La defensa del exmi­nistro del Interior del gobierno abdista Arnaldo Giuzzio recibió ayer un duro golpe en el segundo día del juicio oral y público que se le sigue por cohecho pasivo agravado. El Tribunal de Sen­tencia que lleva el caso decidió rechazar el pedido de la anula­ción de la acusación que plan­tearon los abogados del exse­cretario de Estado, además dieron trámite al pedido fiscal de incluir a Marcus Vinicius Marques de Padua para que declare de manera telemática en la causa y –en el revés más fuerte para las pretensiones de Giuzzio– los magistrados decidieron admitir la prueba de datos de dos teléfonos celu­lares del capo narco Lindo­mar Reges Furtado.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistra­dos Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete, que dieron trámite a la petición de la Fiscalía sobre la declara­ción de Marcus Vinicius y de Lindomar, ambos capturados en Brasil en los últimos dos años. Este último es consi­derado en el vecino país como el “rey de la cocaína”. De con­firmarse este vínculo, podría cambiar el escenario jurídico del exsecretario de Estado.

Del mismo modo, los magis­trados tomaron la determina­ción de rechazar los incidentes propuestos por la abogada del exministro del Interior, quie­nes solicitaron la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y la exclusión de algunas pruebas, incluyendo los datos extraídos de los teléfonos incautados a Lindomar Reges Furtado.

Los mensajes extraídos del celular de Reges Furtado podrían revelar conexiones que pudo tener Giuzzio en su momento cuando el mismo ocupaba una de las principa­les carteras del Estado, lo cual podría agravar su situación procesal. Pese a las sospe­chas existentes, el exhombre de confianza de Abdo Benítez solo fue procesado por cohe­cho pasivo. Los datos extraí­dos de uno de los móviles ya se encuentran en poder del Juz­gado a cargo del juez Osmar Legal, mientras que los del segundo aún permanecen en Brasil. La magistrada Pla­nás explicó que el Ministerio Público sustentó de manera adecuada los argumentos para solicitar la incorpora­ción de las pruebas solicita­das, en el afán de búsqueda de la verdad, sin conside­rar que las mismas podrían acarrear una violación de las garantías constitucionales o procesales.

El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio continuará el próximo viernes 6 de marzo, a las 8:00, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Lindomar Reges Furtado es brasileño, de 45 años, se encontraba prófugo desde febrero de 2022 por tráfico internacional de drogas. Fue capturado en marzo de 2025 en un condominio en la ciudad de Río de Janeiro. Ya tenía órdenes de captura pendientes y se le acusa de tráfico internacional de drogas, organización criminal, contra­bando y lavado de activos, en una red que incluía no solo a Brasil sino también a otros países de la región. El narcotraficante usaba el nombre falso de Fabiano de França Pezzato y se sometía constante­mente a cirugías plásticas para cambiar su apariencia y dificultar su localización por parte de la Policía. Lindomar se encontraba prófugo desde la Operación Turf (que tuvo una ejecución fallida en febrero de 2022), que buscaba desmantelar una organización criminal encargada de adquirir drogas en países productores como Bolivia, Perú y Colombia y venderlas internacionalmente.

Hasta ahora, el exministro del gobierno anterior solo será enjuiciado por cohecho pasivo agravado (el 18 de febrero), pero su suerte podría cambiar con datos desde el Brasil.

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Arnaldo Giuzzio fue destituido como ministro de Abdo por sus vínculos con el capo narco brasileño Marcus Aurelio Espíndola Marqués de Padua y posteriormente fue imputado por la Fisca­lía por cohecho pasivo agra­vado. La causa abierta contra Giuzzio liga indicios y hechos que evidencian posi­bles vínculos con referentes del narcotráfico brasileño.

A lo cual se suman llamativas decisiones que favorecieron a la exportación de drogas durante su gestión. El prin­cipal eje de la investigación gira en torno a la relación con el brasileño, detenido en su país por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, y considerado obje­tivo del operativo Turf.

Entre los elementos más relevan­tes figura el préstamo de un vehículo blindado de pro­piedad de Marcus Vinicius, que Giuzzio habría utilizado para un viaje familiar a Bra­sil en diciembre de 2021 y el blindaje de un móvil poli­cial, realizado como “corte­sía”, hecho considerado por los investigadores como un primer “regalo” aceptado por el entonces ministro.

La Fiscalía sostiene que Giuzzio impulsó gestio­nes para que el brasileño se convierta en proveedor del Estado, además del llama­tivo levantamiento de con­troles antidrogas en puertos durante su gestión.

Además se agrega la sospe­cha de nexos con Lindomar Reges Furtado, considerado uno de los mayores traficantes de cocaína de la región y socio de Marcus Vinicius. Lindo­mar logró fugarse en febrero de 2022 del Paraná Country Club durante un fallido pro­cedimiento de la Senad, y fue detenido recién en febrero de 2025 en un condominio de lujo de Río de Janeiro.

