El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, dijo que el Paraguay está en condiciones para convertirse en un centro regional de desarrollo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y la infraestructura digital, mediante la alianza concretada con Taiwán durante la reciente visita del mandatario Santiago Peña.

Sosa detalló que nuestro país podrá impulsar la construcción inicial de un centro de datos piloto de 10 megavatios con el fin de validar la tecnología y su viabilidad operativa. “El Paraguay está totalmente en condiciones de cumplir con el acuerdo, considerando que inicialmente se habla de 10 megavatios. Nosotros tenemos suficiente disponibilidad de generación y de infraestructura de transmisión y distribución para poder atender esa demanda sin ningún inconveniente“, comentó este jueves al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Agregó que tampoco tendremos dificultad para contemplar la segunda fase del proyecto, consistente en la expansión de la capacidad a 100 megavatios con un enfoque regional. “También se tiene las condiciones para suministrar sin ningún inconveniente”, manifestó.

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Mientras que para la tercera fase, se proyecta a largo plazo alcanzar una capacidad de hiperescala de un gigavatio. “Vamos a tener tiempo para ir desarrollando nuevas fuentes de generación a los efectos de acompañar la demanda prevista“, puntualizó.

Ante este escenario, el titular del ente eléctrico señaló que la reglamentación de la ley 7599 de Energías Renovables no Convencionales, promulgada en diciembre del 2024, mediante el decreto 6034 que fue publicado el martes pasado, contribuirá para acompañar la demanda prevista para su centro de datos.

“Esto es fundamental para poder avanzar en las nuevas fuentes de generación de energía. Acá todos los paraguayos debemos involucrarnos para acompañar la decisión histórica del presidente de la República, Santiago Peña de posicionar al Paraguay en nivel global, principalmente en el tema tecnológico”, manifestó Sosa.

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Mediante la reglamentación las firmas privadas podrán generar energía usando fuentes como la solar, eólica o biomasa, biogás y geotérmica, teniendo en cuenta que la matriz energética del Paraguay por la generación hidroeléctrica estatal, principalmente a través de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. y la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

“Con la reglamentación de la ley 7599 se crea una enorme oportunidad para el desarrollo energético de nuestro país, considerando que el sector privado puede desarrollar la generación de energía eléctrica para poder venderla tanto a la Ande como a los grandes usuarios”, indicó Sosa.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, sostuvo que las 50 causas judiciales contra el exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ayer martes pasó su primera noche de reclusión en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional.

El parlamentario aguarda que la justicia sea implacable con políticos que enfrentan una extensa lista de denuncias penales con procesos judiciales en curso, haciendo alusión al destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tienen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente“, afirmó en una conferencia de prensa, este miércoles.

Prieto, quien fue destituido de la jefatura comunal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su campaña presidencial con recorridos y promesas, mientras continúa chicaneando contra el juicio por el caso “Tía Chela” y se encuentra imputado por el caso “Tajy”, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como presuntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.

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“Debemos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron puestos por el gobierno abdistas y ciertos medios de comunicación que son sus aliados", indicó Núñez.

La mayoría de las denuncias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.

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El mandatario Santiago Peña anunció la reglamentación de la ley 7599 de Energías Renovables no Convencionales, promulgada en diciembre del 2025, mediante el decreto 6034. Con este paso, el Gobierno busca atraer mayor inversión y diversificar la matriz energética nacional. La normativa también habilita al sector privado a generar, comercializar e incluso exportar energía limpia.

“La modernización del sector energético da un paso decisivo. Con la reglamentación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, Paraguay transforma una visión estratégica en un marco operativo concreto para atraer inversiones, diversificar su matriz energética y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional. Más energía, más competitividad y más futuro para el Paraguay", dijo Peña en redes sociales, acompañado por el jefe de gabinete Javier Giménez y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Ilo Moreno.

En la reglamentación se detalla que “Paraguay ostenta una posición única a nivel global en materia de matriz energética limpia, siendo, al día de la fecha, el único país del mundo que cuenta con una matriz de generación de energía eléctrica compuesta en su totalidad por fuentes renovables, lo cual constituye un activo estratégico que debe ser preservado, capitalizado especialmente proyectado hacia el futuro. Que el sostenimiento de dicha posición exige un esfuerzo constante de expansión, modernización y diversificación de la capacidad de generación de energía instalada en el país”.

Agrega que “Paraguay se encuentra ante una oportunidad histórica de consolidarse como un verdadero ‘hub’ energético regional, atrayendo inversiones de gran envergadura, generando empleo calificado, facilitando la incorporación de know-how y de tecnología de vanguardia, y proyectando externalidades positivas que trascienden al sector eléctrico para irradiarse sobre el conjunto de la economía nacional".

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De esta forma, las firmas privadas podrán generar energía usando fuentes como la solar, eólica o biomasa, biogás y geotérmica, teniendo en cuenta que la matriz energética del Paraguay por la generación hidroeléctrica estatal, principalmente a través de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. y la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

A la vez, las empresas se encuentran habilitadas para poder comprar, ofertar e incluso exportar energía generada con dichas fuentes no convencionales. La reglamentación detalla que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante el Viceministerio de Minas y Energías que fijará anualmente la tarifa de referencia de Energías Renovables no Convencionales, a partir de informes de costos que remitirá la Ande.

