Las importaciones al cierre del mes de mayo sumaron USD 7.038,3 millones, cifra un 4,5 % superior a los USD 6.733,1 millones del mismo periodo del año pasado, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Los rubros como productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial registraron valores al alza en comparación con los primeros cinco meses del 2024, exceptuando los combustibles, que registraron una caída en las importaciones.

De acuerdo con el último informe del comercio exterior del BCP, las importaciones registradas representaron el 97,3 % del total, sumando USD 6.851,2 millones, cifra superior en un 5,4 % a la registrada entre enero y mayo del año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó ayer domingo a Irán e Israel a “llegar a un acuerdo” en medio del intercambio de ataques militares en el que están inmersos, aunque luego sugirió que tal vez tendrían que “luchar” primero.

“Creo que es hora de llegar a un acuerdo”, declaró el magnate republicano a periodistas, mientras los disparos de proyectiles entre Israel e Irán continúan por cuarta noche consecutiva. “Aunque a veces tienen que luchar, ya veremos qué pasa”, completó Trump en la Casa Blanca antes de partir hacia Canadá para participar en la cumbre del G7.

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas. El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

En el Día del Padre, un hombre de 72 años que estaba a metros de llegar a su casa, fue atropellado por un automóvil al mando de un joven de 23 años, quien dio positivo al alcotest.

El accidente de tránsito con derivación fatal sucedió a las 15:40 de ayer domingo en las calles Isla Po`i y Juan José Farías, del barrio Itá Ka`aguy, ciudad de Fernando de la Mora. Facundo Torales Arguello (72) regresaba a su domicilio cuando fue embestido por un Toyota Platz de color blanco que, según se observa en el video, perdió el control al menos una cuadra antes y terminó en esa esquina.

El país atraviesa un repunte significativo de enfermedades respiratorias, con un aumento sostenido de consultas médicas y hospitalizaciones en las últimas semanas. Según datos del Ministerio de Salud, existe una circulación simultánea de varios virus como la influenza A, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el rhinovirus, lo que ha generado una presión considerable sobre los servicios de urgencias, especialmente en hospitales públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El neumólogo Carlos Morínigo advirtió que la gran cantidad de pacientes con distintos cuadros respiratorios está afectando el normal funcionamiento del sistema sanitario. “El sistema está un poquito estresado, yo no diría aún colapsado porque se derivan a los pacientes a los lugares específicos, pero se golpea bastante la parte de urgencias”, expresó el especialista, en contacto radial, quien también sugirió habilitar consultorios específicos para enfermedades respiratorias, a fin de descongestionar las áreas críticas.

El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ya concretó la distribución de 202.702 mobiliarios escolares nuevos adquiridos por la Itaipú, representando una cifra del 62 %. En total, se prevé la entrega de 330.000 muebles en instituciones educativas de todo el país.

La dotación de mobiliario escolar se realiza a escuelas con mayores necesidades. Hasta el pasado 13 de junio del 2025, en la zona de Alto Paraná se entregaron 3.183 mobiliarios; en Caaguazú, 2.641 muebles; en Caazapá, 2.492 mobiliarios; en Ñeembucú, 2.317 muebles; y en Itapúa, 1.969 mobiliarios.

La Fiscalía que inves­tiga la denuncia rea­lizada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmanda­tario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriqueci­miento ilícito y con­trabando, no halló elementos y solicitó desestimar la causa. “No existen elemen­tos que permitan concluir en forma positiva”, señala el escrito fiscal.

“Esta represen­tación fiscal considera que, acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obte­nido indicios suficientes que permitan señalar la existen­cia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual corresponde la deses­timación de la misma”, rati­fica la conclusión del docu­mento elaborado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Primeramente, la causa tuvo su origen en la exposi­ción de Arnaldo Giuzzio ante la Cámara de Diputados, el 26 de enero de 2022, fecha en que formuló su denuncia ante la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no ante el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía pidió una copia autenticada de la denuncia a la Seprelad y dio apertura a la causa n.° 15/2022, caratulada “inves­tigación fiscal s/lavado de dinero y otros”, dando inicio a las diligencias por un equipo especial de fiscales.

La Fiscalía se enfocó en tres ejes: a) Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá; b) las declaracio­nes juradas de bienes presen­tadas tendrían indicios de inconsistencias patrimonia­les; y c) la masiva comercia­lización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayorita­rio. Según el criterio del extitular de la Senad y de Interior estos serían indi­cios, pero él mismo no pre­sentó una sola prueba con­creta, según los fiscales.

