El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.

“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.

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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.

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Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.

Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.

“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.

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El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.

Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.

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El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC) y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Javier Giménez, adelantó que las negociaciones sobre el Anexo C entre Paraguay y Brasil se paralizan hasta tanto se aclare sobre el presunto espionaje informático de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) al Gobierno paraguayo, que trascendió ayer en medios brasileños.

“Vamos a tomarnos un tiempo necesario para primero resolver y aclarar en detalle esta situación antes de volver a la mesa de negociación. En este momento, mañana eso puede cambiar, hoy no hay condiciones para hablar del Anexo C para que se aclaren estos puntos”, indicó el ministro, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desmintió la publicación periodística realizada por el medio de comunicación Abc Color, donde se argumenta que la entidad binacional Itaipú terminó pagando la suma de USD 97 por cada mobiliario escolar a la empresa paraguaya Kamamya S. A., mientras que la documentación verificada confirma el costo de USD 53,14 por unidad.

Mediante una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el titular de DNIT, Óscar Orué, detalló este martes que la hidroeléctrica pagó la suma total de USD 53,14 por cada pupitre, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: el valor de cada set de pupitres (mesa y silla) es de USD 30 (equivalentes a G. 237.072), para el servicio de flete se destinó USD 10,32 (G. 81.552); el seguro, USD 0,30 (G. 2.370), y el tributo, USD 12,52 (G. 98.939).

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) envió los primeros 36.000 kilos de alimentos que serán distribuidos a unas 1.500 familias afectadas por inundaciones en el Chaco. Se trata de un primera etapa que se irá extendiendo a otras comunidades golpeadas.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que más de 6.000 familias son afectadas por las inundaciones en la zona de Alto Paraguay, Chaco, pero en esta primera etapa asisten a unas 1.500, las más golpeadas por las precipitaciones.

La incautación de dos camiones cisterna evitó que más de 30.000 litros de gasoil que carecían de documentaciones legales ingresen al mercado. Dos operativos realizó ayer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El primero, en Coronel Bogado, Itapúa, donde los agentes retuvieron un camión de la empresa Tega Oil.

El conductor del móvil Mercedes Benz, matrícula ARO 762 presentó una nota de remisión que pertenecía a otro vehículo. Además, no entregó la factura. En el segundo procedimiento realizado en Limpio, Piquete Cue, fue incautado un camión Scania del mismo emblema. El chofer tampoco tenía los documentos requeridos para el transporte del producto.

En su visita histórica a Paraguay, el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros en Mburuvicha Róga. Destacó la fortaleza macroeconómica del país, anunciando que destinarán USD 2.000 millones para potenciar el sector de infraestructura del país (caminos, puentes y energía), así como apoyar al sector privado.

Aseguró que la prioridad de la entidad, así como la del Gobierno, es la de crear empleos dignos para los jóvenes, agricultores, pequeñas, medianas y microempresas. Se está promoviendo la posibilidad de que la corporación financiera internacional pueda recaudar fondos de tal manera de apoyar todos los proyectos de inversión de las empresas.

El expresidente Mario Abdo Benítez, quien solicitó la aprobación de su desafuero, tendrá la oportunidad de dar su descargo hoy, antes de que se fije fecha para estudiar el retiro de su inmunidad. Sin embargo, pese a “ofrecer su cabeza”, anunció que no irá.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta tendrá su reunión ordinaria este martes a las 13:00. En el primer punto del orden del día figura la audiencia con el senador vitalicio Mario Abdo Benítez, acompañado con sus representantes legales, en relación a la imputación que pesa en su contra.