En la administración de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se registra un duro golpe al flagelo del narcotráfico y lavado de dinero dejando como saldo un total de US$ 1.092.203.199, realizando importantes operativos pese a los recortes presupuestarios que enfrenta constantemente la institución a su cargo.
Desde la Fiscalía detallaron que en el transcurso del 2018 hasta finales del pasado año se obtuvieron importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Al respecto, desde la institución comunicaron que durante el mencionado periodo quedaron fuera de circulación, en diferentes formas un total de 978.694 Kg de marihuana, 45.000 dosis de crack, 6469 Kg de cocaína.
También fueron puestos fuera de circulación 76.480 litros incautados de precursores químicos, mientras que en el año 2021, 841 personas vinculadas a ambos flagelos fueron imputadas, mientras que otras a la vez fueron extraditadas ante el requerimiento de países vecinos.
El informe brindado por el Ministerio Público puntualiza también que se logró la entrega de inmuebles al Estado paraguayo por valor de G. 417.886.000.000. Mientras que solo en el 2021 se logró un golpe a las organizaciones criminales por valor de US$ 600.000.000.
Actualmente desde el oficialismo colorado, encabezado por el segundo del Poder Ejecutivo y aspirante a la Presidencia de la República, Hugo Velázquez, se busca la destitución de Quiñónez, a través de un juicio político, acompañado por la oposición.
La finalidad de acuerdo a las denuncias realizadas por los parlamentarios que destacan la gestión de la titular del Ministerio Público, sería que desde el sector de Velázquez, buscarían instalar un fiscal a medida con el fin de utilizar la institución como un “garrote político”, no obstante aún no se tendrían los votos para la concreción del considerado “atropello institucional” razón por la cual aún en la Cámara de Diputados no fue presentado el libelo acusatorio por parte de ambos sectores.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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LN PM: edición del 13 de noviembre
Gobierno anuncia baja de precio de combustibles de Petropar y reducción del 50 % del ISC al diésel
El gobierno del presidente de la República, Pedro Alliana, informó este viernes la baja de precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reducción del 50 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoíl en lo que resta del año. El anuncio se dio en conferencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
“Esto representa una disminución en promedio del 4 % en todos los combustibles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.
Caso Ueno Bank: detienen a tres exdirectivos del Banco Central
Tras permanecer prófugo, se entregó este viernes Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), quien también fue incluido en la investigación del colapso de Ueno Bank.
El exintegrante del Directorio de la banca matriz se presentó en la sede de la Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción. En allanamientos realizados esta mañana fueron aprehendidos Liana Caballero y Miguel Mora, exintegrantes del Directorio del Banco Central.
Mejoras en el Incan: obras del futuro Centro de Atención Ambulatoria registra 90 % de avance
Las obras que se desarrollan en el marco de la remodelación, refacción y ampliación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ingresan en su etapa decisiva, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los trabajos para el futuro Centro de Atención Ambulatoria del Incan registran un avance cercano al 90 %. En paralelo, las obras del Parque Sanitario superan el 80 % de ejecución, detalló la institución acerca del plan de renovación integral del centro asistencial especializado.
Bancada oficialista de la ANR evaluará el lunes pedido de juicio político a Emiliano Rolón
El diputado Arturo Urbieta sostuvo que el próximo lunes la bancada oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) analizará el planteamiento de la oposición de impulsar un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por mal desempeño en sus funciones y la comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo.
“La situación vamos a estudiar el próximo lunes minuciosamente en la bancada y después dar nuestra versión oficial”, dijo el legislador en una entrevista con Nación Media. Para la aprobación del libelo acusatorio, en la Cámara Baja se requiere de una mayoría de dos tercios, es decir, 53 votos en caso de la presencia de los 80 diputados.
Cecilia Rodríguez renuncia a la gerencia logística del IPS
La gerente de Abastecimiento y Logística del Instituto de Previsión Social (IPS), Cecilia Rodríguez, confirmó su renuncia al cargo. La misma señaló que ya cumplió con su ciclo en la previsional y negó tener algún grado de parentesco con el expresidente Santiago Peña, por el cual había sido cuestionada.
Rodríguez también dijo que se encuentra “en medio de una guerra” y que incluso es blanco de amenazas de muerte constantes y de campañas de ataque en redes sociales debido a que su gestión incomodó a ciertos sectores.
Alliana designa como terroristas a 21 organizaciones criminales
La Embajada de Estados Unidos reconoce a Paraguay y al presidente Alliana por su compromiso en la defensa contra el terrorismo, al designar a 21 organizaciones como narcoterroristas.
