Carlos Zena afirma que su bancada no definió aún postura sobre intención de enjuiciar a fiscala general
Compartir en redes
El senador liberal Carlos Zena dijo hoy martes que su bancada no tiene aún una postura definida sobre el planteamiento del oficialismo colorado junto a un sector de la oposición de instalar un juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y que esperan analizar el tema en el transcurso de la semana.
“Estoy muy atento a lo que está pasando en las redes. Creo que esta semana nos estaríamos reuniendo en bancada para decidir qué decisión tomamos. Yo personalmente no puedo decirte todavía, dependo de la bancada”, expresó el legislador en alusión a su sector en la Cámara Alta integrado por cinco senadores.
Insistió, en declaraciones a la radio Universo 970 AM, que no puede hablar sobre una postura al respecto, sin antes contar con la decisión de la bancada y que aguardarán, además, la posible presentación de ese tema ante el Congreso.
“Cuando llegue al Parlamento comenzaremos a investigar todo eso para que podamos interiorizarnos. Yo hasta el momento no tengo opiniones al respecto, no tengo una investigación sobre dicho caso”, añadió.
Abrir las binacionales
Por otra parte, Zena, que juró como senador en noviembre pasado en reemplazo de Víctor Ríos, quien a su vez fue designado como ministro de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que desde su punto de vista se deben abrir las binacionales a los controles de la Contraloría General de la República, al momento de considerar que las mismas también son entes nacionales.
Sentó esa postura en alusión a la nueva resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe que la Contraloría ingrese a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a controlar las cuentas, los fondos y el patrimonio de la binacional.
Los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y Víctor Ríos firmaron la resolución judicial en la que se dispone que la Contraloría no está facultada a ingresar a la EBY. Ahora se deberá analizar la cuestión de fondo del planteamiento formulado por los asesores jurídicos de la entidad, Esteban Aquino, Ernesto Borda y Daniel Mendonça.
Sobre esto, el parlamentario indicó que espera que Víctor Ríos, que cuando se desempeñaba como senador abogaba por la transparencia y apertura de los entes binacionales a los controles, asuma una postura coherente cuando se resuelva el fondo de la cuestión. “Bueno, yo a Víctor siempre lo califico como una persona muy coherente, muy firme en su posición, y si tiene una postura yo creo que difícilmente cambiaría”, finalizó.
Peña minimiza rumores de juicio político: “Estamos en la disputa del poder”
Compartir en redes
“Nosotros estamos en la disputa del poder y en democracia no se puede descartar absolutamente nada”, dijo el mandatario Santiago Peña, este viernes, consultado por la prensa sobre los rumores de un eventual juicio político en su contra, en medio de la contienda política desatada en carpas coloradas.
“Acabamos de terminar el periodo de elección municipal y automáticamente, nos guste o no, se abre ya el calendario electoral para el próximo ciclo. Yo no vivo atemorizado, no puedo vivir con temor todos los días; vivo sabiendo que mi tiempo como presidente de la República es limitado”, manifestó Peña a los medios de comunicación durante su jornada de gobierno en el departamento de Cordillera.
Las versiones de un enjuiciamiento a Peña surgen ante los cuestionamientos sobre el manejo del Banco Central del Paraguay (BCP) y el requerimiento que es impulsado por varios diputados y senadores para que remueva a las máximas autoridades de la banca matriz.
Por otra parte, Peña evitó hablar sobre el surgimiento o no de un nuevo movimiento político que impulse la candidatura para la presidencia de la República del segundo del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, cuya figura fue propuesta inicialmente desde Honor Colorado.
“Hace 3 años que soy presidente de la República y esto ha sido una pregunta recurrente, el único ‘ismo’ que yo apoyo es el coloradismo, esto es lo que hicimos desde el gobierno central y lo que hizo el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, por eso el movimiento creció de una manera tan importante”, comentó.
Agregó que “si vemos los resultados de las internas coloradas del 7 de junio, prácticamente Honor Colorado acaparó el 90 % de los votos dentro del Partido Colorado y esto fue parte del trabajo que se vino haciendo en los últimos 3 años en colaboración entre el Partido Colorado y el gobierno”.
Peña mencionó además que “lo más importante es la decisión firme, el compromiso y la determinación del compañero Pedro Alliana de continuar con su candidatura, hay tiempo para esto (creación o no de un nuevo movimiento oficialista)”.