Seguidamente, la Fisca­lía describe 26 diligencias desarrolladas, incluyendo la citación de Giuzzio para una declaración testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar docu­mentación; sin embargo, el denunciante presentó “un pedido de suspensión y negándose a prestar decla­ración en la segunda opor­tunidad, presentando el tes­tigo una recusación contra los fiscales”.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó informe al Congreso Nacio­nal sobre la presentación rea­lizada por Arnaldo Giuzzio, y el Poder Legislativo informó que el exministro expuso ante el pleno de la Comisión Per­manente del Congreso Nacio­nal “en forma oral, sin dejar material por escrito”. Por ello, también se solicitó a TV Cámara la grabación íntegra de la exposición para inten­tar fundar las acusaciones de Giuzzio.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determina­ción de la retención del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Minis­terio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la Repú­blica Horacio Manuel Car­tes Jara”, describe el docu­mento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandata­rio, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

Los investigadores anali­zaron los documentos pro­veídos por la Contraloría, comparando las declara­ciones juradas de Cartes del 23 de agosto de 2013, del 31 de julio de 2014 y del 29 de agosto de 2018, al iniciar y concluir su mandato. A fin de evaluar la conformación y evolución patrimonial de Cartes, la Fiscalía tuvo acceso a documentaciones de una veintena de insti­tuciones como Hacienda, Tributación, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Ande, Registro de Automo­tores, Comisión Nacional de Valores, Superintenden­cia de Bancos, Superinten­dencia de Seguros, Incoop, Conajzar, Dinac, Dinapi, Ministerio de Industria, Seprelad y Club Libertad, entre otras.

“Se ha hecho un releva­miento en todo el sector financiero, comercial y registrable de los activos que conformarían el patri­monio del señor Hora­cio Cartes Jara”, señala el documento fiscal, así como “una verificación del paquete accionario y evolu­ción de todas las sociedades anónimas informadas por el Ministerio de Hacienda”.

Además, se puntualizan indagaciones aclaradas sobre casos concretos de fideicomisos, capitaliza­ción de acciones y présta­mos atribuidos a Cartes, así como la rectificación en DD. JJ. sobre acciones de la sociedad Dominicana Acquisition, constituida en Panamá. “El examen realiza a su vez el aumento patrimo­nial que significó las diferen­cias cambiarias entre las dis­tintas declaraciones juradas, tomando en consideración que en su mayoría las cuen­tas se encuentran operativas en moneda extranjera y en las declaraciones son expre­sados los valores en guara­níes”, se explica.

Respecto al presunto con­trabando de cigarrillos que señalaba Giuzzio, los fiscales indagaron causas a la Unidad Especializada contra el Con­trabando sobre incautacio­nes. Mientras que Tributación remitió documentación reque­rida en este punto, y refiriendo: “Se menciona que no es posible determinar la trazabilidad de los mismos, puesto que no se cuenta con las facturas físicas”.

En tanto, la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) informó sobre las actividades principales y secundarias declaradas por Tabesa, confirmado que la actividad principal es la ela­boración de productos de tabaco y la actividad secunda­ria es el comercio al por mayor de otros productos.

Finalmente, se solicitó mediante cooperación internacional un informe a la República Federativa del Brasil acerca de causas donde se pudieron realizar incauta­ciones de cigarrillos de origen paraguayo. “Se informó sobre el estado de las causas seña­ladas y que no se han identi­ficado a personas o estructu­ras criminales paraguayas”, expresa el documento sobre la respuesta remitida por las autoridades brasileñas.

El documento fiscal con­cluye: “Realizado el pro­ceso técnico-analítico de constatación de la relevan­cia penal de las conductas presumiblemente aconte­cidas, el proceso de subsun­ción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expues­tos en el Código Penal y en las leyes complementarias. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constan­cias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de Deses­timación de la denuncia se encuentra ajustada a dere­cho, según los argumentos previamente expuestos”.

“Esto es así ya que, de los hechos mencionados en la denuncia que motivo la aper­tura de la presente causa no existen elementos que per­mitan concluir en forma positiva sobre la existen­cia del hecho y la partici­pación de los denunciados en el mismo; sin embargo, existe la obligación de pro­nunciarse conforme a los elementos existentes, esto atendiendo al derecho de los procesados o investiga­dos de tener una respuesta del órgano investigador en un tiempo determinado y oportuno y la necesidad de que el órgano jurisdiccio­nal ejerza su rol de control y supervisión de las activida­des procesales (…)”.

“Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, esta representación fiscal considera que acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios sufi­cientes que permitan seña­lar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corres­ponde la desestimación de la misma, previsto en los Art. 301 Requerimiento Fiscal, inc. 1.° y 305 Desestimación del Código Procesal Penal, con los efectos previstos en el artículo 306 del mismo cuerpo legal”.

La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.

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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.

El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

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