Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas para coordinar y acelerar la implementación del Programa País de Paraguay ante la OCDE.

El taller contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República (CGR) y tuvo como objetivo revisar los compromisos asumidos, compartir experiencias y establecer una hoja de ruta que permita avanzar de manera coordinada en esta agenda.

La gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el acercamiento a la OCDE representa una oportunidad para evaluar las políticas e instituciones paraguayas frente a estándares y buenas prácticas internacionales, además de identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades del Estado.

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“Paraguay atraviesa un momento especialmente propicio para profundizar su proceso de transformación institucional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y, sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó Rodríguez-

Remarcó que la implementación del Programa País no depende de una sola institución, sino de una participación coordinada y sostenida de las entidades involucradas. En ese sentido, señaló que los compromisos deben traducirse en acciones concretas, con responsables definidos, plazos claros y mecanismos de seguimiento.

El objetivo del taller fue precisamente avanzar en esa coordinación interinstitucional y ordenar los esfuerzos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por Paraguay.

La representante del MEF planteó que el trabajo permita construir una hoja de ruta para los próximos meses y años, que facilite el seguimiento de las acciones y dé continuidad al proceso.

El encuentro también contó con la participación del representante residente del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, y la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Renata Cristaldo Oviedo.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.

Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.

“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.

El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.

Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.

Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.

Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.

Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.

Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.

“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.

Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.

Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.

Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.

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El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.

El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.

Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.

Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.

Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

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