El presidente de la Cámara de Senadores, Oscar “Cachito” Salomón, confirmó que no existen votos para derogar la ley que eleva las penas para las invasiones a la propiedad privada. Este es uno de los seis reclamos arrimados al Poder Legislativo por las organizaciones campesinas que realizan una manifestación en la capital.
Comentó que uno de los petitorios ya está resuelto en alusión al caso de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, cuyo pedido de enjuiciamiento fue archivado el día de ayer martes en Diputados.
Otro reclamo es el fin de los desalojos, punto sobre el cual el Congreso no tiene competencia sino el Poder Judicial, conforme expresó Salomón. “El tema de la Ley Zavala-Riera yo no creo que se tenga la mayoría en este momento para la derogación porque viene de un sector nada más eso”, indicó.
El legislador colorado afirmó que ya se dieron varias reuniones con los dirigentes de las organizaciones campesinas en un intento por atender sus reivindicaciones.
Explicó que se reunieron con representantes del Ministerio de la Vivienda, del Banco Nacional de Fomento (BNF), Crédito Agrícola y Habilitación (CAH), de la Ande y de Senacsa, a fin de mediar para que sus petitorios sean atendidos por las autoridades.
“Lastimosamente escapa a la solución que nosotros podamos darles. Todo lo que nosotros podamos ayudar a que se solucione este inconveniente lo vamos a hacer”, ratificó.
Derogación, pedido imposible de conceder
Específicamente sobre el punto referente a la derogación de la ley que eleva las penas a invasores, Salomón indicó que realizó una consulta con sus pares y la respuesta fue un rotundo rechazo al planteamiento.
“Nosotros hemos consultado con los compañeros, principalmente con los que habían aprobado la Ley Zavala-Riera y el 95% de ellos no está dispuesto a cambiar de posición. Así que eso vuelve imposible el petitorio”, finalizó.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Amarilla destaca los principios liberales durante encuentros con dirigentes del PLRA
El senador Dionisio Amarilla, líder del movimiento Diálogo Azul del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), realizó una intensa gira por distintas localidades del país, este fin de semana, para conmemorar la gesta liberal del 18 de octubre, acompañado de dirigentes, autoridades electas y correligionarios. Durante los diversos encuentros reivindicó la propiedad privada, el libre mercado y la libertad individual.
Desde el equipo político de Diálogo Azul, informaron que la primera parada fue en Altos, departamento de Cordillera, donde visitó al intendente reelecto, César Ferreira y participó de un acto en el polideportivo municipal. Durante la actividad, se entregaron menciones de honor a personas que tuvieron una activa participación en el trabajo electoral.
Mencionan que en la ocasión, Amarilla reivindicó los principios del liberalismo universal, haciendo énfasis en la defensa de la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. “Que el aporte al desarrollo, la libertad y la democracia sigan de la mano del otro centro democrático, hoy PLRA. ¡Feliz día a todos los correligionarios!”, expresó el legislador.
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Asimismo, mencionaron que la agenda continuó en el distrito de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, donde mantuvo un encuentro con el concejal Líder Gallardo y otros referentes de la dirigencia liberal. Posteriormente, en Juan León Mallorquín, visitó el comité local acompañado de la concejal Estela Noguera y del intendente electo, Elvio Coronel, en un encuentro con dirigentes y correligionarios de la zona.
Señalaron que la gira prosiguió en Presidente Franco, donde Amarilla participó de una reunión con dirigentes, junto al concejal Roberto Brizuela, y de una fiesta popular con la presencia del intendente Roque Godoy. Aunque la jornada estuvo marcada por el ambiente festivo, entre los dirigentes persistía el pesar por la derrota electoral en el distrito.
Además, informaron que el recorrido también incluyó Mbaracayú, donde el senador compartió un acto con correligionarios y el intendente electo, Adejaime Pavei. La recorrida estuvo marcada por la conmemoración de la gesta del 18 de octubre y la reivindicación de los principios ideológicos del liberalismo, con énfasis en la libertad, la democracia, la propiedad privada y el libre mercado.
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Civis, previsibilidad a largo plazo
Por: Antonella Mateu
Propiedad privada, reglas claras y libertad cambiaria forman parte del atractivo de Paraguay, pero cuando el capital entra en un proyecto, la seguridad se juega también en otra cancha: fideicomisos, contratos, fondos, permisos y la estructura detrás del desarrollador.
¿Qué está comprando realmente una persona cuando pone su dinero en un proyecto inmobiliario? La respuesta parece sencilla: metros cuadrados, ubicación, calidad constructiva y la posibilidad de que el activo gane valor con el tiempo. Sin embargo, para un inversor, esa es apenas la superficie. Detrás del ladrillo existe una estructura que puede resultar tan determinante como el inmueble. Quién administra los fondos, qué derechos tiene el inversor, cómo se protege el patrimonio y qué ocurre si el escenario cambia.
Para José Serratti, accionista y director jurídico de Civis, esa estructura comienza con un concepto menos visible que el ladrillo: la previsibilidad. “Cuando uno invierte a diez o quince años en un activo inmobiliario, no necesita que le prometan que no habrá riesgos; necesita poder identificarlos, medirlos y administrarlos”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, Paraguay cuenta con condiciones que favorecen la inversión inmobiliaria, tanto nacional como extranjera. José destacó “la simplicidad con reglas claras, una carga tributaria baja y sencilla, y una política de Estado bastante consistente de promover y proteger la inversión”.
