casos. “Yo creo que sí podemos asumir y sí podemos hacer que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.
Antecedentes
El caso guarda relación con una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó in limine una acción de inconstitucionalidad planteada por la Ande contra un fallo. A raíz de esta postura de la máxima instancia judicial, el ente estatal deberá abonar G. 11.432.631.840 más IVA a la empresa Engineering.
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De acuerdo a los antecedentes del caso, la empresa pedía inicialmente US$ 5 millones a la Ande por un contrato para la construcción de torres de metal firmado en 1995 y que generó discrepancias. Sin embargo, desde la estatal alegan que hubo un incumplimiento contractual de parte de la citada empresa.
Lo que dice el presidente de la Ande
Sobre el punto, el presidente de la Ande, ingeniero Félix Sosa, deslindó responsabilidad al mencionar que no corresponde a su administración. “Cuando yo asumí ya estaba esta decisión judicial, conversé con el asesor legal y le dije que teníamos que irnos hasta las últimas instancias”, refirió en entrevista en Unicanal.
Consultado sobre quiénes ejercieron la representación legal de la citada firma, Sosa respondió: “No tengo conocimiento”. Se le mencionó que supuestamente el actual canciller nacional, Euclides Acevedo, así como el excontralor general Enrique García y Álvaro Arias formaban parte del staff profesional. “Inicialmente creo que sí, de hecho no tengo acá los detalles, pero inicialmente creo que sí y como decía nosotros entonces, en agosto del año pasado, lógicamente recurrimos hasta la última instancia a la Corte”, reiteró.
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¿Por qué las cifras de Inversión Directa varían? BCP aclara sobre reporte de la CEPAL
El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que las cifras de Inversión Directa (ID) presentadas en el documento “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025” por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 17 de julio de 2025, corresponden a estimaciones preliminares incluidas en los cuadros de la Balanza de Pagos.
De acuerdo con el calendario oficial del BCP, los datos definitivos de ID correspondientes a 2024 serán publicados en octubre de 2025, una vez concluida la validación de la información, en particular la relativa a empresas no financieras. Posteriormente, dichos datos serán incorporados en los cuadros de la Balanza de Pagos que se difundirán en diciembre de 2025.
Hasta esa fecha, el BCP elabora proyecciones basadas en los flujos netos observados en períodos anteriores de ID, complementadas con datos trimestrales de entidades financieras y estimaciones para las empresas no financieras. Estas proyecciones se van actualizando a medida que aumenta y mejora la información disponible, la cual es divulgada según el calendario de publicaciones establecido a inicio de cada año por el BCP.
El informe de la CEPAL se elabora con base en el principio de activos y pasivos, presentando las entradas de inversión directa como pasivos de ID. Por su parte, el BCP, en línea con las recomendaciones internacionales, utiliza adicionalmente el principio direccional, que permite estimar el flujo neto de ID (activos menos pasivos). Este indicador resulta especialmente útil para evaluar el impacto económico real, ya que refleja la entrada neta de capitales al país.
Teniendo en cuenta que las cifras publicadas por la CEPAL son aproximaciones iniciales sujetas a revisión, pueden existir diferencias, en algunos casos significativas, entre el dato proyectado inicialmente y el definitivo, observable en sus tablas:
En 2022, el informe de la CEPAL 2023 reportó USD 474 millones en pasivos de ID, mientras que las cifras finales del BCP corrigieron este valor a USD 745 millones. En 2023, el informe de la CEPAL 2024 registró USD 241 millones, frente a los USD 576 millones finalmente publicados.
Metodología de estimación del BCP
Las estimaciones preliminares elaboradas por el BCP se construyen con la información más reciente disponible y se actualizan conforme avanza el proceso de recolección y validación de datos:
Para las entidades financieras supervisadas por las Superintendencias de Bancos y de Seguros, se utilizan datos trimestrales.
Para las empresas no financieras, los cierres anuales solo están disponibles entre junio y septiembre del año siguiente, lo que permite consolidar la información completa a partir de octubre.
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Invasión finca 916: “Actuaremos con todo el peso de la ley”, afirma procurador
“Queremos darles la tranquilidad de que estamos abiertos al diálogo, pero también la firmeza de que vamos a actuar con todo el peso de la ley cuando corresponda”, advirtió el procurador general de la República, Marco Aurelio González, a los nuevos invasores de la finca 916. La zona posee más de 9.000 hectáreas localizadas en la zona de Villa Hayes y perteneciente al Estado paraguayo.