“Reconocemos al presidente Pedro Alliana por designar a 21 organizaciones criminales transnacionales entre ellas el Tren de Aragua, la MS-13, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas, en el marco del Escudo de las Américas. A menos de una semana de haber asumido el cargo, el presidente Alliana demuestra un liderazgo firme y decidido, así como el compromiso del Paraguay con la defensa de nuestro hemisferio frente al narcoterrorismo”, expresa el mensaje de la embajada.
Caso Dalia López: comitiva fiscal se constituye en el BNF
Una comitiva de la Fiscalía y la Policía Nacional realizó un procedimiento en la mañana de este viernes en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF). La diligencia se llevó a cabo en el marco del caso vinculado con Dalia López y la recuperación de dinero incautado en poder de la empresaria durante su detención.
Durante el juicio oral, que finalizó la semana pasada, López admitió la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano. La empresaria fue condenada a dos años de prisión, aunque la ejecución de la pena quedó suspendida.
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Bancada oficialista de la ANR evaluará el lunes pedido de juicio político a Emiliano Rolón
El diputado Arturo Urbieta sostuvo que el próximo lunes la bancada oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) analizará el planteamiento de la oposición de impulsar un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por mal desempeño en sus funciones y la comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo.
“La situación vamos a estudiar el próximo lunes minuciosamente en la bancada y después dar nuestra versión oficial”, dijo el legislador en una entrevista con Nación Media. Para la aprobación del libelo acusatorio, en la Cámara Baja se requiere de una mayoría de dos tercios, es decir, 53 votos en caso de la presencia de los 80 diputados.
De los 80 diputados, un total de 41 pertenecen al oficialismo colorado. Entre los principales cuestionamientos a Rolón se centran en la actuación fiscal en el caso Ueno Bank, en donde los opositores cuestionan la falta de intervención oportuna y las decisiones adoptadas durante las primeras etapas de la investigación. Entre los aspectos señalados figuran la presunta demora en disponer medidas para resguardar evidencias y bienes que podrían estar vinculados con las operaciones investigadas.
También mencionan una tardanza en investigar denuncias contra el destituido mandatario Santiago Peña, quien es sindicado de cometer hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Resaltan la falta de investigación sobre los denominados “sobres del poder”, los cuales hacen referencia a presuntos manejos irregulares de dinero en efectivo en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.
El otro punto guarda relación con la carencia en infraestructura, insumos y recursos humanos, la cual, según los opositores, compromete la capacidad del Ministerio Público para desarrollar las investigaciones técnicas y garantizar el procesamiento adecuado de las evidencias.
“El fiscal general siempre habló de un déficit presupuestario y que no tiene la cantidad de fiscales necesarios, pero a pesar de todo eso, muchas cosas se están haciendo por primera vez, ayer vimos que Mburuvicha Róga se allanó, varias cosas están pasando y mucha gente está cayendo”, indicó Urbieta al defender el trabajo del Ministerio Público en las causas judiciales abiertas en el marco del proceso de resolución de Ueno Bank.
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Datapar apuesta por una nueva era de gestión con DIA
Con DIA (Datapar Inteligencia Artificial), Datapar apuesta por agilizar procesos financieros, conciliaciones bancarias y operaciones contables desde una sola plataforma. La herramienta ya está operativa en unas 30 empresas y apunta a alcanzar a sus más de 300 clientes corporativos antes del segundo trimestre de 2027.
La inteligencia artificial comienza a ganar terreno en la gestión empresarial paraguaya. Datapar presentó DIA, una tecnología integrada a su ERP que permite consultar información, consolidar datos y automatizar procesos que tradicionalmente demandaban tiempo y controles manuales.
Una de sus principales funcionalidades es la conciliación bancaria. Gracias a la conexión directa del ERP con las entidades financieras, el sistema puede acceder a extractos, contrastarlos con los registros contables y verificar operaciones sin necesidad de descargar archivos ni revisar cada movimiento individualmente.
Según explicaron sus directivos, la solución ya funciona en unas 30 a 35 empresas y está disponible para toda su cartera corporativa, que supera los 300 clientes. La meta es extender su utilización mediante capacitaciones y entrenamientos.
El desarrollo también apunta a incorporar análisis predictivos para evaluar riesgos crediticios, anticipar comportamientos de pago y detectar posibles impactos financieros. Además, permitirá ejecutar acciones, como registrar productos mediante fotografías y generar automáticamente sus fichas y entradas de inventario.
Con soluciones para industrias, comercios y empresas de distintos tamaños, Datapar también prepara el lanzamiento de Datapar Pymes, orientado a pequeñas y medianas empresas. Su apuesta es acompañar la expansión del mercado paraguayo con herramientas que integren tecnología, eficiencia y seguridad.