Dionisio Amarilla, senador liberal, sostuvo que Miguel Prieto no debería marcar la hoja de ruta del PLRA y aboga por figuras que aporten lucidez y estilo al partido como el ministro Víctor Ríos o Carlos Mateo Balmelli. Foto: Archivo
Amarilla cuestiona a Prieto y pide redefinir el rumbo del PLRA hacia 2028
Compartir en redes
El senador liberal Dionisio Amarilla cuestionó que el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pretenda tener influencia sobre las decisiones estratégicas del Partido Liberal Radical Auténtico. “No hay que permitir que un Miguel Prieto quiera marcar la hoja de ruta al PLRA”, sostuvo.
El líder del movimiento Diálogo Azul del PLRA, volvió a marcar posición sobre el rumbo que debería tomar el liberalismo paraguayo de cara a las elecciones de 2028. Indicó que hoy en día ya no es solamente competir para ver quién tiene más recursos, ya que se hace casi imposible competir en ese sentido con la maquinaria económica del Partido Colorado.
“Son tres municipios los que ganó Prieto, entre ellos, por supuesto la aplastante victoria de Ciudad del Este. Pero me parece que no podemos comparar el contenido que le pueda dar Víctor Ríos o Carlos Mateo Balmelli a la política respecto a las limitaciones que a flor de piel se le siente a Miguel Prieto”, sostuvo.
Aportar lucidez y estilo
En ese sentido, Amarilla destacó el perfil del ministro de la Corte, a quien consideró una figura que podría aportar “lucidez y estilo” al PLRA.
De esta forma, Amarilla mueve el tablero del PLRA de cara al proyecto presidencial 2028 y apuesta por nuevas figuras en la escena política y ante una eventual carrera presidencial.
“El ministro me parece que es una persona con suficiente experiencia y le podría dar probablemente ese toque de estilo que se necesita dentro del partido. Está demostrado que da gusto trabajar con jóvenes, pero hay jóvenes que no entienden que con arrogancia y soberbia y con espíritu más de separar que unir, no se llega a nada”, remarcó.
Revisar la conducción y estrategia
Igualmente, el legislador cuestionó el desempeño del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, tras los resultados municipales, señalando que el PLRA debe revisar su conducción y su estrategia política.
“El gobernador ha sido el capitán político de Central, y en cuatro municipio del departamento ha tenido una dura derrota el partido, de la peor manera. Villeta, J. Augusto, Ypané y Roque Alonso, duelen estas derrotas”, expresó.
Asimismo, señaló que lo mismo ocurrió en el departamento de Itapúa, donde, el diputado Carlos Pereira, hermano del gobernador Francisco Javier Pereira, usando recursos de la gobernación impulsó la expulsión de cuatro senadores liberales en la convención del PLRA pasada, obtuvo una aplastante derrota en la elección municipal de Encarnación, así como su esposa fue derrotada en Cambyretá.
“Necesitamos traer de vuelta al partido gente lúcida, gente que pueda hablar con nosotros el mismo idioma”, acotó.
Con estas declaraciones, Amarilla vuelve a colocar al PLRA en el centro del debate sobre la construcción de una alternativa opositora para 2028, mientras plantea la necesidad de que las decisiones sobre el futuro del partido sean tomadas desde el propio liberalismo.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Compartir en redes
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
Desde el Gobierno, el proceso ante la OCDE es presentado como una herramienta para fortalecer las instituciones y mejorar las políticas públicas mediante la adopción de estándares internacionales. Foto: MEF
Paraguay busca acelerar compromisos para avanzar en su Programa País ante la OCDE
Compartir en redes
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas para coordinar y acelerar la implementación del Programa País de Paraguay ante la OCDE.
El taller contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República (CGR) y tuvo como objetivo revisar los compromisos asumidos, compartir experiencias y establecer una hoja de ruta que permita avanzar de manera coordinada en esta agenda.
La gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el acercamiento a la OCDE representa una oportunidad para evaluar las políticas e instituciones paraguayas frente a estándares y buenas prácticas internacionales, además de identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades del Estado.
“Paraguay atraviesa un momento especialmente propicio para profundizar su proceso de transformación institucional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y, sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó Rodríguez-
Remarcó que la implementación del Programa País no depende de una sola institución, sino de unaparticipación coordinada y sostenida de las entidades involucradas. En ese sentido, señaló que los compromisos deben traducirse en acciones concretas, con responsables definidos, plazos claros y mecanismos de seguimiento.
El objetivo del taller fue precisamente avanzar en esa coordinación interinstitucional y ordenar los esfuerzos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por Paraguay.
La representante del MEF planteó que el trabajo permita construir una hoja de ruta para los próximos meses y años, que facilite el seguimiento de las acciones y dé continuidad al proceso.
El encuentro también contó con la participación del representante residente del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, y la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Renata Cristaldo Oviedo.