“Nosotros fuimos con orden judicial para verificar unas 2.600 hectáreas donde pudimos notar algunas situaciones irregulares, extrajimos datos que lo vamos a analizar para determinar el curso de acción a seguir. No nos dejaron entrar por las buenas, estas personas tenían atrincherada la zona”, sostuvo en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González indicó que la comitiva integrada a la vez por autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible acudieron hasta el sitio tras recibir informaciones de que se habría instalado una estancia en el lugar. A la vez, existe la preocupación de que los invasores se encuentren alojados en zonas silvestres protegidas.
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En esta ocasión, los avivados lograron meter unas 300 cabezas de ganado, con el argumento de que están produciendo y que tienen derecho al acceso a la tierra para la producción. “Estas personas han quemado todas las actas de constitución realizada, esto es un atropello, una falta de respeto y no se puede tolerar. Vamos a ver que curso de acciones vamos a tomar, pero siempre dentro del marco de la legalidad”, indicó.
Detalló que en la citada propiedad existen 3 casos por resolver, el primero guarda relación con la denominada invasión vip registrada el pasado año donde varios referentes de la política estaban implicados en el hecho. “Este caso es con relación a la zona ribereña, Jardines de Remancito, aún estamos litigando y recuperamos casi el 50 % de las hectáreas invadidas”, comentó.
Agregó que el segundo caso se centra en una zona precaria de la finca, donde ya se realizó un censo de las personas instaladas de manera ilegal. “El Estado se encuentra analizando que propuesta llevar para una solución definitiva”. Mientras que el tercer caso guarda relación con la invasión de las 2.600 hectáreas.
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Si Mota Engil no recurre a aclaratoria, sentencia quedará firme, indicó procurador
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, manifestó que el Estado quedará pendiente del recurso de aclaratoria o de la acción de inconstitucionalidad a la que pueda recurrir la empresa Mota Engil. Esto, tras anularse parcialmente el laudo arbitral que se impuso a Paraguay por el caso Metrobús.
“Si no recurren en un plazo, ya tendríamos la sentencia firme y podríamos ejecutar lo que está decidido. En caso de aclaratoria, vamos a estar pendientes del tiempo que se tome la Corte para resolver”, puntualizó el procurador al programa “Así son las cosas”, por Universo 970 AM y GEN/Nación Media.
González manifestó que la acción de inconstitucionalidad ante la Corte es la única instancia que le queda a Mota Engil. En cuanto a la aclaratoria, se aplicaría si la empresa considera que existe un punto de la resolución sin la suficiente claridad o creen que existió alguna omisión.
Mota Engil tiene un plazo de nueve días para recurrir a la aclaratoria, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, la empresa tendría el tiempo de 18 días aproximadamente para acceder a dicho recurso.
Sobre el caso
El laudo arbitral había determinado varios montos de condena a Paraguay, en total representaban más de USD 19 millones, con los intereses. El monto estaba compuesto por varios rubros: devolución de póliza, indemnización de lucro cesante, costas, etc.
“Lo que dijo el Tribunal es que se anulan varios rubros y algo que va en contra de la ley, como la determinación de tasas de intereses usurarias. También se anulan unos daños que no fueron probados, acreditados ni cuantificados, y la forma en que se distribuyeron las tasas”, explicó González.
De este modo, de los más de USD 19 millones que se debía pagar, se determina que el Estado paraguayo solo debe pagar a Mota Engil la suma de USD 2.600.000, en concepto de montos retenidos. Esto aparte de mantenerse en pie el pago que debe abonar la empresa a Paraguay, de G. 629 millones, aproximadamente.
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Paraguay recupera fondos del mecanismo Covax y destina a atención oncológica
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República, recuperó la suma de 3.479.686 de dólares que se había depositado en el mecanismo Covax durante la pandemia covid-19. Este dinero ya está depositado en la cuenta bancaria del Tesoro habilitada para el Ministerio de Salud Pública, y los recursos serán destinados a mejorar la atención de pacientes oncológicos.