La primera capa está en el marco jurídico. La Constitución protege la propiedad privada y los extranjeros pueden adquirir inmuebles en condiciones similares a los nacionales, con las excepciones previstas para determinadas zonas de frontera. También existe un registro público donde se inscriben los derechos sobre los inmuebles.
A esto se suma un mercado cambiario libre, sin controles de capital, y el uso extendido del dólar en las operaciones inmobiliarias. Para quien proyecta una inversión a varios años, estos factores aportan previsibilidad a una ecuación que incluye costos, financiamiento, ingresos y potencial de valorización.
Pero hay una diferencia clave, y es que un mercado sea favorable para invertir no significa que todos los proyectos tengan la misma estructura de seguridad. Por eso, antes de comprometer capital, el inversor debe mirar mucho más que la ubicación y el precio. ¿Quién es el propietario del inmueble? ¿Cuenta con los permisos y habilitaciones necesarios? ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Dónde estarán los fondos mientras avanza la obra? ¿Qué contratos respaldan la operación? ¿Qué sucede ante una demora, un sobrecosto o un cambio en las condiciones del mercado?
En ese entramado aparece el fideicomiso, una herramienta que permite separar el patrimonio de cada proyecto del patrimonio de la desarrolladora y establecer una estructura específica para administrar los activos y recursos vinculados a la inversión.
Para el inversor, esto cambia la conversación. Ya no se trata solamente de cuánto puede valer un inmueble terminado, sino de qué mecanismos existen para proteger y ordenar el capital durante todo el proceso.
También importa quién está detrás del proyecto. La trayectoria del desarrollador, los proyectos entregados, la capacidad para administrar recursos, la transparencia de la estructura y la confianza construida con los inversores forman parte del análisis de riesgo.
En Civis, esa mirada se traduce en una estrategia que prioriza la estructuración jurídica y financiera, la trazabilidad de los fondos, los contratos claros y el uso de fideicomisos. “Nuestro principal diferencial es que pensamos primero como inversores y después como desarrolladores”, afirmó.
A estos elementos suma el track record de la compañía con proyectos desarrollados y entregados, inversores que volvieron a invertir y una reputación que, según explicó José, buscan proteger. “Nosotros también invertimos en nuestros proyectos, así que existe una alineación real de intereses y no estamos simplemente administrando el dinero de un tercero, estamos construyendo patrimonio junto con nuestros inversores” concluyó.
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Peña defiende la propiedad privada y promete más acceso a la tierra a los campesinos
El presidente de la República, Santiago Peña reafirmó su respaldo al sector productivo y aseguró que el Gobierno protegerá a quienes producen, al tiempo de promover el acceso a la tierra para más paraguayos.
Durante su discurso en la apertura oficial de la IV edición “Siembra de Soja Paraguay 2026-2027″, en el distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, Peña se refirió a la protección de la propiedad privada y advirtió que las políticas destinadas a atender las demandas sociales no deben terminar debilitando al sector productivo. Remarcó que cuando el campo está bien y se convive en paz y armonía, el Paraguay está bien, y puede progresar.
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“Dejamos en claro que vamos a defender la propiedad privada. Vamos a defender con todas las fuerzas de la ley aquel legítimo tenedor de la propiedad privada. Nadie puede estar pensando en los precios internacionales o en los costos de los fertilizantes o de los insumos, si tiene dudas, o le preocupa si alguien va a invadir su tierra, o si le van a quemar su tractor. Mi compromiso y nuestro compromiso es defender la propiedad privada”, enfatizó.
Reforma agraria
A la par, destacó el crecimiento del interior y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras a ampliar el acceso a la tierra para pequeños productores y campesinos. Sostuvo que así como defenderán a los grandes productores, también su gobierno ha venido luchando por todos los paraguayos, los pequeños productores, para que alcancen el anhelado sueño de tener su tierra propia.
En ese sentido, dejó en claro que esta lucha, no se ha logrado sacando tierra a los que tienen para darselo a quienes no tienen. Recordó que el Estado paraguayo es el mayor terrateniente. En ese sentido mencionó que a través del Indert se está promoviendo en el Congreso, un proyecto de Ley que busca dar mayore beneficios a los que son sujetos de la reforma agraria.
“El Indert en estos 3 años ha entregado más títulos que los 10 años anteriores. Y recientemente presentamos un proyecto de ley al Congreso, al Senado de la Nación, que ya tuvo una audiencia púbica el pasado viernes. Probablemente va a ser una de las transformaciones más grandes desde el inicio de la reforma agraria hace más de 100 años en el Paraguay para poderle dar acceso a la tierra, a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. Porque eso es lo que va a mantener la paz en el campo”, remarcó.
Explicó que con esta legislación de ser sancionada dará al campesinado la seguridad para trabajar la tierra. Enfatizó que el Paraguay tiene un potencial productivo gigantesco, en lo que hace a la producción agrícola, ganadera.
“El Paraguay crece en el interior del país. El mayor desarrollo del Paraguay que estamos viendo en estos 3 años y meses de gobierno se está dando en el interior del Paraguay. Se está dando en el desarrollo productivo en la cultura, en la ganadería, en la industria, en el comercio, en el servicio. Y este trabajo yo no lo puedo hacer, sino lo trabajo de manera coordinada con los gobernadores de cada departamento” acotó.
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