Para el senador Martín Arévalo, del movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente de la República Horacio Cartes, sigue representando un riesgo la permanencia de ciertos funcionarios que en su momento fueron de confianza del exministro Arnaldo Giuzzio y así también autoridades como, por ejemplo, la directora actual, Zully Rolón.
Arévalo considera que ahora, con Rolón al frente, sigue habiendo más dudas que certezas. “Yo creo que a esta altura, como hay un sector de la Senad que responde exclusivamente a Giuzzio, deja un manto de dudas la señora que está al frente porque ella fue puesta ahí por Giuzzio”, dijo en una entrevista concedida a La Nación.
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El senador del movimiento Honor Colorado se refirió también a las acciones que, a su criterio, se deberían poner en marcha, entre ellas la “limpieza” de los ministerios y entidades para dar lugar a personas que cumplen con su trabajo de manera honesta. Pero aseguró que ese trabajo le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República. Fue tajante al decir que la actual titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, debe presentar su renuncia.
“El presidente tendría que limpiar toda esa estructura, esos funcionarios que ya no tienen autoridad para estar al frente, esta señora tendría que salir también, tendría que poner su cargo a disposición”. “Al darse la situación de Giuzzio, toda la estructura tendría que cambiarse”. “No es bueno que continúen ahí personas cercanas al exministro Giuzzio, es más, ella tendría que tener la delicadeza de presentar renuncia”, dijo a La Nación.
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Bachi Núñez recibirá a denunciantes de la senadora Zenaida Delgado por presunto peaje
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se reunirá en el transcurso de la mañana de este lunes con tres funcionarias que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado por un presunto esquema de “peaje” para nombramientos en la institución legislativa. La denuncia, realizada a través de los medios de prensa, refiere que la legisladora solicitaba altas sumas de dinero para realizar nombramientos de los funcionarios que hacen parte de su equipo de trabajo en su despacho.
“Voy a recibir a las partes, así como seguramente voy a recibir a la colega senadora, que también diga su parte”, confirmó el senador Núñez en el programa “Arriba Hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Explicó que generalmente, con el ingreso de cada legislador también ingresan funcionarios, como contratados, y muchos de ellos también dejan la función al término del periodo, mientras que otros permanecen en las oficinas de los nuevos legisladores que ingresan. En estos casos ocurre un aumento considerable de funcionarios, atendiendo a que ingresan nuevos u otros permanecen.
En el caso de Delgado, tendría alrededor de 13 funcionarios a su cargo, a quienes exigiría un pago por el cargo que ocupan. “Cuando asumí ella tenía más de 10, puede ser que sean funcionarios para su despacho, para la comisión que preside, no está topeado, se puede tener más de 10 funcionarios”, indicó Núñez.
El titular legislativo indicó que no manejaba esta situación, pero instó a que se realicen las denuncias a las instancias que corresponden y no realizarlo solo de manera mediática. “Imposible darse por enterado de la situación de los funcionarios de esta legisladora, es inviable. Es más, si uno está enterado de una situación de esta índole y si corresponde, tiene que hacer la denuncia, es lo que yo cuestionaba también, le dije a las colegas que, si tienen pruebas que denuncien, porque hay que denunciar”, dijo el legislador.
Agregó que “si hay hechos de corrupción hay que denunciar, tenemos que acostumbrarnos a hacernos cargo nosotros también como legisladores o autoridades políticas, si nos llegan las denuncias, no hacer solamente denuncias mediáticas o debajo de la mesa, hay que hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue, para que sepamos la verdad, es lo que yo siempre sugiero”.
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Detectan más de 1.090 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos
La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos.
“Esta es una realidad perversa”, dijo el contralor general de la República, Camilo Benítez, tras la finalización de una auditoría realizada por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos.
La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos, encabezada por el senador colorado Patrick Kemper. “Este es un pedido expreso de la comisión y representa un avance. Nosotros nos habíamos comprometido a terminar esta fiscalización en 45 días y nos encontramos con esta realidad”, refirió Benítez a los medios de comunicación.
Además, mencionó que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Hubo mucha colaboración por parte del ministro de Educación y Ciencias, Luis
Ramírez, quien personalmente se fue a la Contraloría a tratar de aportar la mayor información posible para poder transparentar todo este proceso, reconozco esto porque parte del informe apunta a una responsabilidad de su ministerio”, comentó.
Ante este escenario, Benítez cuestionó duramente el desempeño del Cones, al argumentar que la institución “no cumple de manera mínima con su misión y digo esto porque existen muchas universidades, facultades, carreras que la gente cursa y que no se encuentran habilitadas. La ley le obliga al Cones a establecer medidas de sanción como una clausura o intervención”.