En conferencia de prensa encabezada por la vocera de Gobierno, Paula Carro, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, resaltaron como hecho histórico que se logró bajo la presidencia de Santiago Peña, la recuperación de este dinero remanente. Esta suma estaba depositada en la cuenta del mecanismo Covax para la adquisición de vacunas, mediante un convenio suscrito durante el gobierno de Abdo Benítez y cuyos fondos no eran reembolsables, y ahora con la gestión de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, se recuperaron.
La vocera Carro señaló que las condiciones negociadas en su momento con el mecanismo Covax, fueron sumamente desfavorables para el Paraguay, lo que hacía que se consideraba prácticamente perdidos estos fondos. “Pero lejos de darse por vencido el gobierno de Santiago Peña ha buscado la recuperación de estos fondos, que serán aplicados a programas de salud pública para todos los paraguayos”, indicó.
En ese sentido, informaron que este dinero será inmediatamente destinado a tratamientos oncológicos, específicamente en la compra de dos aceleradores lineales, con sus elementos complementarios a ser instalados, uno en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná y el segundo en Encarnación, departamento de Itapúa, con el objetivo de descentralizar el servicio de tratamientos oncológicos, que actualmente se concentran en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en Areguá.
Reclamo a Covax
Al respecto, el procurador general Marco Aurelio González señaló que Paraguay fue el único país que públicamente salió a criticar el mecanismo Covax y a no aceptar las condiciones que en su momento quisieron imponer; que además de descontar lo que ya se pagó, querían que Paraguay asuma una tasa adicional para salir del mecanismo. Destacó la lucha constante y sin descanso que encaró la ministra de Salud para cumplir con el mandato del jefe de Estado de defender al país con todas las herramientas.
“En el marco de las negociaciones y las alternativas que se tuvo, de aceptar esta propuesta, o ir a un arbitraje. Ir a un arbitraje, se sabe lo que cuesta, el cual se debe resolver conforme al contrato; el cual firmó el gobierno anterior, y estaba previsto que todo pago era irrevocable, que Paraguay tenía que pagar el costo de las vacunas aunque no las reciba, que el anticipo era irrevocable. Es decir, eran circunstancias muy desfavorables”, explicó.
Indicó además que el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, firmó una garantía de 38 millones de dólares, que podría ser ejecutado con la sola presentación del documento. “Con todas estas valoraciones consideramos que la mejor alternativa de percibir esta suma de dinero que se ha aceptado, y que ya está depositado en su cuenta, es sin duda, algo beneficioso para nuestro país, por el beneficio que va acarrear el uso que le dará el Ministerio de Salud”, acotó.
Por tanto, González enfatizó que Paraguay no renunció a su posición jurídica. “Lo que hizo Paraguay, fue evaluar su probabilidad de éxitos, analizando las condiciones contractuales firmadas por el gobierno anterior, y la aceptación de esta propuesta con base a esas consideraciones. Con esto, se cierra el capítulo con Covax, porque el dinero ya está depositada en la cuenta, entonces ya no existe reclamo de ninguna de las partes”, remarcó.
Descentralización
A su turno, la ministra Barán remarcó que hoy es un día histórico para el Paraguay, porque sentó postura y reclamo ante el mecanismo, a pesar de los términos de desventaja y todo lo que podía perder. Señaló que esta recuperación del dinero, y atendiendo las necesidades en el sistema de Salud, con el presidente de la República se resolvió destinar al tratamiento de pacientes oncológicos.
“Como gobierno de Paraguay trabajamos en la descentralización de los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos 9 lugares donde se hace tratamientos con quimioterapia. Con este dinero se va comprar dos aceleradores lineales, que es un equipo que sirve para el tratamiento de la radioterapia. Hoy el único lugar donde se presenta este servicio es en el Incan (Areguá), y con la compra de estos equipos se instalarán en Encarnación y Ciudad del Este, respectivamente”, precisó.
La ministra indicó que considera muy acertada la decisión de invertir estos recursos recuperados en la compra de estos equipos, que servirá para descentralizar el servicio oncológico en el país. Agregó que se esperó recibir el dinero y que esté depositado en la cuenta de Salud Pública, para llevar adelante el anuncio.
“La plata ya está acá en Paraguay y lista para ser ejecutada para la compra de estos dos aceleradores lineales cuanto antes, para descentralizar el tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos”, señaló. Precisó además, que cada acelerador lineal, está al rededor del millón y medio de dólares cada uno, por lo que se decidió comprar dos en esta ocasión, además de todos los accesorios que serán necesarios para su funcionamiento.
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