Para la actividad comercial se introducen cuatro actores: autogenerador de energía renovable no convencional, cogenerador, generador y exportador. El primero produce energía para consumo propio, el segundo produce tanto energía eléctrica como otra forma de energía de manera simultánea, el tercero da licencia para producir y vender energía a la Ande o concesionarias y el cuarto produce energía exclusivamente para exportar.

La Ande podrá realizar licitaciones para comprar energía de generadores privados destinados a cubrir la demanda interna o para liberar energía propia para exportación. Los adjudicados deben constituir una sociedad anónima (S. A.) en Paraguay para firmar el contrato. El oferente debe poseer al menos el 51 % de las acciones.

Se crea un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFP) como fiduciario y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como fideicomitente, para asegurar el pago puntual a los generadores privados. Todos los costos de las obras e infraestructura necesarias para conectarse a la red eléctrica o transportar energía corren por cuenta exclusiva del privado.

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Un informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó el festín multimillonario en publicidad que llevó adelante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente con sus medios amigos que guardaron silencio y se desentendieron de sonados casos de corrupción que sacudieron al exmandatario.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

No se precisa ser experto para enten­der que el expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez compró su impunidad mediática. Los multimillonarios gastos de su gobierno en publicidad y propaganda consiguieron lealtades de grandes medios de comunicación, influen­cers, ONG que fueron los principales beneficiarios del banquete que se armó con dinero estatal.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) terminó por confir­mar el monstruoso monto de G. 210.129.987.027, unos USD 33.000.000 en gas­tos por publicidad y propa­ganda durante el período de gobierno de Abdo (agosto 2018/agosto/2023). La cifra equivale al triple del pre­supuesto del Ministerio de Industria y Comercio, ente que, en comercio, servicios y Mipymes maneja el 70 % de la economía paraguaya.

El detalle de adjudicaciones registra cerca de 400 contra­tos que cabe subrayar corres­ponden a instituciones de la administración central, es decir, dependientes del Poder Ejecutivo.

Si se incluyeran las contra­taciones de publicidad y pro­paganda de todo el Estado, es decir municipalidades, gobernaciones, Poder Legis­lativo, Judicial, excepto las binacionales, los reportes de la DNCP indican adju­dicaciones por valor de G. 261.596.371.084, equivalentes a unos USD 40, 2 millones.

La cifra para lavar la cara del anterior gobierno es astronó­mica, más aún considerando el contraste con la cruda rea­lidad que sufría la gente y se agravaba por la pandemia del covid -19.

Sacrificaron instituciones en situación crítica como Copaco que, mientras era sacudida por protestas de funciona­rios, multimillonarias deudas y los auditores diagnostica­ban quiebra técnica sus auto­ridades despilfarraban dine­ral en contratos de publicidad. Esta empresa estatal ya en los primeros meses del gobierno de Abdo (2018) adjudicó con­tratos por G. 12.000.000.000, según la planilla entregada por la DNCP.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni­cación (Mitic) era una insti­tución buena y muy querida. Desparramaba publicidad en los medios amigos para “fortalecer la conexión entre el Gobierno y la ciudada­nía”. Pese a que el desempleo aumentó en su administra­ción las campañas apuntaban a generar información sobre “la generación de oportuni­dades”, según puede visuali­zarse en los resúmenes de las contrataciones.

Las campañas a través de los medios amigos también agen­daban la narrativa de “lucha contra el crimen organizado”, cuando la narcoexportación se incrementaba de forma galopante y el país era noti­cia como ruta de los kilos de cocaíca decomisados en puer­tos europeos.

Un detalle no menor es la cargada agenda publicitaria de la Presidencia de la Repú­blica, principalmente a tra­vés de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) que en el 2019 sumó adjudicaciones por G. 19.731.956.138 y en el 2022 G. 17.562.820.439. Las especificaciones de los lla­mados y adjudicaciones están minadas de contrataciones de pautas en medios, influen­cers, coincidentemente con una campaña de persecución inmisericorde que arrasaba en 2022 con medios amigos y redes sociales donde bro­taban perfiles falsos como hongos, fustigando a quienes denunciaban la corrupción en el gobierno de Abdo.

Los multimillonarios gastos en publicidad de Abdo a tra­vés de Contrataciones Públi­cas no fue el único frente que lo ayudó a blindarse de las crí­ticas, los escraches, las per­secuciones. No hay que olvi­dar el megacontrato que su gobierno firmó con la des­mantelada agencia calificada de corrupta, Usaid.

El convenio con Usaid ase­guró un presupuesto de USD 60.000.000 y a ello se pren­dieron opositores, periodis­tas, publicistas, identificados con varios grupos políticos muy bien remunerados con los fondos que se facilitó gra­cias al gobierno de Abdo. Emprendieron fuerte cam­paña que de fachada era anti­corrupción, transparencia y contra la impunidad, pero en la práctica era una campaña de persecución muy bien diri­gida a un sector del Partido Colorado y de la prensa.