Señaló también que el proceso de fiscalización expuso la carencia del Cones en infraestructura y recursos humanos, ya que el ente contó con dificultades para proveer informaciones a la Contraloría.
“Si no pueden responder, mucho menos tendrán la capacidad de controlar a las universidades. Vemos también que muchos títulos fueron reconocidos por el MEC sin haber hecho ninguna debida diligencia de control antes de emitir o reconocer. El colmo de esto se dio con la presencia de más de 1.000 funcionarios públicos cuyas universidades dicen que no estudiaron una carrera allí”, puntualizó.
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Isaías Fretes endurece controles y desvincula a dos funcionarios por combustible de ambulancias
En el marco de la nueva administración del ministro de Salud, Isaías Fretes, que ejerce un mayor control sobre los recursos de la cartera sanitaria, este jueves se informó que dos trabajadores contratados de Itapúa fueron desvinculados por presuntas irregularidades en el uso de combustible destinado a ambulancias.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 279/2026 del Ministerio de Salud, luego de detectarse inconsistencias en las rendiciones de combustible de dos vehículos asignados a la Unidad de Salud de la Familia (USF) de Cambyretá.
Las verificaciones administrativas y los controles de los móviles permitieron identificar diferencias entre los comprobantes presentados, los movimientos registrados y los kilometrajes de las ambulancias. Estas discrepancias motivaron la revisión de los antecedentes para determinar si existían irregularidades en la utilización de los recursos públicos.
Tras el análisis del caso y la intervención de la Asesoría Jurídica del Ministerio, se resolvió poner fin a los contratos de ambos trabajadores. Además, las autoridades de la Séptima Región Sanitaria presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que deberá investigar lo ocurrido y establecer las eventuales responsabilidades.
La medida se enmarca en las acciones de control impulsadas por la nueva administración sanitaria para supervisar el uso de los recursos públicos y resguardar los bienes destinados a la atención de la población.
El Ministerio de Salud señaló que continuará actuando ante posibles irregularidades mediante los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
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Corte informa sobre el marco normativo de los concursos internos para cargos en Alto Paraná
La Corte Suprema de Justicia decidió, durante su sesión plenaria, iniciar los trámites administrativos para el llamado a concurso de funcionarios de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. La medida tiene como antecedente una solicitud de la Presidencia del Consejo de Administración de esa jurisdicción, en la que se propone priorizar concursos internos de promoción para cubrir cargos vacantes y atender las necesidades del servicio de justicia.
La iniciativa fue presentada mediante Nota N.P. N.º 301/2026, del 12 de octubre de 2026, por la camarista Juana Bertha Avalos Agüero, presidenta del Consejo de Administración de Alto Paraná. El planteamiento incluye cargos de actuarios judiciales y jefaturas.
Según el documento, la propuesta se fundamenta en la experiencia adquirida en el ámbito judicial, el conocimiento de los sistemas de gestión y de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como en las capacidades requeridas para el desempeño de estas funciones. La solicitud fue remitida a la Dirección General de Capital Humano para la elaboración de un informe sobre su adecuación a las disposiciones aplicables.
Respecto del marco constitucional, el artículo 46 de la Constitución de la República del Paraguay consagra el principio de igualdad, mientras que el artículo 47, numeral 3, garantiza el acceso a las funciones públicas no electivas bajo el requisito de idoneidad. Por su parte, el artículo 101 reconoce el derecho a ocupar funciones y empleos públicos y dispone que las distintas carreras, incluida la judicial, serán reglamentadas por ley.
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En cuanto al régimen legal, la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece en su artículo 100 que, entre los requisitos para el ascenso de funcionarios públicos comprendidos en la carrera del servicio civil, se encuentra ganar el concurso interno respectivo. A su vez, el artículo 3.º reconoce que la carrera judicial se rige por sus propias normas y que dicha ley se aplica a ella de manera supletoria.
En el ámbito del Poder Judicial, la Acordada N.º 1309/2019 de la Corte Suprema de Justicia distingue dos modalidades de concursos de oposición de méritos y aptitudes: los públicos, destinados al ingreso de personas a la institución, y los internos institucionales, previstos para la promoción de funcionarios. Ambos procedimientos se rigen por los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y juridicidad.
Los concursos internos constituyen así una modalidad reglamentada para la promoción de funcionarios del Poder Judicial. Su aplicación a cargos específicos debe ajustarse a la naturaleza de las funciones, al régimen jurídico correspondiente y a las garantías constitucionales de igualdad e idoneidad.
Las condiciones de participación y las bases de los concursos deberán establecerse conforme al régimen jurídico aplicable a cada cargo. Las convocatorias serán difundidas a través de los canales oficiales del Poder Judicial, una vez aprobadas por las instancias competentes.
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