La denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) rompe con la institucionalidad de la República al pasar por alto las instituciones competentes para el caso, sostuvo hoy miércoles el exministro de Justicia, Ever Martínez, en contacto con La Nación.
“Claramente, acá tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía de ministros que forman parte del gabinete, se desentienden de sus funciones para adentrarse en operaciones políticas con montajes atribuyéndose a sus funciones jurisdicciones. Salen del Ejecutivo para ir a cuestiones jurídicas”, cuestionó el exministro. La acusación de Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, es por supuesta declaración falsa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Hizo referencia al montaje, farsa y juego mediático que se instalan al presentar una acusación ante un organismo que no es receptor de denuncias, y recordó que el Ministerio Público es la institución encargada para la recepción así como la investigación por parte del Poder Judicial.
“Se erigen como denunciantes, fiscales, jueces que pueden investigar y juzgar a su antojo; y pueden ignorar a los órganos jurisdiccionales competentes establecidos en la Constitución Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nadie más puede llevar adelante este tipo de investigación”, enfatizó respecto a que Giuzzio y su gavilla de exfiscales, asociados con el Partido Democrático Progresista (PDP), está cogobernando con el presidente Mario Abdo Benítez, quien se escuda en ellos.
Aseguró que un hecho más inquisitivo que esto es imposible. “Son denunciantes, fiscales y jueces todo a la vez, ni en la dictadura en Latinoamérica se animaron a tanto”, recriminó y, además, lamentó que se exponga el copamiento de la competencia jurisdiccional por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.
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“Son exfiscales que dejaron el Ministerio Público sin victorias para el pueblo, pero dejaron excusas y juego mediático, hoy se agavillan para hacer el trabajo sucio del Poder Ejecutivo, lo hacen en detrimento a sus funciones para los que son competentes”, sostuvo.
Finalmente, la intención sería generar la sensación de una situación de posible índole penal, lo que permitiría mantener la expectativa del montaje. Así es como van determinar entre cuatro paredes: “Sin participación de abogados, sin ninguna garantía que nuestro sistema acusatorio penal establecido en la Constitución establece”, concluyó.