El abogado Eduardo González aseguró que el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio podría ser procesado judicialmente por cohecho pasivo agravado por haber tenido un vinculo con una persona que pretendía convertirse en proveedor del Estado. Esto, luego de confirmar que utilizó para vacacionar en el Brasil una camioneta registrada a nombre de la empresa Ombu SA, propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, presunto narcotraficante detenido en Brasil.
“Correspondería que el Ministerio Público ordene la apertura de una investigación con la posibilidad del tipo penal entre cohecho pasivo agravado para analizar, ya que fue confirmado por el propio Giuzzio, porque menciona que entró en relación con un posible proveedor del Estado”, sostuvo en contacto con el programa “A punto”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.
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Lamentó que esta situación exponga cómo un alto funcionario se encontraba relacionándose con personas supuestamente ligadas al narcotráfico. “Si se reúne, quiere decir que podría redireccionar un producto en concurso”, expresó González.
En ese sentido, mencionó que “es compleja la situación porque no sé si algún momento se vio una vinculación directa de un alto funcionario del Estado a una posible fracción del crimen organizado”. A partir de ahí es donde espera que se pueda abrir una investigación sobre estos casos.
Incluso, el abogado pone en duda la versión de Giuzzio en la que dice desconocer el prontuario del implicado, por lo cual usó la camioneta para viajar a Brasil del presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien fue detenido en el país vecino por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo Turf. “Yo no creo que uno se reúna con el ministro del Interior sin que este tenga toda la información y conocimiento sobre esa persona”, añadió González.
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Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".
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Caso Boidanich: “No amerita una condena”, afirma el abogado Lovera
Este viernes sigue el juicio oral y público contra el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien se encuentra procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
En la audiencia de hoy se prevé la declaración de un total de cuatro de los once testigos que presenta la defensa. “Sigue el proceso con las declaraciones testimoniales, vamos a ir introduciendo los medios de prueba y realizando las valoraciones pertinentes. La Fiscalía no es capaz aún de definir si le está atribuyendo una acción u omisión a Boidanich, esta es una característica que tiene que alertar respecto a que no es un caso que amerite una condena, no hay méritos para una persecución penal", sostuvo el abogado Claudio Lovera, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Lovera surgen, teniendo en cuenta que el Ministerio Público inicialmente acusó por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
El abogado mencionó que, mediante el trabajo de inteligencia de la Seprelad, la Fiscalía consiguió aplicar oportunamente las medidas cautelares y lograr el comiso del 100 % de los bienes de Messer. Agregó que el éxito de haber asegurado estos activos demuestra el rigor técnico con el que se manejó la institución.
Una vez finalizada la etapa de la declaraciones testificales se dará paso a la etapa de producción de pruebas documentales, en donde la defensa confía en que se ratificará la regularidad administrativa y la total inocencia de Boidanich.
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Guatemala desmintió pacto con EE. UU. para ataques conjuntos antidrogas
El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times. El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones.
"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional“, aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado. En una declaración posterior a periodistas, Arévalo dijo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero que esto no incluye presencia militar estadounidense pues de ser así requeriría autorización del Congreso.
"Va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para (apoyar) la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico“, detalló el mandatario socialdemócrata. El gobierno difundió una carta en la que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, expresa a Hegseth que Guatemala “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro (...) de Guatemala”.
En la nota, fechada el pasado 23 de mayo, Sáenz se refiere a esas maniobras como “operaciones combinadas lideradas por Guatemala”. Según el comunicado del gobierno, Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación”.
La solicitud de Guatemala se encuadra en la Coalición Anticarteles de las Américas, señaló Sáenz en su nota, al referirse al grupo de países creado por el presidente Donald Trump a inicios de este año para combatir al crimen organizado en el hemisferio. En ese marco, Washington aumentó su ayuda en inteligencia a Ecuador y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia.
Según The New York Times, las operaciones conjuntas en Guatemala podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse. El diario sostiene que el objetivo de Trump con esas acciones, a las que espera sumar a Honduras, es presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, algo a lo que se opone la presidenta Claudia Sheinbaum.
Incursión desde Honduras
La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó el gobierno guatemalteco. El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informó de víctimas o daños.
El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó. “Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, señaló el ministro en rueda de prensa. Imágenes de medios locales mostraron algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza. Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.
Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe. Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
“La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales”, declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez. El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
Fuente: AFP.
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Colombia: combates entre guerrillas sacuden zona rural a días de las presidenciales
El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.
El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.
Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.
Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.
A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.
Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.
Fuente: AFP.