El proyecto de ley de servicio diplomático se estudiará a vuelta del receso parlamentario. El diputado Walter Harms, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores considera que debe debatirse con prudencia antes de lograr su aprobación.
“Es un tema controversial y preferimos tratarlo con tranquilidad desde marzo, convocar a los involucrados y tratar que esta ley salga lo mejor posible, para ayudar a mejorar la calidad del servicio que prestan los diplomáticos”, indicó el legislador a radio cámara.
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La ley estará regulando los escalafones del Servicio Diplomático y Consular; y del Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Esto generó molestias en los funcionarios de carrera, porque podría estar politizando el servicio exterior porque permitiría el ingreso de personas que no forman parte de la carrera diplomática.
Se establece que el ingreso de nuevos funcionarios al escalafón, solo podrá efectuarse por concurso público de oposición y méritos en el rango de tercer secretario.
Los proyectistas de este documento son los senadores Lilian Samaniego (ANR), Arnaldo Franco (ANR), Eusebio Ramón Ayala (PLRA), Pedro Santa Cruz (PDP), Rodolfo Friedmann (ANR) y Antonio Barrios (ANR), siendo su principal objetivo regular el servicio diplomático, consular.
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Ministro pidió apoyo de diputados para identificación de zonas industriales
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, se reunió este lunes con diputados integrantes de la Comisión de Industria. Pidió apoyo de los parlamentarios para impulsar la identificación de zonas industriales en todos los municipios del país.
Señaló que actualmente solo 40 de los 262 municipios del país cuentan con áreas industriales identificadas, una situación que dificulta la llegada de inversiones al interior.
El titular del MIC advirtió que la falta de planificación genera problemas para las empresas y para las comunidades.
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“El inversionista no quiere instalar su fábrica en una zona que el municipio no identifica como industrial”, afirmó.
Según manifestó, en muchos casos las fábricas se instalan en zonas rurales que con el paso del tiempo quedan rodeadas por áreas urbanas. Esto provoca riesgos en el tránsito de camiones, dificultades de saneamiento y problemas en la provisión de energía eléctrica, conforme expresó.
Dijo que el Gobierno trabaja en la elaboración de un mapa industrial del Paraguay, que incluirá cuatro capas estratégicas. La primera identificará corredores logísticos y nodos industriales.
En tanto la segunda priorizará a los municipios ubicados cerca de esas rutas para promover allí el desarrollo industrial.
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Comisión asesora recomienda aprobar acuerdo SOFA entre Paraguay y EE.UU.
La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Pedro Ortiz, resolvió recomendar al pleno de la Cámara Baja la aprobación del proyecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas”, iniciativa que será analizada en la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de marzo.
Este proyecto normativo se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional y cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La propuesta se sustenta en un documento suscrito el 15 de diciembre de 2025, en Washington, entre el Gobierno de la República del Paraguay y el de los Estados Unidos de América.
El instrumento establece las condiciones jurídicas bajo las cuales el personal militar y civil estadounidense podrá desarrollar actividades temporales en territorio paraguayo.
Su tratamiento está previsto en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de mañana, cuando el pleno deberá definir su aprobación o eventual modificación.
Se trata de un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula aspectos vinculados a la presencia, funcionamiento y régimen legal del personal estadounidense durante visitas oficiales, entrenamientos, ejercicios conjuntos y otras actividades previamente acordadas entre ambas naciones.
Al respecto, el titular de la comisión asesora explicó que actualmente existe un entendimiento bilateral entre ambos países, y que el objetivo de la iniciativa es otorgar fuerza de ley al acuerdo firmado, a fin de establecer un marco jurídico claro para la cooperación en materia de defensa.
Disposiciones
Señaló igualmente que la iniciativa contempla la concesión de un trato diplomático al personal estadounidense, tanto civil como militar, cuando participe en actividades autorizadas en el país como parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El documento establece que dicho personal contará con inmunidades diplomáticas equivalentes a las previstas para el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Entre sus disposiciones principales, el acuerdo determina que las autoridades estadounidenses podrán ejercer jurisdicción penal exclusiva sobre sus efectivos durante su permanencia en territorio paraguayo, uno de los puntos más relevantes del instrumento.
Asimismo, se dispone la exoneración del pago de impuestos, aranceles aduaneros, peajes y cargos portuarios para el personal, contratistas y equipos vinculados al Departamento de Defensa estadounidense.
De igual manera, se establece que aeronaves, buques y vehículos militares podrán desplazarse dentro del territorio nacional mediante notificación previa, quedando exceptuados de inspecciones.
El acuerdo también contempla la posibilidad de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos contrate bienes y servicios en Paraguay conforme a su propia legislación, además de operar sistemas de telecomunicaciones propios y utilizar frecuencias radiales sin costo.
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Dan luz verde a ley que exige devolver pagaré al cancelar la deuda
La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.
Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.
Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.
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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.
Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.
Sanciones
Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.
En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.
Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.
En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.
La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.
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Comisión de Diputados dictamina a favor del proyecto sobre vehículos abandonados
Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes y emitieron un dictamen a favor del proyecto de ley que declara en abandono vehículos que obstruyen la vía pública.
La propuesta legislativa busca autorizar a los municipios a promover de oficio o a instancia de parte interesada, las acciones pertinentes ante los juzgados competentes para la declaratoria de abandono de los vehículos ubicados en las vías públicas. Se alega que no se debe obstaculizar el libre tránsito.
El diputado Benjamín Cantero, titular de la citada comisión asesora valoró la finalidad del proyecto de ley, considerando la cantidad de vehículos abandonados en predios de diferentes instituciones públicas como en la vía pública.
De acuerdo con el texto, se prevé que los vehículos declarados en abandono en las vías públicas puedan ser adjudicados al municipio afectado, subastados o sometidos al proceso de compactación.
El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y deberá ser analizado por otras comisiones asesoras antes de su tratamiento en plenaria de la Cámara Baja.
El proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados’ fue presentado por el diputado Luis Federico Franco.
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