El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, indicó que mediante el proyecto presidencial del movimiento Honor Colorado, encabezado por el segundo del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, se apunta a romper el estigma vigente en la era democrática y lograr que el oficialismo mantenga el poder en el próximo periodo de gobierno.

“La ambición es que nuestro proyecto prosiga, estamos tratando de romper el estigma que en toda la era democrática no se ha logrado, que el oficialismo continúe su gestión. Ha continuado el Partido Colorado, pero vamos contra el estigma de que ningún oficialista logró traspasar a otro oficialista el poder, esa es una realidad de que tenemos desde el 89 para acá”, indicó este miércoles en una visita al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Baruja acotó: “Estamos con la intención de romper eso, no será una tarea fácil. El movimiento Honor Colorado tiene una fortaleza que nunca ha existido, para mí es el más poderoso en la historia política del Partido Colorado y del Paraguay, nunca ha existido un movimiento que tenga tantos años de vigencia, que haya estado cinco años en el poder, desde el 2013 al 2018, que haya soportado una llanura desde el 2018 al 2023 y que haya retornado para este periodo”.

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El alto funcionario de Estado mencionó que el liderazgo de Horacio Cartes como cabeza del movimiento Honor Colorado constituye una pieza clave para lograr la ambiciosa meta en las elecciones presidenciales del 2028.

“El liderazgo que hoy tiene Horacio Cartes no tiene parangón, desde el punto de vista de la democracia nunca ha existido un líder tan fuerte como hoy es el presidente del Partido Colorado, es un liderazgo que nunca llegue a ver o leído y que se siente y se nota cuando uno contacta con la dirigencia, la gente y también los números de las mediciones de propios y extraños que indican que hoy el líder político más importante en el Paraguay se llama Horacio Cartes”, comentó.

El alto funcionario de Estado manifestó: “Para mí, el Messi de la política es Horacio Cartes, yo creo que con su conducción es posible que podamos lograr romper ese estigma“. En abril pasado, Baruja fue propuesto por los senadores oficialistas para integrar la chapa presidencial en el 2028, sin embargo su figura junto con la del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y del titular del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César Sosa, serán evaluadas por Alliana luego de las internas del próximo 7 de junio.

“Siempre dije que el candidato a presidente tiene que tener la libertad de elegir a su acompañante, tiene que ser una persona de confianza con quien se sienta cómodo tanto en el proceso electoral y de gestión de gobierno, ese es el labor más importante de una dupla. La chapa Santiago Peña-Pedro Alliana es el modelo que se debe replicar. Yo voy a estar en el lugar donde el equipo crea que podré sumar, no necesito tener una candidatura para apoyar al proyecto”, ratificó Baruja.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

Aguilera acotó: “Desde el movimiento Honor Colorado no tenemos ningún problema con la transparencia ni con los controles. Lo que no podemos permitir es que se pretenda instalar un relato de fraude sin una sola prueba, porque eso debilita la confianza ciudadana en la democracia“.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezada por Jorge Bogarín, emitieron un comunicado indicando que la auditoría de las máquinas de votación fue realizada del 2 al 27 de febrero pasado, con la presencia de los representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas cuyos movimientos internos pujarán el próximo 7 de junio.

No obstante, el órgano electoral accedió nuevamente a ejecutar una verificación técnica con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la fiabilidad de las máquinas de votación. El proceso inicia con la Asociación Nacional Republicana (ANR), el 25 y 26 de mayo, y continúa con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 27 y 28 de mayo.

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La verificación técnica contará con la presencia de especialistas en hardware y software pertenecientes al consorcio Comitia – MSA, que resultó adjudicado para el arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación por un valor de USD 35 millones.

“Da la impresión de que algunos ya están abriendo paraguas ante una catastrófica derrota electoral y buscan sembrar dudas antes de que la gente vote. Nosotros defendemos elecciones libres, transparentes y en la fecha que corresponde. Bajo ningún motivo se puede hablar de suspender elecciones por especulaciones políticas“, puntualizó.

Por otra parte, Aguilera lanzó un mensaje a la ciudadanía argumentando que “el sistema electoral paraguayo es ejemplo a nivel internacional. La incapacidad de la disidencia y la oposición de conseguir respaldo popular no tiene por qué embarrar unas elecciones democráticas“.

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