La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, rechazó este viernes la reposición planteada por la defensa del exministro Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado en su prevunta vinculación con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Esta decisión abre la admisión probatoria de los chats de Lindomar Reges.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las publicaciones sobre supuestos faltantes de medicamentos en hospitales públicos y rechazó las mismas.

Explicó del total de ítems de medicamentos, cuatro estaban con stock cero, pero fue atendido y resuelto el mismo día con el proveedor. Sostuvo que las documentaciones publicadas no corresponden a la cartera sanitaria.

El Tribunal de Apelación en lo Civil, quinta sala de la capital, dispuso condenar a la empresa Clyfsa al pago de la suma de 65.061.597.943 a la Ande en concepto de diferencia tarifaria acumulada desde marzo del 2017 hasta septiembre del 2021.

La demanda promovida por la Ande se basa en el Decreto del Poder Ejecutivo n.° 6.904 de fecha 10 de marzo de 2017, por el cual se aprobó el Pliego de Tarifas N° 21 aplicable a todos los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

El embajador paraguayo en los EE. UU., Gustavo Leite, destacó que se ha acrecentado la cooperación con el Paraguay, por parte del gobierno norteamericano, sobre todo en materia de seguridad. “Creo que nunca ha habido tanta cooperación tan explícita como en los últimos meses. El acuerdo sobre Fuerzas Especiales es un acuerdo que Estados Unidos tiene con todos los países de OTAN”, señaló.

El diplomático defendió el acuerdo internacional en materia de seguridad y defensa. “Yo pregunto una cosa: si mañana viene de vuelta el PCC y toma otra vez Katueté, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude?”, expresó.

Arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 2 para Joshua Duerksen, en el circuito Albert Park, en el marco del Gran Premio de Australia. El piloto paraguayo se estrenó oficialmente en pista con la escudería británica Invicta Racing.

El compatriota finalizó la primera sesión de clasificación del certamen australiano en la novena plaza, resultado que le permitirá arrancar la carrera sprint en el segundo puesto (se invierte el orden).

El Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas, ubicado en el Museo Histórico Pedro Pablo Caballero, de Piribebuy, será inaugurado el sábado 7 de marzo a las 10:00. Este nuevo espacio buscará poner en valor la técnica ancestral y funcionará también como escuela para garantizar su transmisión a nuevas generaciones.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, destacó al canal GEN/Nación Media que el poncho Para’i de 60 Listas es emblemático de Piribebuy y fue declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco, lo que compromete al Estado a preservar este oficio que hoy solo conservan unas pocas maestras artesanas. “Con cooperación internacional de la Unesco conseguimos los recursos y mañana será la inauguración del centro de interpretación, que también tendrá una escuela para la enseñanza de esta técnica”, señaló.

Una comunidad indígena de Caaguazú llegó esta madrugada a la Estación de Buses de Asunción, donde la Policía les pidió que esperen a que amanezca para trasladarlos hasta el microcentro a donde deseaban ir. Las familias exigen agua potable.

El comisario Juan Agüero informó al canal Gen que no hubo ninguna retención, sino una orientación de los indígenas, quienes llegaron a la medianoche a la Estación de Buses de Asunción con el propósito de ir al microcentro.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el gobierno de Santiago Peña adquirió escáneres de última generación procedentes de Alemania, que serán empleados para la búsqueda de los secuestrados por los grupos criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el extinto Ejército del Mariscal López (EML).

“Esto es una primicia, conseguimos unos escáneres de última generación de Alemania que pueden perforar la vista 40 metros, tenemos algunos índices de inteligencia y vamos a comenzar a buscarlos. Serán presentado de forma oficial el lunes”, indicó el secretario de Estado a la 1020 AM.

“Son de última tecnología, se aplicarían para buscar restos, ya que las tres familias víctimas asumen lo peor. Tenemos todavía lugares que son inaccesibles, hay muchas selvas, animales", agregó Riera, señalando que son dos escáneres que serán utilizados conjuntamente con el Ministerio Público. “Funcionarán las 24 horas de los 7 días de la semana hasta que los secuestrados sean hallados”, comentó.

Actualmente permanecen en manos del EPP, el suboficial de Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien fue secuestrado el 5 de julio de 2014. El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, específicamente en la zona de la estancia “Macchi Cué”, mientras él se encontraba de cacería con un grupo de amigos.

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También fue raptado por el EPP, el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Su secuestro fue el 9 de setiembre del 2020 y ocurrió en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Concepción. El pasado 21 de febrero, el grupo criminal presuntamente concretó el secuestro del productor agrícola Almir de Brum, en la zona de Yhú, departamento de Caaguazú.

Mientras que el secuestro del empresario ganadero Félix Urbieta, es atribuido al EML. El rapto se produjo el 12 de octubre de 2016, en la estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cué, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, rechazó este viernes la reposición planteada por la defensa del exministro Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado en su presunta vinculación con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Esta decisión abre la admisión probatoria de los chats de Lindomar Reges.

La resolución del Tribunal de Sentencia sobre el rechazo de todos los recursos de reposición señala que la defensa estaba reeditando los argumentos que ya se habían presentado y que el Tribunal ya se había expedido sobre los mismos, de acuerdo al informe del periodista de Nación Media Diego Godoy, desde el Poder Judicial.

Tras la resolución, el juicio continuaría el próximo lunes 16 a las 8:00, donde se estarán presentando pruebas documentales, celulares, conversaciones y otras, que está bajo resguardo en el vecino país, explicaron.

Asimismo, se informó que no se presentarán aún las pruebas declaratorias debido a que hay muchos juicios por atender ese día.

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Los recursos de reposición presentados por la defensa de Giuzzio, buscaba evitar la exposición de los chats de Reges Furtado, los que fueron rechazados por el Tribunal. Los jueces también ratificaron que Espíndola declare vía telemática, para lo cual se solicitará la cooperación de las autoridades de Brasil, donde se encuentra detenido.

Los mensajes extraídos del celular de Reges Furtado podrían revelar vínculos de Giuzzio durante su gestión al frente de una de las principales carteras del Estado, lo que complicaría su situación procesal. Los datos de uno de los dispositivos ya están en poder del juzgado del juez Osmar Legal, mientras que la información del segundo móvil aún permanece en Brasil.

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