El diputado Carlos María López, electo nuevo presidente de la Cámara de Diputados por el pacto abdismo-opositor y de la mano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, cuenta con varios antecedentes de irregularidades en su gestión como gobernador del departamento de Cordillera. López, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), asumirá la presidencia el próximo 1 de julio en reemplazo del colorado Pedro Alliana.
En informes de la Contraloría General de la República (CGR) se constataron “inconsistencias” en su gestión al frente de la gobernación, en varias obras realizadas en ese momento, además de irregularidades en la rendición de cuentas en el ejercicio fiscal del 2017.
En uno de los informes de la institución contralora refiere que la administración de López no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en varias de las obras realizadas por la gobernación. Entre estas obras se mencionan aulas financiadas con fondos del Fonacide, y que las mismas fueron construidas con materiales de mala calidad, además de obras de infraestructura y viales, todo de acuerdo con el informe de la Contraloría.
Igualmente, en un informe presentado en el 2017, sobre el cumplimiento financiero de la administración gubernamental de enero a diciembre de ese año, la Contraloría concluyó varios puntos irregulares como “la falta de depuración de los saldos de bienes de consumo expuestos en el balance general por G. 182.313.640, incumpliendo la Ley de Administración Financiera del Estado”.
Otro de los puntos constatados es que se realizaron pagos por G. 172.480.000 en concepto de adquisición de vehículos y maquinarias para la gobernación, que no fueron registrados en el inventario general de bienes de uso al cierre del año fiscal del 2017. También se constató que la sede de la Gobernación de Cordillera no se encontraba en el inventario de bienes, afectando al saldo contable de la cuenta Activos de Uso Institucional.
Se observó además diferencias de los presupuestos presentados, en los precios consignados en el presupuesto y en los de compra, así como varios ítems presupuestados que no fueron proveídos, pertenecientes a transferencias en concepto de aporte para la compra de herramientas menores a una subcomisión por el valor de más de G. 12 millones.
Tampoco se presentó el informe anual correspondientes al ejercicio fiscal del 2017 de los gastos rendidos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (Fonacide), por un importe de más de G. 4.782.826.806.
En total, fueron 13 puntos de observación de la Contraloría en el año 2017, en las cuales el gobernador de Cordillera en ese entonces, Carlos María López, no cumplió con las normativas de control y ejecución del presupuesto gubernamental.
Leé también: Intendente de Tavaí revela acuciante falta de agua en su distrito