Los fiscales sospechan que Giuzzio apa­rentemente pudo haber brin­dado información que facilitó su fuga. Tras la detención del presunto narco en Brasil, se extrajeron datos de su teléfono celular, los cuales podrían contener mensajes, audios u otros registros de comunica­ción con el exministro.

El Ministerio Público aguarda la respuesta de un exhorto remi­tido a Brasil en el marco de la causa que investiga al exmi­nistro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El pedido apunta a obtener eventuales mensa­jes, audios u otras comunica­ciones que, según sospechas surgidas en la investigación, podrían haber existido entre Giuzzio y el presunto narco brasileño Lindomar Reges Furtado.

Este último, consi­derado el Rey de la Cocaína y detenido en febrero de 2025 en Río de Janeiro, formaba parte de una estructura cri­minal en la que también estaba involucrado Marcus Vinicius Espíndola Mar­qués de Padua, el “amigo” de Giuzzio, cuyos favores provo­caron la destitución del exmi­nistro y su procesamiento por cohecho pasivo agravado.

La solicitud se centra en datos que estarían en poder de las autoridades brasileñas y que, de confirmarse su exis­tencia y contenido, podrían aportar elementos relevan­tes para el proceso abierto en Paraguay. La expectativa del Ministerio Público es que este intercambio de infor­mación internacional per­mita aclarar aspectos aún pendientes sobre los víncu­los que se investigan den­tro de la causa, ya que los fiscales paraguayos sospe­chan que, dada la cercanía de Giuzzio con Marcus Vini­cius, habrían existido comu­nicaciones entre ellos, espe­cialmente en relación con las alertas sobre el operativo Turf, durante el cual Lin­domar logró escapar de los agentes de la Senad por cues­tión de segundos.

Por ahora, no hay certezas sobre la naturaleza de estas comunicaciones ni sobre su alcance, pero la Fiscalía con­sidera que su eventual incor­poración al expediente podría tener incidencia en el desarro­llo del juicio. De hecho, si se confirma el vínculo a través de mensajes u otro tipo de comu­nicación, la situación procesal de Giuzzio podría agravarse, ya que no solo sería investi­gado y acusado por cohecho pasivo, sino también por trá­fico de estupefacientes.

Mientras tanto, el avance del caso queda supeditado a la respuesta oficial que llegue desde Brasil.

Antes de velar por la seguridad y garan­tizar las estrategias para erradicar el flagelo del narcotráfico y el crimen orga­nizado en Paraguay, Arnaldo Giuzzio mantenía, de acuerdo a las investigaciones fiscales, vínculos con capos narcos que estarían operando en el país.

Giuzzio, acusado por cohe­cho pasivo agravado por reci­bir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, deberá enfrentar el juicio oral el próximo 18 de febrero de este año.

La agravante de este hecho se da porque Giuzzio en ese momento ocupaba un alto cargo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, como minis­tro del Interior, previa­mente, ministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), instituciones claves en la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado.

Si bien el caso judicial es sobre el nexo con Espíndola Mar­qués, también existen sospe­chas de que mantuvo amis­tosas comunicaciones con el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, en este último caso, la Fisca­lía aguarda informes de las comunicaciones, llamadas y mensajes, desde Brasil a fin de establecer si realmente exis­tía esta relación entre ambos, lo que complicaría aún más la situación judicial del exmi­nistro Giuzzio.

El capo brasileño Marcus Vinicius, que se encuentra preso en Brasil, es apuntado con Lindomar también como uno de los integrantes del grupo criminal. De acuerdo con las investigaciones rea­lizadas, Giuzzio mantenía contacto con ambos mien­tras ocupaba un cargo clave en el Gobierno.

En lo que respecta al caso abierto –y a la espera del juicio oral– el vínculo de “amistad” de Giuzzio con Marcus Vini­cius tiene como elementos que lo vinculan con el mismo, como el pedido del exminis­tro al narco para utilizar un vehículo durante sus vacacio­nes en el Brasil, vehículo que habría utilizado.

También se incluyen las “negociaciones” para un acuerdo de provisión de materiales tácticos para la Policía Nacional y vehículos blindados por parte del nar­cotraficante con el Estado paraguayo.

Ya en el caso de Lindomar, considerado como un “pez gordo”, la sospecha es que Giuzzio habría reci­bido “obsequios” del mismo, y que también habría colaborado en su fuga del barrio cerrado Paraná Country Club en el marco del fallido operativo Turff.

Tras su fuga, Lindomar fue detenido en Brasil, en un barrio de Río de Janeiro. Con su detención fueron extraídas comunicaciones del celular incautado, en las que se encontrarían los mensajes y llamadas de Giuzzio.

En marzo de 2025, los fiscales informaron al Tribunal de Sentencia la solicitud a las autoridades brasi­leñas sobre los registros telefónicos. Desde la Fiscalía señalan que de obtener el acceso a estas comu­nicaciones, solicitarán formalmente su inclusión como prueba en el juicio oral y público.